Peter Anders: Congreso, hora decisiva
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Si algo sólido muestra la incipiente democracia peruana en los últimos años (a pesar de los errores y excesos de ambas partes), es la marcada división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, no necesariamente podemos decir siempre lo mismo del Poder Judicial.
Por esta razón, cuando hoy en día comprobamos que en el Poder Ejecutivo no existe una idea clara de a dónde quiere conducir el país y ni siquiera hay muestras de que cuente con un equipo técnico y profesional idóneo para asumir las más altas responsabilidades del Estado, corresponde al Congreso de la República la gran responsabilidad de constituirse en garante para seguir luchando contra la pandemia, reducir la pobreza y enfrentar la inseguridad ciudadana, generar empleos promoviendo la inversión, preservar la estabilidad jurídica y económica, garantizar el acceso a la educación de nuestros niños y jóvenes y, en definitiva, para defender el derecho que tenemos todos los peruanos de seguir viviendo en democracia.
De ninguna manera cumplir el rol fundamental que le asigna la Constitución a los congresistas, esto es, legislar y fiscalizar, puede malinterpretarse como obstruccionismo, sobre todo en las actuales circunstancias en que existen en el gobierno graves denuncias sobre presuntos actos de corrupción al más alto nivel y nombramientos en puestos claves de personajes por decir lo menos cuestionables.
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Frente a una administración que genera inestabilidad, que ha hecho de la improvisación y la falta de transparencia el sino de su gestión, es deber del Parlamento actuar con cabeza fría y sin apasionamientos, para impedir el descalabro del país y llenar dentro de los cauces constitucionales, el vacío de gobierno que nos agobia.
Desde la Cámara de Comercio de Lima hacemos un llamado a todos los grupos políticos que integran la representación nacional, a consensuar una agenda de temas prioritarios a fin de reactivar la economía, garantizar la vida, la salud, la seguridad, el trabajo y la educación y devolver en parte el bienestar perdido por millones de peruanos.
Es necesario que el Parlamento y sus respectivas comisiones, continúen convocando a especialistas, académicos, instituciones y sectores involucrados para enriquecer y mejorar el análisis de los proyectos de ley, pero sobre todo que tomen en cuenta estos aportes.
Esto, penosamente, no siempre ocurre y muchos congresistas se dejan arrastrar por la búsqueda del aplauso fácil, impulsando proyectos populistas o declarativos que no solo hacen perder valioso tiempo, sino que perjudican la recuperación que todos necesitamos.
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL ha identificado nueve proyectos con estas características. Dos vinculados a infraestructura, tres al sistema financiero, dos a reforma constitucional, uno al mercado laboral y uno a la estabilidad macroeconómica, que ni siquiera cuentan con un debido análisis costo-beneficio que los sustente.
A estos se suma el proyecto de ley que busca regular el comercio electrónico, el cual –de aprobarse– terminaría por sobrerregular y generar sobrecostos a una actividad que ha permitido a las pequeñas y micro empresas, muchas de estas familiares o unipersonales, enfrentar la crisis económica.
Sin embargo, también ha habido proyectos positivos como el que establece requisitos más exigentes para designar ministros y viceministros, pues, a la luz de lo visto hasta hoy, una norma como esta es imprescindible. Ahora se encuentra en debate otro proyecto igualmente necesario: el que introduce requisitos mínimos y procedimientos para nombrar funcionarios públicos, con lo que se evitará que el Estado siga siendo el botín con el que pagar, con puestos de trabajo, favores políticos, amistosos o colocar familiares.
Ahora mismo, el Poder Legislativo tiene la gran oportunidad de defender el Estado de Derecho y la estabilidad política, aprobando por insistencia (frente a la observación hecha por el Ejecutivo) el proyecto de ley que reafirma que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a un referéndum, como claramente lo establece el artículo 206 de la Constitución. Tal posición ha sido respaldada por un acuerdo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
De esta manera, se echaría un candado definitivo a la pretensión del Gobierno de derogar ilegalmente la actual Constitución mediante una “consulta popular”, para reemplazarla por una hecha a medida de sus intereses ideológicos y geopolíticos.
Señores y señoras congresistas, tengan en cuenta que esperamos mucho de ustedes; que no se encuentran en un concurso por ser el más simpático, bromista, sarcástico o belicoso; no vivan pendientes de las encuestas, pues en ningún país del mundo los parlamentos son populares ni registran altos niveles de aprobación.
Tomen conciencia del título que les han confiado sus electores: ser representantes de la Nación…. sobre todo –en esta hora– de sus necesidades más urgentes.
