A pocas semanas de las Fiestas Patrias, los empresarios aguardan con expectativa el Mensaje a la Nación que la presidenta de la república, Dina Boluarte, emitirá, y en el que tradicionalmente, además de brindar un balance anual de su gestión, anuncia los pasos a seguir de su Gobierno.

Ante este acontecimiento, que sucede cada 28 de julio, consultamos a los representantes de gremios, comisiones e institutos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sobre qué anuncios esperan escuchar en áreas clave como economía, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, educación, salud, entre otras.

Economía peruana

En el ámbito económico, el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la CCL, Óscar Chávez, considera que el Mensaje del 28 de julio debe sentar las bases para un mayor crecimiento económico sostenido, que contribuya a la creación de empleo formal, la reducción de la pobreza y que genere los ingresos tributarios que permitan al Gobierno cerrar brechas importantes en el país.

“El Ejecutivo debe asumir el compromiso de respetar el equilibrio fiscal para evitar que iniciativas legislativas afecten la estabilidad macroeconómica, no solo de este, sino de futuros gobiernos. Hay que evitar el deterioro de la calificación crediticia del país, pues esto afectará el costo del financiamiento del sector privado, esencialmente la inversión privada que se realiza en un horizonte de largo plazo”, señala el economista.

Asimismo, Chávez indica que el panorama internacional no está claro, por lo cual se necesita en mayor medida del desarrollo de capacidades productivas para recuperar la economía del país. “Será difícil repetir la atípica tasa de crecimiento registrada en abril (+5,28 %)”, agrega.

Respeto institucional

Para el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción y primer vicepresidente de la CCL, Hernán Lanzara, en el discurso presidencial, se espera un enfoque renovado y decidido hacia la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en el país, con una reafirmación del compromiso del Gobierno en el firme respeto a las instituciones democráticas, la separación de poderes y el Estado de derecho.

“La caída significativa en el respaldo empresarial, como se ha reportado recientemente, refleja la necesidad apremiante de restaurar la confianza en el liderazgo gubernamental a través de gestos concretos, como el de separar a funcionarios corruptos una vez presentadas las evidencias de sus actos ilícitos o el respaldo a la labor de los fiscales anticorrupción”, precisa el representante del gremio empresarial.

En este sentido, Lanzara está a la expectativa de que la mandataria reafirme su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, buscando reconstruir puentes con el sector privado y otros actores clave de la sociedad civil.

“Las recientes acciones del Congreso de la República aprobando modificaciones legislativas que debilitan la colaboración eficaz, que liberan de responsabilidad penal a los partidos políticos ante supuestos ilícitos por falta de transparencia, sumadas a los intentos parlamentarios por derogar la Ley del Servicio Civil y otras normas que intervienen en el desempeño de distintas organizaciones e instituciones de la sociedad, evidencian una distorsión del marco legal que perjudica severamente el trabajo anticorrupción, favoreciendo a la impunidad y la comisión de delitos”, enfatiza el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

Al respecto, Lanzara indica que el Perú ha adoptado compromisos internacionales, incluyendo las directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las cuales subrayan la importancia de mantener leyes que faciliten la persecución efectiva de actos corruptos y que aseguren la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción.

“Existe una profunda preocupación por el impacto negativo de las acciones de algunas entidades del más alto nivel del Estado en nuestra incorporación como país a este organismo”, añade.

“Por ello, se espera que la presidenta Boluarte aborde esta cuestión de manera directa en su discurso, invocando a los congresistas a reconsiderar sus últimas acciones, y explicando las medidas que el Ejecutivo tomará para salvaguardar la integridad del sistema político y el fortalecimiento del servicio civil, que redunda en la calidad de los servicios públicos”, resalta.

Medidas tributarias

En tanto, el presidente de la Comisión Tributaria y segundo vicepresidente de la CCL, Leonardo López, espera que la jefa de Estado haga referencia a las acciones concretas llevadas a cabo para luchar contra la evasión tributaria, sobre todo en lo que concierne a los beneficiarios de las economías ilegales dadas por la minería ilegal, la desforestación, el narcotráfico y el contrabando, considerando que estas representan cerca de 4 % del PBI.

“Además, esperamos que se dote de mayores recursos técnicos y financieros a la Administración Tributaria para contrarrestar los aludidos bolsones de evasión fiscal”, agrega.

En esa línea, el representante de la CCL muestra interés en que la presidenta le “declare la guerra” a la evasión tributaria y, como tal, lleve a cabo todos los esfuerzos necesarios para al menos reducirla en un porcentaje importante.

