Peter Anders: Incertidumbre y desconfianza

El retiro del sistema financiero de unos US$ 13.000 millones para llevarlos a cuentas en el exterior o para guardarlos “bajo el colchón”, así como la decisión y deseo de retirar no solo parte sino –si es posible– la totalidad de los fondos previsionales y la compensación por tiempo de servicios, son señales extremas del temor que existe frente a la incertidumbre sobre cuál será nuestro futuro, así como por la desconfianza, duda y sospecha acerca de la limpieza del proceso electoral, del cual, más de un mes después, no tenemos resultados oficiales.

 

No se puede negar –y así lo reconocen hasta sus propios voceros– que esta situación responde a las propuestas del candidato Pedro Castillo, a sus contradicciones y a su falta de claridad para precisar qué haría en el poder de resultar elegido.

 

Plantear, por ejemplo, un día la abolición de la actual Constitución Política para reemplazarla por una que tenga “color, olor y sabor de pueblo”, la disolución del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo –entre otras instituciones–, así como la renegociación forzada de los contratos; para al día siguiente asegurar todo lo contrario, evidencia una absoluta falta de horizonte e ideas claras.

 

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Lo más grave es que materializar muchas de sus propuestas implicaría una grave ruptura del orden legal vigente, aunque ya advirtió que movilizará “al pueblo” para hacerlas realidad.

 

Nada más alejado de lo que debería ser una convivencia respetuosa y civilizada, en la que las normas que nos gobiernen –comenzando por la Constitución– sean fruto de diálogos y consensos, de la búsqueda del bien común dentro del sistema democrático y no resultado de la algarada callejera ni de quienes se consideran iluminados para imponernos sus brillantes ideas.

 

Desde la perspectiva económica, el temor de los inversionistas grandes, medianos y pequeños, así como de los peruanos que lograron ahorrar con mucho esfuerzo un capital para su futuro y el de sus hijos, surge del hecho de no saber hasta qué punto se va a cambiar el modelo económico, o qué se hará en caso el Estado no cuente con recursos para cumplir con sus responsabilidades si carece de ingresos tributarios, que, por cierto, provienen de la inversión privada y de los trabajadores.

 

Los que ya tenemos algunos años tenemos dolorosas experiencias sobre la forma en que los ahorros que teníamos guardados en los bancos, cajas de ahorro y otras instituciones financieras fueron confiscados por el Estado. Por eso, es natural que las personas y las empresas traten de proteger su capital, por más grande o pequeño que sea, porque sin importar su monto, fue ganado con trabajo y esfuerzo.

 

Lo que deberían entender quienes aspiran a gobernar nuestro país, es que la economía es muy sensible y nadie va a querer trabajar o invertir en un lugar donde se corre el riesgo de perder todo en cualquier momento, de amanecer cualquier día en la calle, sin nada en los bolsillos.

 

Los empresarios y los trabajadores pagamos impuestos y es por ello que el Estado tiene ingresos, pero si no trabajamos ni invertimos, no generamos riqueza ni empleo. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar a maestros, policías, médicos o enfermeras?

 

Trabajamos y apostamos por nuestro país porque confiamos en él, en sus autoridades, en sus normas y en el hecho de que estas no cambiarán de un día a otro porque a alguien se le ocurrió, porque su ideología se lo manda.

 

Lo peor de esta incertidumbre es que se da en un momento en que el país aún no logra superar la emergencia sanitaria y la crisis económica, provocadas por el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus.

 

La pobreza en nuestro país ha vuelto a crecer con fuerza. En el 2019 alcanzaba al 20,2% de la población y en el 2020 subió a 30,2%. La pobreza extrema ha crecido de 2,9% a 5,1%. Esto es gravísimo.

 

El empleo en la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada ha caído en 13% en el 2020, lo que repercute en el bienestar de las familias, en el acceso a la salud y a la educación; mientras la clase media se redujo de 43% a 24% por efecto de la pandemia, lo que afecta a más de seis millones de peruanos.

 

Deberíamos estar hablando de cómo hacemos para evitar que más compatriotas sigan siendo víctimas de esta situación, de cómo generar puestos de trabajo y conservar los actuales, de cómo reactivar el consumo y la demanda, y de aprovechar el entorno internacional favorable para nuestras exportaciones, a fin de generar divisas y abrir nuevos mercados.

 

Pero no, en el centro del debate se ha puesto la supuesta necesidad de imponer una Asamblea Constituyente. Pareciera que las prioridades del pueblo, al que tanto se menciona, no están en primer lugar.