Óscar Chávez
El Perú enfrenta un alto riesgo de ingresar a una fase de mayor vulnerabilidad climática ante la coincidencia de dos fenómenos de distintas escalas. Por un lado, El Niño Costero mantiene el calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano, elevando el riesgo de inundaciones, desbordes de ríos y activación de quebradas.
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Por otro lado, el Fenómeno de El Niño global tendría un alcance más amplio, con efectos que podrían extenderse hacia la sierra y la Amazonía. Su intensidad severa traería episodio de fuertes inundaciones y sequias que se extenderían hasta el verano de 2027 con altas implicancias en sectores extractivos, la agroindustria, transporte, turismo, comercio de alimentos y vivienda.
Según el Reporte de Inflación de junio de 2026, la actualización del escenario climático hacia un evento de mayor intensidad reduciría la contribución de las actividades primarias al crecimiento económico. El principal impacto recaería sobre la agricultura, debido al menor rendimiento de los cultivos, y sobre la pesca, por los efectos en la captura y el procesamiento de anchoveta. Asimismo, las alteraciones climáticas podrían trasladarse hacia actividades no primarias, particularmente a la industria textil. En conjunto, el Banco Central de Reserva del Perú estima que El Niño tendría un impacto negativo cercano a 0.7 puntos porcentuales sobre el crecimiento del PBI en 2026.
Por esta razón, la prevención se convierte en una condición indispensable para proteger a las poblaciones vulnerables y sostener la continuidad de la actividad económica. Sin embargo, una de las principales limitantes proviene de la gestión de gasto y presupuesto. Las restricciones de financiamiento ya vienen afectando la continuidad de diversas obras y reducen la posibilidad de que proyectos de control de inundaciones, drenaje pluvial y defensas ribereñas sean entregados oportunamente antes de los periodos de mayor riesgo.
Por ello, adquieren una relevancia estratégica la cartera de inversiones de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Programa Presupuestal 0068 – Prevaed, orientado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
RIESGOS LATENTES
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) publicó el nuevo informe trimestral sobre los riesgos por lluvias para el periodo junio-agosto 2026. Según el estudio existe 2 127 493 personas expuestas a riesgos altos ante movimiento de masas (huaycos, derrumbes), esto es 26 124 centros poblados con riesgos de afectación, 2101 establecimientos de salud y 2.7 millones de hectáreas agrícolas expuestas. Los departamentos con el mayor número de población expuesta son Cajamarca (366 097 personas), Cusco (280 952 personas), San Martín (159 026 personas), Puno (152 671 personas) y Amazonas (128 825 personas).
En cuanto a los riesgos relacionados con inundaciones (desborde de ríos, lluvias persistentes), figuran los departamentos de Piura (368 199 personas), Ica (330 835 personas), San Martín (330 835 personas) y Huánuco (204 151 personas). A nivel nacional la población en riesgo abarca 6090 centros poblados con un total de 2 483 066 personas, 837 232 viviendas, 1.0 millones de hectáreas agrícola, 10 982 locales educativos y 2185 establecimientos de salud.
ANIN
Al mes de abril de 2026, ANIN administra una cartera de 239 proyectos, de los cuales 194 corresponden a la cartera de proyectos heredada, 13 le fueron delegadas, otros 21 proyectos están vinculados al Hub de Chancay y 11 proyectos de acción rápida del río Piura.
Entre 2022 y 2026, ANIN culminó 90 proyectos. No obstante, dicho ritmo muestra una desaceleración: en 2024 se culminaron 36 proyectos, mientras que en 2025 solo 14. Esta menor dinámica resulta preocupante en una cartera donde predominan intervenciones vinculadas a la prevención de desastres extremos
Dentro de su cartera, ANIN administra 61 proyectos de prevención distribuidos en ocho regiones, valorizados en S/22 784 millones lo que la constituye en el principal portafolio de inversión pública en defensas ribereñas, drenajes pluviales, control de inundaciones y soluciones integrales frente a desastres naturales.
Al 19 de junio de 2026, los proyectos de prevención administrados por la ANIN registran un avance promedio de 51 %, lo que deja un compromiso de inversión pendiente de S/11 621 millones. Este monto resulta determinante para medir la eficacia con que el estado viene gestionando la política pública de prevención ante desastres.