Adicionalmente, en aras de que las normas tributarias sean fruto del debate público, López aguarda que la máxima autoridad del Estado anuncie los alcances de las medidas tributarias que adoptará en función de la delegación de facultades tributarias otorgada por el Congreso.

Por otro lado, de cara a contribuir con la reactivación económica y el incremento de la inversión privada, el abogado espera que en el discurso presidencial se mencione el apoyo decidido a las propuestas tributarias para hacer del Perú una plataforma de producción audiovisual con alcance internacional, así como de producción y servicios de manufactura a través de la creación de zonas económicas de desarrollo, aprovechando las tendencias actuales de la economía de acercar la producción a las regiones de consumo (nearshoring).

Sector salud

Por su parte, el presidente del Gremio de Salud de la CCL, Sandro Stapleton, señala que el discurso presidencial es una oportunidad crucial para abordar lo más urgente en nuestro país: la crisis en el sistema de salud.

“Lo que esperamos es un reconocimiento claro y honesto de que la salud en nuestro país está en crisis. Hasta ahora, las medidas adoptadas no han resuelto los problemas de acceso a la salud para los ciudadanos”, remarca.

Entre los problemas más críticos, Stapleton detalla el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Añade que esto se debe a varios incumplimientos en pagos a proveedores, falta de adherencia a los contratos, y una programación inadecuada de las compras.

“Cuando finalmente se programan, los buenos proveedores ya no quieren participar por la falta de predictibilidad. Este grave problema de gestión debe ser abordado de manera inmediata. Si no se resuelve la gestión, poco se podrá hacer para mejorar el sistema de salud en general”, subraya.

Educación

En materia educativa, el Gremio de Educación de la CCL espera que se hagan anuncios en torno al restablecimiento de la meritocracia en la función docente, ya que esta debe ser el fundamento para el desarrollo de maestros, al incorporar nuevas competencias en el marco de un mundo que evoluciona y en el que la tecnología siempre está un paso adelante.

En esa misma línea, el referido gremio señala que también es fundamental mejorar la educación temprana, considerando que los recientes resultados de la Evaluación PISA nos muestran un retroceso en materias como matemática y un estancamiento de otros indicadores.

Con respecto a esa problemática, indica que se debe establecer un programa a nivel nacional que refuerce desde la educación inicial el aprendizaje de estas materias, incluso con acuerdos de gobierno a gobierno.

En otro punto importante, el Gremio de Educación de la CCL sostiene que el Gobierno debe tener una visión clara de la educación superior en el Perú, por lo cual se espera que el Estado frene ‘el carnaval’ de creación de universidades que están alentadas por el populismo y la campaña electoral, la mayoría de las cuales no tienen un sustento técnico.

Materia laboral

En el ámbito laboral, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, indica que los empresarios esperan escuchar en el del Mensaje Presidencial un cambio de enfoque en la forma como el Estado ve a los empleadores.

“Es importante que la sociedad en conjunto y el Estado, que tiene una importancia fundamental en ella, reconozcan el rol imprescindible de la inversión y la creación de empleo para el progreso del país. Desde esa perspectiva, sería saludable que se incorpore (en el discurso presidencial) una sección destinada a explicar cómo nuestro país fomentará la creación de empleos y cómo logrará que esos empleos sean decentes, vale decir, generados en el sector formal, con protección de la seguridad social y el respeto de los beneficios laborales”, puntualizó.

Las modificaciones a la legislación laboral deben venir del consenso social, y eso pasa por establecer diálogos reales de los actores sociales, vale decir, de trabajadores, los empleadores y el Estado. Esa también debería ser una prioridad del Mensaje.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, el presidente encargado del Gremio de Comercio Exterior (X.COM), Bernd Schmidt, considera que en el discurso presidencial se deben abordartemas como la Ley Promocional del Agro con beneficios claros por periodos mayores a 20 años, a fin de promover mayores inversiones en el sector, así como crear un apoyo a los exportadores al incrementar el drawback.

“Reactivar un Plan Estratégico Exportador al 2050 con mayores recursos para promoción de exportaciones también es crucial para nuestro sector, así como contar con infraestructura estratégica que favorezca la competitividad del país. Es necesario contar con reglas sectoriales claras para la industria textil y confecciones que fomenten la inversión y faciliten el comercio exterior”, recalca.

Asimismo, se debe contar con la Ley de Zonas Económicas Privadas, con cero tasa de impuesto a la renta.

