En el marco de un proceso de diálogo para promover reformas que fomenten la formalización en el mercado laboral peruano, el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, sostuvieron una reunión con representantes de diversos gremios empresariales, entre ellos la Cámara de Comercio de Lima (CCL), para revisar una nueva propuesta de medidas desregulatorias en el ámbito laboral.

Durante el encuentro, el titular del MEF, resaltó la necesidad de impulsar la formalización laboral a través de medidas consensuadas con el sector privado.

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Señaló que este objetivo forma parte de los ejes del denominado shock desregulatorio, y destacó la importancia de generar condiciones que incentiven la transición de los trabajadores hacia la formalidad.

Asimismo, adelantó que este enfoque se incorporará también en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT.

Por su parte, el ministro Maurate destacó el valor del diálogo sostenido con el sector empresarial. “Creo que es importante escucharnos entre todos, para convencer y convencernos, porque siempre habrá espacio de mejoras”, sostuvo.

En esa línea, anunció que en los próximos días se lanzará la primera versión del Registro Nacional de Trabajadores en la Informalidad, herramienta que permitirá al Estado recopilar información clave sobre este segmento, incluyendo su ubicación, nivel educativo, tipo de empleo (autoempleo o relación con empresas), certificaciones, entre otros aspectos.

Sector privado

En la cita, los representantes del sector privado coincidieron en la necesidad de promover la formalización laboral bajo un enfoque que respete los derechos de los trabajadores, pero que también permita mayor flexibilidad y competitividad en el mercado laboral.

También, solicitaron evaluar medidas que reduzcan los costos de contratación y fomenten nuevas oportunidades de empleo formal.

El economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, expuso que actualmente alrededor de 3,3 millones de trabajadores informales se encuentran en esta situación por decisión propia, lo cual representa el 76 % del total de la informalidad en el país, lo que evidencia la urgencia de diseñar políticas efectivas para revertir esta tendencia.

Con este trabajo articulado, el Gobierno y el sector privado reafirman su compromiso con el desarrollo de un mercado laboral más justo, competitivo y formal.

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Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y resguardar la seguridad de la ciudadanía, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1,123 operativos de verificación y fiscalización migratoria en diversas regiones del país.

Como resultado, durante los tres primeros meses del año se ordenó la expulsión de más de 760 ciudadanos extranjeros en situación irregular.

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¿Dónde se realizaron los operativos?

Las acciones se concentraron principalmente en:

• Puno: 20.93% de los operativos
• Pucallpa: 11.84%
• Tumbes: 10.15%
• Tarapoto: 9.26%
• Lima: 7.21%
• Arequipa: 5.88%
• Chimbote: 5.25%

Asimismo, se llevó a cabo en otras ciudades como Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo.

¿Qué procedimiento se aplica?

A los extranjeros intervenidos se les aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permite su expulsión del país en un plazo máximo de 24 horas. Este proceso rápido se utiliza en casos donde las personas han ingresado sin autorización o representan un riesgo para la seguridad nacional.

El PASEE consta de dos etapas:

1. Fase instructora, donde se informa al ciudadano sobre la infracción cometida.
2. Fase sancionadora, que concluye con la emisión de la orden de expulsión por parte de Migraciones, y su ejecución a cargo de la Policía Nacional.

Oficina móvil para una acción más rápida

Para agilizar aún más el proceso, Migraciones ha implementado una oficina móvil equipada con tecnología de última generación. Esta unidad permite verificar en el acto el estatus migratorio de los intervenidos y, si corresponde, iniciar inmediatamente el proceso sancionador.

La unidad cuenta con:

• Cuatro módulos de trabajo
• Conexión a internet satelital
• Autonomía de energía eléctrica

Trabajo conjunto por la seguridad

Estos operativos no se realizan de forma aislada. Cuentan con el respaldo del Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), y autoridades regionales y locales, lo que refuerza la legalidad y efectividad del proceso.

Con estas acciones, el Estado peruano reafirma su compromiso de garantizar el respeto a las normas migratorias y proteger la seguridad de todos los ciudadanos.

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