A nivel territorial tres regiones concentran el 66.8 % de las inversiones futuras destacando Lambayeque con una inversión de S/3890 millones distribuidos en 10 proyectos, seguido de Lima (S/2787 millones, 13 proyectos) y La Libertad (S/1081 millones, 7 proyectos). La dimensión de los S/11 621 millones pendientes es considerable y equivalen a casi cuatro veces el presupuesto total asignado a la ANIN para 2026, ascendente a S/3256 millones. En otras palabras, el nivel de recursos disponibles resulta insuficiente frente a la magnitud de las inversiones necesarias para asegurar la continuidad y culminación de las obras preventivas.
Para el año 2026 el ANIN solicitó un crédito suplementario de S/830 millones destinado a proyectos prioritarios de prevención; sin embargo, solo se aprobaron alrededor de S/210 millones, equivalentes a aproximadamente una cuarta parte de lo requerido. Esta situación ha obligado a reducir el alcance de varias intervenciones programadas. Se identificaron un total de 44 proyectos con problemas de restricción presupuestal. Lima concentra 11 proyectos con esta problemática seguido de Áncash (7 proyectos), Cajamarca (2 proyectos), Lambayeque (6), Ica (5), La Libertad (5) y finalmente Piura y Tumbes ambos con 4 proyectos.
PREVAED
El Programa Presupuestal 0068 (PREVAED), denominado Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, constituye el principal instrumento presupuestal mediante el cual el Estado financia acciones de prevención, reducción del riesgo, preparación y respuesta frente a desastres naturales.
Su nivel de ejecución cobra especial importancia frente a la creciente exposición a eventos climáticos extremos, ya que evidencia la capacidad del Estado para ejecutar oportunamente acciones de prevención y mitigación que contribuyan a reducir los daños sobre la población, la infraestructura y las actividades económicas.
Como antecedente reciente, el Fenómeno El Niño Costero de 2017 constituye un importante punto de referencia para evaluar la ejecución del Programa Presupuestal 0068. Este evento ocasionó graves daños en infraestructura pública, viviendas y medios de vida de miles de familias, con elevados costos económicos y sociales. Durante ese año, el Programa Presupuestal 0068 contó con un PIM de S/4360 millones y ejecutó S/2814 millones, equivalente al 64.5 % de los recursos disponibles al cierre del ejercicio fiscal.
Para 2026, el Programa Presupuestal 0068 cuenta con un PIM de S/3048 millones y, al 18 de junio, registra una ejecución acumulada de S/1162 millones, equivalente al 38.1 % de los recursos asignados. Si bien este porcentaje no es directamente comparable con el cierre anual de 2017, permite evaluar el ritmo de ejecución durante la primera mitad del año en un escenario de elevada exposición a desastres naturales.
Por nivel de gobierno, el Gobierno Nacional concentra la mayor ejecución, con S/632 millones y un avance de 42.7 %. En tanto, los gobiernos locales ejecutaron S/286 millones (35.4 %) y los gobiernos regionales S/244 millones (32.2 %). Estos resultados muestran que la mayor parte de la ejecución de los recursos para la gestión del riesgo de desastres continúa concentrándose en el Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos subnacionales presentan un menor avance en la ejecución de las acciones de prevención y reducción de riesgos.
A nivel territorial, Lima concentra el mayor monto ejecutado, con S/517 millones y un avance de 49.2 %, seguida por Ica con S/164 millones (41.3 %). En contraste, preocupa la situación de regiones históricamente expuestas a inundaciones y desbordes. Tumbes registra una ejecución de apenas 10.7 %, mientras que Áncash alcanza 22.2 % y Piura 34.2 %. Estos resultados evidencian un bajo nivel de avance en departamentos con alta exposición a eventos climáticos extremos, donde la ejecución oportuna de las intervenciones resulta fundamental para reducir la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura.
En contraste, regiones como Ucayali (58.7 %), Tacna (50.9 %) y Arequipa (49.1 %) muestran una capacidad de ejecución superior al promedio nacional del programa. No obstante, la heterogeneidad entre departamentos sugiere que las brechas de gestión continúan siendo un factor determinante para la implementación oportuna de las acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres.
En conjunto, los resultados muestran que el principal desafío no radica únicamente en asignar mayores recursos para la gestión del riesgo de desastres, sino también en asegurar su ejecución oportuna y eficiente. Fortalecer la capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno permitirá que las intervenciones de prevención y reducción de riesgos se traduzcan en una menor vulnerabilidad de la población, la infraestructura y las actividades económicas frente a futuros eventos climáticos extremos.