Construcción

A su turno, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Raúl Barrios, espera que se aborden temas cruciales para la construcción, tales como el cumplimiento del Estado con sus compromisos financieros hacia el sector privado, a fin de estimular la reactivación económica inmediata y la generación de empleos formales.

“También urgimos de medidas efectivas contra la extorsión en el sector, la creación de un sindicato único y una revisión integral de la Ley de Arbitraje, y de la intervención de la Contraloría General de la República en obras públicas para eliminar trabas burocráticas. Además, esperamos claridad sobre las nuevas reglas de contratación estatal y la programación detallada de obras a mediano y largo plazo para brindar certeza al mercado”, explica.

Junto a ello, Barrios aguarda noticias concretas sobre la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura 2023-2026, especialmente las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, cruciales para la reactivación económica y la competitividad del país.

“Es esencial derogar la Ley 31288, que ha detenido más de 3 000 obras debido a su enfoque sancionador excesivo; y archivar el Proyecto de Ley 7316/2023- CG, que podría paralizar obras públicas al considerar a contratistas y otros actores como funcionarios públicos”, refiere.

Seguridad ciudadana

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, señala que deben abordarse propuestas concretas y realizables en materia de seguridad ciudadana, que conduzcan a la reducción de los delitos y una mejora sustancial no solo en los indicadores de lucha contra la delincuencia, sino en la percepción de seguridad en la población.

“Si bien desde inicios de año la presidenta ha anunciado medidas y acciones para luchar contra la criminalidad, estas promesas no han pasado de meras declaraciones. Es imperativo que en su mensaje se anuncien medidas concretas de inmediata implementación y no propuestas que requerirán de varios meses para concretarse”, sostiene.

Conetta indica asimismo que iniciativas congresales como la que modifica la Ley contra el Crimen Organizado no solo deben ser observadas, sino condenadas por parte de la presidenta, pues terminan favoreciendo a grupos criminales y perjudican el trabajo tanto de la PNP como del Ministerio Público.

“Además, esperamos ver propuestas concretas en la lucha contra el ciberdelito, la minería ilegal y los efectos que tiene sobre la seguridad ciudadana; y la implementación de centros de flagrancia en el más breve plazo o destacar fiscales en las comisarías de lugares donde estos no puedan implementarse”, menciona.

Turismo

Por su parte la presidenta del Gremio de Turismo, Marienela Mendoza, advierte que en el discurso presidencial se deben abordar temas cruciales para reactivar la actividad turística a niveles prepandemia.

“Expresamos nuestra oposición al Proyecto de Ley 7851, que propone reducir el porcentaje del Fondo de Promoción Turística destinado a Promperú del 80 % al 20 %. Esta medida, de ser aprobada, tendría un impacto negativo en la promoción del turismo, al disminuir los recursos para posicionar a Perú como un destino atractivo a nivel mundial”, comenta.

Respecto a la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, programada para el 18 de diciembre, Mendoza espera que esta fecha sea postergada hasta febrero, ya que diciembre es una temporada alta para el sector turístico.

“Llevar a cabo la transición y pruebas operativas en ese momento podría generar inconvenientes a los usuarios, que podrían afectar la experiencia de miles de turistas durante fin de año”, añade.

 

 

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Con el objetivo de destacar las iniciativas legislativas que buscan elevar la competitividad nacional y advertir sobre los proyectos de ley que la perjudican, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL analizó los proyectos de ley (PL) presentados en el Congreso de la República del Perú entre el 3 de abril y el 11 de junio de 2024. Se eligieron aquellos con un impacto significativo en la competitividad, siguiendo la metodología empleada por el Foro Económico Mundial en la construcción de su Índice de Competitividad Global, que considera 12 pilares: institucionalidad, infraestructura, adopción de TIC, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de bienes, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo de los negocios e innovación.

