Perú: Minería ilegal y delitos contra la administración pública las mayores amenazas

Verónica Boza Santaolalla, intendente de análisis estratégico de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), presentó una investigación en el IV Foro Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sobre las principales vulnerabilidades que enfrenta el Perú ante la corrupción, destacando como mayores amenazas la minería ilegal y los delitos contra la administración pública.

En su ponencia, la especialista mostró diversas gráficas sobre cómo la corrupción en el Perú facilita la ejecución de distintos delitos. Entre las principales vulnerabilidades destacó la falta de concientización sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y una tolerancia que facilita la corrupción en el sector público.

Tanto la minería ilegal como los delitos contra la administración pública son consideradas por la SBS las mayores amenazas para el país. El tráfico ilícito de drogas y los delitos aduaneros representan una amenaza media. También se compartieron estadísticas sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS), en las que los bancos representan el 47 % de los casos y las notarías un 29 %. Asimismo, las entidades bancarias ocupan el 94 % de organizaciones que reportan montos superiores en operaciones sospechosas.

Corrupción en el Perú: 95 % de operaciones sospechosas se dieron a nivel nacional

La SBS identificó que en los ROS relacionados con posibles delitos contra la administración pública, las actividades se concentraron en la costa, principalmente en Lima, Áncash y La Libertad. El 95 % de estos casos tuvo un alcance nacional, mientras que el 5 % alcanzó un nivel internacional, involucrando países como Estados Unidos, Brasil, Panamá y España.

Además, se observó que las personas naturales que reportaron operaciones sospechosas son peruanos y brasileños, de entre 36 y 55 años, con ocupaciones como independientes, empresarios y abogados, y estudios en ciencias económicas. En cuanto a personas jurídicas, las Sociedades Anónimas Cerradas (SAC) representan el 80 % de los denunciantes, principalmente de los sectores de construcción y comercio mayorista/minorista.

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