Peter Anders: El valor de la palabra

El mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso República el pasado martes estuvo lleno de promesas, planes y un sinnúmero de objetivos; todos ellos adelantados y leídos días antes –con el mismo texto– por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su presentación ante el mismo Poder Legislativo para solicitar el voto de investidura.

¿Cuánto de lo prometido y doblemente anunciado se va a cumplir? ¿En qué tiempo se van a implementar y ejecutar la construcción de hospitales, colegios, carreteras o creación de fondos ofrecidos?

¿Cuánto de realidad hay en esa enumeración de supuestos grandes logros presentada desde la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros y cuánto de realismo en lo que se dice que se hará, pero sin comprometer una sola medida que procure una gestión pública honesta y eficiente?

Los peruanos nos hemos mal acostumbrado a escuchar este tipo de discursos por parte de nuestras autoridades, innecesariamente larguísimos (en su lugar muchas veces bastaría un tweet), llenos de lugares comunes y, sobre todo, de promesas incumplidas.

Si, por ejemplo, nos tomamos el trabajo de comparar discursos presidenciales recientes, encontraríamos ofertas tales como la construcción de un hospital en cada provincia, la pavimentación del 100% de la red vial nacional, el sembrío de pastos mejorados en 517 distritos de 20 regiones, el mantenimiento de 1.000 instituciones educativas antes que se inicien las clases, la construcción de 53.000 nuevas escuelas públicas, la implementación de 281 centros de salud mental comunitaria y que en el año 2021 todos los peruanos tendríamos acceso universal a la salud.

Por si fuera poco, también se ofreció llevar el Estado “a las alturas de los cerros”, que se implementaría una política nacional de enseñanza del idioma inglés, que la educación mejoría de tal forma que la productividad y competitividad del Perú estarían más que aseguradas y que se pondría en marcha un sistema integrado de patrullaje formado por más de 6.000 vehículos y 4.000 motocicletas de la Policía Nacional que velarían por la seguridad ciudadana.

También se aseguró que el año pasado todas las zonas urbanas y el 84% de las zonas rurales contarían con agua potable y saneamiento, que el número de turistas se duplicaría, que el intercambio prestacional eficiente entre los hospitales del Ministerio de Salud y de Essalud sería una realidad, que 10 centros penitenciarios contarían con bloqueadores de teléfonos celulares para evitar que se siga delinquiendo desde las cárceles y que las empresas condenadas por corrupción nunca más contratarían con el Estado.

Solo faltó prometer –como dice la letra del antiguo vals Parlamanías de Serafina Quintera– que “las corvinas sobre las olas, nadarán fritas con su limón”.

De haberse cumplido cada una de las promesas hechas a través de los discursos presidenciales de las últimas décadas, nuestro país sería uno del primer mundo, la pobreza habría desaparecido y nuestros servicios de educación y de salud serían similares a los de los países desarrollados.

Pero nuestra realidad concreta dista mucho de esas dimensiones alternas en las que viven nuestros gobernantes, pues lejos de ese Perú idílico, la verdad es que hoy en día no solo estamos más divididos que nunca, sino que padecemos de un Estado que registra niveles de corrupción, ineficiencia, indolencia e impunidad en aumento, que poco o nada contribuye con el bienestar de la población.

Ni siquiera aquella declaración presidencial que decía que debemos construir un país con sólidas y transparentes instituciones democráticas para llegar al bicentenario de nuestra independencia se pudo cumplir, pues hoy tenemos instituciones débiles, nada transparentes, con una honda crisis moral, con valores trastocados y con la ética olvidada por la mayoría de nuestros funcionarios y servidores públicos.

Los ciudadanos que casi como una rutina y sin ningún entusiasmo nos hemos habituado a escuchar los sucesivos discursos presidenciales o ministeriales, sabiendo que poco o nada de lo que se dice o lee se hará realidad, deberíamos comenzar a exigir que se cumpla con lo que se dice y fiscalizar a nuestras autoridades, para que no nos sigan encandilando como quien lee un cuento a los niños antes de dormir.

No debemos seguir permitiendo y aceptando que quienes ejercen un cargo público, comenzando por quien ocupa la más alta magistratura de la nación, nos sigan llenando de embustes.

Es tiempo de buscar mecanismos de control político y ciudadano que permitan regular la manera en que nuestros gobernantes se dirigen a la población, de manera que sea posible ejercer un estricto seguimiento de cada medida, de cada obra, de cada programa que se anuncie, de cada “primera piedra” que se coloque; exigiendo a la vez que todo discurso presidencial o del jefe del gabinete ministerial y sus ministros deba incluir el debido sustento técnico, fuente de financiamiento y plazo de ejecución, con su respectivo análisis de costo-beneficio.

Igualmente, que cada recuento de supuestos logros sea plenamente verificable.

En toda empresa o emprendimiento privado, desde el más pequeño hasta la más grande corporación multinacional, existe un plan de acción, con proyecciones y metas por cumplir, que se calculan a veces mentalmente por parte del pequeño emprendedor o que se presentan través de una detallada exposición ante un riguroso directorio. Si esos objetivos no se alcanzan en el plazo establecido, el responsable es separado de su cargo.

¿Por qué nuestro país no puede ser gobernado con igual rigurosidad, exigiendo por parte nuestra (los peruanos “accionistas” de esta gran empresa llamada Perú) eficiencia a los responsables de administrarlo y sancionándolos, incluso con la muerte civil, si descubrimos que nos mintieron?

Basta ya de seguir escuchando discursos vacíos, que se hacen solo por cumplir o para ganar tiempo.

Exijamos que quien nos da su palabra, la cumpla.

No olvidemos que el valor de un hombre (o el de una mujer) se mide por lo que vale su palabra.