Peter Anders: “En este momento no tenemos esperanzas en el Gobierno”

El crecimiento de la economía peruana en el 2021 fue en gran medida producto del efecto rebote luego de la profunda caída registrada el año anterior. ¿Cuáles son las proyecciones de la CCL para la economía de nuestro país este año?

Efectivamente, si bien hay sectores, como es el caso del Gobierno, que evalúan el desempeño económico del 2021 como un punto positivo e incluso hablan de crecimiento, en realidad no debemos olvidar que se trata de un impulso que viene desde muy abajo, luego de un año 2020 realmente malo a raíz de la pandemia y del pésimo manejo para enfrentarla, que se basó en un cierre indiscriminado de todas las actividades económicas del país.

Se compara el 2021 frente al 2020, pero terminar con un PBI de dos dígitos luego de haber caído también dos (-11,1%), no es del todo positivo. Se trata de un rebote al que se sumó el aumento de los precios de los metales a nivel internacional.

Nuestras esperanzas en el 2022 estaban puestas en un nuevo gobierno que designaría ministros con mucha experiencia en su sector, con planes concretos para lo más urgente que necesita el país: enfrentar de forma eficiente la emergencia sanitaria de una pandemia que no se va y que ahora entra a una tercera ola y, en paralelo, reactivar la economía cuanto antes para generar empleo y volver a reducir la pobreza.

Pero, luego de cinco meses tenemos una administración que no muestra planes concretos, que no cuenta con cuadros técnicos y profesionales debidamente calificados para ocupar, no solamente los más altos cargos del Estado, sino hasta los mandos medios; y que se ha visto involucrada en serias acusaciones de corrupción. En este momento no tenemos esperanzas en el Gobierno.

No obstante, el sector privado debe seguir trabajando y eso haremos. Con el esfuerzo de emprendedores, trabajadores y empresarios, esperamos que la economía peruana crezca en el 2022 alrededor de 3%, lo cual sería resultado del crecimiento de los sectores primarios o que se conocen como actividades extractivas, como minería, pesca, agricultura e hidrocarburos.

Contribuirían también el comercio y los servicios, pero actividades como la manufactura y la construcción se contraerían este año, lo que resulta preocupante porque se suponía que luego de tres décadas de crecimiento, en las cuales se impulsaba el valor agregado en la producción nacional, otra vez nuestra economía volverá a depender de lo extractivo. Es un retroceso.

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También es cierto que la crisis es mundial, que se ha retraído la demanda de los mercados externos, que han subido los costos de las materias primas y que todo esto afecta al Perú.

Es posible que ese análisis sea cierto hasta cierto punto, porque en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo y que ahora nos amenaza con una variante altamente contagiosa, no es posible seguir creciendo a ritmos de 5% o 7% como antes.

Es verdad también que a nivel internacional los precios de las materias primas se han incrementado, que hay problemas en el transporte internacional por los puertos saturados y aumento de fletes.

Pero, como si no fuera suficiente, los peruanos debemos sumar la crisis política que nos afecta debido a un gobierno que solo genera incertidumbre e inestabilidad.

Deberíamos crecer alrededor de 7%. Sería lo ideal, pero para crecer a ese ritmo se requiere de predictibilidad, estabilidad política, jurídica y económica, a partir de las cuales la inversión privada crece en cualquier país del mundo. Hoy el Perú no puede asegurar ninguna predictibilidad. El sector minero es una prueba de ello porque no ha tenido un Estado que lo defienda de actos violentistas y que defienda la prevalencia de la ley.

Los reiterados anuncios de las máximas autoridades del Gobierno, ya sea promoviendo el cierre de minas, la nacionalización del gaseoducto y una serie de acciones intervencionistas nos demuestran que el régimen del presidente Pedro Castillo tiene una agenda contraria a la inversión privada, aun cuando en discursos posteriores trate de desmentirse.

¿Es posible hablar de confianza empresarial en un contexto así?