Proyectos en contra de la competitividad

Institucionalidad

Los contratos ley en la legislación peruana han sido fundamentales para atraer inversión extranjera y promover el desarrollo económico. Estos otorgan a los inversionistas una serie de beneficios, incluyendo estabilidad jurídica, garantizando que las normas que los regulan no pueden ser modificadas unilateralmente por el Estado. Sin embargo, los PL 7498 y 7561, presentados en abril pasado, afectarían esta estabilidad jurídica consagrada en la Constitución. El PL 7498 propone la nulidad administrativa de los contratos ante la vulneración de principios constitucionales en agravio del Estado, pero no define claramente quién juzgará esta vulneración, por lo que quedaría la decisión a merced de intenciones políticas y no técnicas. A su vez, el PL 7561 establece la potestad del Estado para anular contratos de concesión si los funcionarios públicos, personas jurídicas, representantes legales o personas vinculadas son condenados aquí o en el extranjero. Con esto, un contrato de concesión quedaría inestable, ya que las personas vinculadas podrían ser condenadas en el futuro por motivos ajenos al contrato y eso terminaría perjudicando las inversiones y aumentando la paralización de obras. Al eliminar la estabilidad jurídica de los contratos ley, los inversionistas no tendrán la seguridad de que las reglas del juego no serán modificadas en el futuro. Esto podría generar una ola de litigios y arbitrajes internacionales, dado que el Estado estaría incumpliendo sus compromisos y dañando su credibilidad con consecuencias negativas para las relaciones del Perú con otros países y organismos internacionales.

 

Infraestructura

La brecha de infraestructura puede reducirse con la participación de la inversión privada y pública. El PL 8067 restringe el marco jurídico y desalienta la inversión privada en saneamiento, con la premisa de que el Estado es el único que debe administrar recursos vitales como el agua. El resultado será un desaliento a la inversión privada, postergación de mejoras necesarias en las EPS y el declive en el stock de infraestructura de calidad.

Sistema financiero

El PL 7570 propone establecer un tope a las tasas de interés que cobran los bancos. Aunque la intención es proteger a los consumidores de altas tasas de interés, el control de precios podría generar escasez de créditos y que un número importante de personas no accedan a estos, lo que aumentaría el acceso al crédito informal.

Habilidades

Existen 26 proyectos de ley que declaran de necesidad pública e interés nacional la creación de universidades públicas. Esta proliferación no considera la viabilidad técnica y presupuestaria. Según el IEDEP, crear 5 de estas 26 universidades costaría unos S/ 821 000 000 por año. Incluso se pretende crear universidades en regiones donde ya operan otras tres, como es el caso de Apurímac.

Lo que se necesita para mejorar el capital humano es potenciar los estándares de enseñanza de educación superior público y privado, incentivando la ciencia, tecnología e innovación, así como establecer convenios con universidades extranjeras de prestigio.

De otro lado, el PL 8056 propone cambios en la Ley Universitaria, al postular el licenciamiento permanente y la posibilidad de tener programas de estudios 100 % virtuales. Esta iniciativa no contribuye a la mejora en el capital humano necesario para un país más competitivo.

Mercado laboral

El PL 8112 propone la colegiatura obligatoria de profesionales egresados de universidades para el ejercicio laboral, al añadir procesos burocráticos y costos para los egresados.

A su vez, el PL 8133 propone el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1 500, lo que afecta al empleo formal y reduce la capacidad de absorción de la mano de obra por parte de las empresas. La fijación de la RMV debe ser consensuada entre trabajadores y empresas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

Proyectos a favor de la competitividad

Sistema financiero

El PL 7802 es positivo porque deroga la Ley 31143, que dispuso que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fije tasas máximas para los créditos de consumo y para las mypes, a fin de supuestamente evitar la usura. Como se sabe, tal medida ha ocasionado el fomento de créditos informales que, en su mayoría y tal como se señala en el proyecto de ley, son parte de organizaciones criminales. La propuesta legislativa corrige esta situación, contribuyendo a un mayor acceso al crédito y a la bancarización de los diversos clientes del sistema financiero.

Proyectos con efecto ambiguo en la competitividad

 Innovación

El PL 8100, Ley de Fomento de Electromovilidad y el Ahorro de Energía, promueve la movilidad eléctrica y el ahorro de energía, al beneficiar a consumidores y empresas. Aunque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector de transporte, mejora la calidad ambiental y contribuye a la sostenibilidad; es crucial cuantificar los costos fiscales y evitar subsidios generalizados que puedan beneficiar a sectores no necesitados. Se trata de que este mercado se desarrolle de una manera autosuficiente y no sea dependiente de la vigencia de subsidios e incentivos tributarios.

Estabilidad macroeconómica

El PL 8113 propone ampliar los gastos deducibles de renta de trabajo para la determinación de la renta anual, incluyendo gastos educativos y en supermercados y mercados. Aunque esta medida incentiva la formalización, puede afectar la recaudación tributaria, algo que no se ha evaluado en el PL.

Como puede verse, el análisis del IEDEP sobre los proyectos de ley presentados en el Congreso entre abril y junio pasados revela un panorama mixto en cuanto a su impacto en la competitividad del país. No obstante, para mejorar la competitividad del Perú, es esencial que las propuestas legislativas sean cuidadosamente analizadas, tomando en cuenta todos los escenarios positivos y negativos que pudieran causar y, basándose en ellos, aprobarlos o no. Solo así se podrán crear condiciones propicias para un crecimiento sostenido y una mayor prosperidad para todos los peruanos.

