Los gremios de las micro y pequeñas empresas (MYPE), que agrupan a distintos sectores productivos y de servicios a nivel nacional, solicitaron al Congreso de la República priorizar en el Pleno una agenda legislativa urgente en favor de las MYPE y PYME del país, ante la profunda crisis económica y de inseguridad que afecta al sector.
Los representantes de las MYPE señalaron que, desde la pandemia, los pequeños negocios atraviesan una situación crítica que se ha agravado por el incremento de la inseguridad ciudadana, la extorsión y el exceso de regulaciones que elevan sus costos operativos.
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“El impacto de la delincuencia y las trabas burocráticas está asfixiando a miles de emprendedores y pequeños empresarios en todo el país. Las respuestas del Gobierno han sido insuficientes y por ello recurrimos al Poder Legislativo para adoptar medidas inmediatas”, indicaron.
En ese sentido, los gremios respaldaron que el Pleno del Congreso incorpore y debata diversos proyectos de ley orientados a brindar alivio financiero y seguridad a las pequeñas empresas.
Entre las principales iniciativas destacan el Proyecto de Ley 11366, que establece medidas de protección y apoyo a los pequeños negocios frente a la extorsión y el crimen organizado; así como los proyectos 13411 y 13559, que plantean un fraccionamiento especial de la deuda tributaria para aliviar la carga económica de las MYPE.
Asimismo, solicitaron aprobar el Proyecto de Ley 536, para que el Congreso recupere la facultad de legislar en materia del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que permitirá mayor predictibilidad y respuestas rápidas ante una eventual crisis de combustibles.
Otro de los pedidos es aprobar por insistencia el Proyecto de Ley 7065, referido a la creación del REMA, una figura que permitiría a empresas domiciliadas en el Perú recibir temporalmente mercancías del exterior, generando mayores oportunidades comerciales.
De igual manera, demandaron la derogatoria del Decreto Legislativo 1669, al considerar que reduce el plazo para el recupero del crédito fiscal sin estar contemplado dentro de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, por lo que calificaron la medida de inconstitucional.
Los gremios también solicitaron elaborar una ley que establezca procedimientos claros para el pago de deudas devengadas del Estado a proveedores y empresas de servicios, debido a que actualmente la Ley de Contrataciones del Estado no precisa mecanismos ni financiamiento para cumplir con obligaciones pendientes de años anteriores.
Las organizaciones recordaron que las MYPE representan el 99 % de las empresas del país y generan el 45 % de la masa laboral nacional, por lo que consideraron que impulsar esta agenda constituye “un acto de justicia social” para un sector que históricamente ha sido relegado.
Finalmente, hicieron un llamado al Parlamento para convertir el desarrollo de las MYPE en una agenda nacional.