No, porque hasta el día de hoy el Gobierno solo genera incertidumbre, inestabilidad y desconfianza. Los anuncios de una nueva Constitución, de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que no es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y anuncios sobre nacionalizaciones y un ideario de izquierda extrema han provocado que se vayan del país US$ 15.000 millones.

Ni aun con esa fuga de capitales –que es más que un llamado de atención, yo diría que un grito de auxilio–, el Gobierno hizo algo por recuperar la confianza del empresariado, del emprendedor y del pequeño ahorrista que busca la forma de proteger su dinero.

No podemos hablar de confianza porque nos encontramos inmersos en una situación extraña y alarmante. Vivimos a la deriva; sin liderazgo; con pugnas por cuotas de poder, con autoridades que impulsan la informalidad, cuando deberían combatirla; con un Ministerio de Economía y Finanzas que luego de muchos años no da proyecciones de crecimiento; y con cambios constantes de ministros. Solo en cinco meses renunciaron cuatro ministros y uno fue censurado. Además, vamos por un segundo gabinete que no sabemos cuándo durará.

Usted le ha pedido al presidente Castillo que enmiende el rumbo, porque hay tiempo de corregir. ¿Persiste en esa esperanza? ¿Espera que el Gobierno asuma que es hora de enmendar sus errores?

Nunca pierdo las esperanzas. El Gobierno debe hacer algo urgente para que la economía no siga cayendo. Debe comenzar a ejecutar el gasto público. No es posible que en el 2021 el sector salud, en medio de una pandemia mundial, solo haya ejecutado el 46,3% de su presupuesto, siendo el segundo de menor ejecución presupuestal en todo el año.

Se requiere darle liquidez a la economía peruana y, en el caso de salud, se requiere rapidez y ejecución en medio de una tercera ola que debe encontrarnos preparados para no perder otros 200.000 peruanos como en la primera ola.

Asimismo, se requiere definir una meta. Ya basta de marchas y contramarchas. También se debe recurrir a profesionales, especialistas y dejar de lado la improvisación. Y, finalmente, luchar contra la corrupción, pero de forma real y concreta, no de la boca para afuera.

El Gobierno solicitó facultades legislativas para poner en marcha una reforma tributaria y la CCL se opuso porque considera que se requiere de un debate más amplio. ¿Se debe impulsar ese debate y concretar una reforma tributaria?

Por supuesto que sí, la CCL no se opone a una reforma tributaria. La necesitamos más aún cuando estamos en una crisis económica. Todo es perfectible y nuestro sistema de impuestos también.

Lo que pedimos y esperamos es un amplio debate entre quienes somos parte de ese sistema y no me refiero solo a empresarios, empleadores o trabajadores, sino también a especialistas, a la academia y al propio Gobierno.

No se trata de subir impuestos a los que siempre pagamos, a los formales, al eterno 30% que siempre cumple. Se trata de combatir la informalidad, de incorporar por su bienestar a esos 7 de cada 10 trabajadores que laboran de manera informal.

Este debate y esta reforma deberían ser prioridad este año si se quiere dotar al fisco de más recursos para que pueda invertirlos en salud, educación y conectividad, que es lo que requieren con urgencia el país y los millones de peruanos.

¿Y a nivel de empleo que se necesita?

Primero, promover la inversión privada, que es la que crea empleo formal en el país. El Gobierno debe entender que la generación de puestos de trabajo es urgente.

La Población Económicamente Activa (PEA) se incrementa cada año en aproximadamente 300.000 personas. Es decir, necesitamos crear 800 puestos de trabajo diarios. Frente a ello, no solo no se ha hecho nada por promover la inversión privada, sino que, al contrario, se le ataca. Este año se corre el riesgo de que crezca apenas 0,6%, mientras otros estiman una caída de 9%.

Se requiere, además, pensar en hacer menos rígida la contratación de personal. Seguimos siendo uno de los países con un régimen laboral costoso. No se trata de desconocer beneficios laborales y pagos a los que tiene derecho todo trabajador, sino de tener un régimen que favorezca la formalización del empleo y no encarezca su generación. Se trata de ir incrementando la formalidad en el sector laboral.