 

 

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¿Cuál es el objetivo del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Sucamec y la CCL?

Este convenio tiene como objetivo incentivar la formalización de las empresas que brindan servicios cruciales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana del país. Entre otros aspectos, este instrumento de colaboración permitirá consolidar la formulación y el seguimiento de las políticas nacionales que la Sucamec tiene a su cargo para luchar contra la criminalidad organizada.

Por medio de la CCL, que agrupa a 16 gremios de distintos sectores de la actividad económica del Perú (entre ellos, importadores y comerciantes de productos pirotécnicos de uso recreativo), afianzaremos nuestras coordinaciones con personas naturales y empresas dedicadas a negocios relacionados con productos pirotécnicos, explosivos, armas y servicios de seguridad privada.

En resumen, este convenio permitirá a ambas entidades construir entornos más seguros, donde la prevención, la difusión y la capacitación serán pilares de un trabajo articulado, que nos ayudará a alcanzar importantes metas en beneficio de la población.

 

¿Con la CCL realizarán mesas de trabajo con el fin de contribuir con propuestas, normativas y capacitaciones?

Tenemos toda la disponibilidad de participar en las distintas mesas de trabajo que, en conjunto, organizaremos con la CCL. Estoy dando indicaciones precisas a los equipos técnicos para que, con sus pares del gremio empresarial, inicien estos diálogos. Vamos a colaborar activamente con nuestros especialistas en las capacitaciones.

Deseamos que toda la comunidad empresarial conozca nuestras normas y directivas, con miras a formalizar más negocios de los rubros de armas, seguridad privada, pirotécnicos y explosivos de uso civil. Les brindaremos asistencia técnica y todos los conocimientos en las materias de nuestra competencia.

 

¿Qué acciones o planes han implementado para el control de armas de fuego?

La Sucamec viene realizando diferentes acciones con ese fin, que son fundamentales porque contribuyen a evitar y a erradicar el desvío de armas hacia la ilegalidad, al reforzamiento del orden interno, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica del país. En esa línea, nuestra institución, como ente rector en armas de fuego de uso civil, tiene en sus competencias la decisión sobre el destino final de las armas, municiones y materiales relacionados, incautados, decomisados, excedentes o entregados voluntariamente.

Es así que venimos realizando esfuerzos articulando voluntades, con el apoyo de aliados estratégicos nacionales e internacionales. En 2023, hemos retirado de las calles 21 497 armas de uso civil, que representaban un riesgo, porque en el pasado estuvieron inmersas en actos irregulares e ilícitos.

 

¿Cuántas armas de fuego han recuperado en lo que va del año?

En los primeros seis meses de 2024, la Sucamec ha recuperado más de 6 000 armas de fuego de uso civil, como resultado del trabajo articulado que realiza con la PNP y el Ministerio Público, lo cual permitió retirar de manos de la informalidad dichos dispositivos y evitar que afecten la tranquilidad de los ciudadanos.

 

¿En qué consisten las acciones de capacitación que realizarán próximamente?

Una de las funciones más importantes que tiene la Sucamec es realizar actividades de formación y capacitación en las materias de su competencia. El propósito es concientizar al administrado para que tenga un mayor cuidado en torno a la responsabilidad en el porte y uso de armas, así como la aplicación adecuada del marco normativo vigente. En ese sentido, las capacitaciones que impartimos están dirigidas al público en general, es decir, a personas naturales, jurídicas, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, agentes comercializadores de armas, empresas de seguridad privada, etc.

 

¿De qué manera contribuye que dos entidades pública y privada se unan para promover la seguridad y el bienestar de la comunidad?

Las alianzas entre los sectores público y privado son fundamentales para mejorar el acceso y la calidad de los servicios que brindamos. Es muy importante establecer este tipo de relaciones, fijar una hoja de ruta o agenda de trabajo y hacer una labor pública y privada de manera coordinada. Hemos escuchado al presidente de la CCL, Roberto De La Tore, quien anunció que sus asociados están especialmente interesados en obtener los permisos y licencias necesarias de la Sucamec, para poder realizar sus operaciones comerciales sin inconvenientes. Cabe precisar que actualmente la Sucamec cuenta con 13 sedes a nivel nacional y próximamente estaremos inaugurando una nueva oficina en Pucallpa (Ucayali).

 

 

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