• ¡Responsabilidad, señores y señoras!

    31 de Agosto del 2020
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    Causa gran preocupación, incertidumbre y desconcierto el accionar de algunos congresistas que en los últimos meses han promovido, y lo que es peor, han aprobado una serie de proyectos de ley que no solo violan principios constitucionales elementales, sino que a la vez debilitan aún más nuestra maltrecha economía, seriamente golpeada por los efectos de la pandemia del coronavirus.

     

    Lamentablemente, como se puede comprobar, muchos de esos proyectos de ley no cuentan siquiera con una mínima sustentación técnica o un análisis de su costo-beneficio, tal como lo establece el Reglamento del Congreso de la República como requisitos para su formulación.

     

    Solo como ejemplo, en el caso del proyecto de ley aprobado que dispone la “devolución” de aportes a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), no parece haberse considerado que ello significaría un costo de más de S/ 13.000 millones al fisco; mientras que en el caso del también aprobado proyecto de ley que ordena el ascenso automático de un grupo de trabajadores de EsSalud, se genera un sobrecosto de S/ 11.000 millones anuales a la institución, con un déficit de S/ 2.500 millones.

     

    Resulta evidente que los legisladores que han dado su voto favorable a estas iniciativas no han tomado en consideración el artículo 79 de la Constitución Política, el cual expresamente señala que: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.

     

    Naturalmente, nadie puede estar en contra de que quienes aportaron al sistema público recuperen por lo menos una parte de su contribución, sobre todo en los casos de quienes no alcancen a recibir una pensión por los años aportados. Tampoco nadie puede oponerse a que se mejore el monto de aquellos a quienes sí les corresponde.

     

    Sin embargo, para ello, el problema debe atacarse desde el fondo, trabajando una reforma seria e integral del sistema pensionario, pues en la actualidad los aportantes de la ONP apenas alcanzan a cubrir el 50% del monto de las pensiones. La diferencia es atendida con recursos públicos que representan alrededor del 0,2% del PBI.

     

    En cuanto a EsSalud, cabe preguntarse si no es mejor destinar dichos recursos a mejorar y a fortalecer su capacidad de atención, más aún en esta coyuntura en la que miles de peruanos mueren cada día por falta de camas, equipamiento, hospitales o médicos.

     

    ¿Acaso estos casos no ameritan proyectos de ley seriamente estudiados que propongan una solución a largo plazo, que realmente proteja a nuestros jubilados y otorguen una solución viable al régimen de contratos administrativos de servicios (CAS) en el que miles de trabajadores estatales ven disminuidos sus derechos?

     

    Ante el panorama descrito, queda la sensación de que un gran número de legisladores prioriza sus intereses partidarios, en lugar de priorizar el Perú.

     

    Una actitud egoísta e irresponsable que hace mucho daño en momentos en que lo que más se necesita es generar confianza, garantizar estabilidad y que todos pongamos de nuestra parte no solo para salvar nuestra golpeada economía, sino sobre todo la vida y la salud de nuestros compatriotas.

     

    Dicho esto, también se debe instar a que desde el Poder Ejecutivo no solo se mejore la ejecución presupuestal, sino que se destine los recursos públicos recaudados – que pagamos todas las empresas y personas formales a través de los impuestos – a temas realmente prioritarios y de alto impacto, evitando gastos innecesarios como consultorías, merchandising o publicidad que terminan en saco roto sin lograr objetivos país.

     

    Nuestra economía está seriamente afectada; este año decrecerá 12%, el desempleo subió a 8,8 % entre abril y junio y miles de empresas grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores han quebrado en todo el país.

     

    Enfrentamos una crisis sin precedentes de la que solo podremos salir si todos actuamos con responsabilidad.

     

    La tarea de reconstruir nuestro querido país debe hacerse sobre bases sólidas y con una economía cuya estructura al menos no se encuentre tan deteriorada que haga imposible su crecimiento en el mediano plazo.

     

    Solo así será posible volver a generar trabajo, luchar contra la pobreza y procurar el bienestar que todos queremos. Es hora de rectificar. ¡Responsabilidad, señores!

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