Migraciones: Más de 760 extranjeros fueron expulsados del país por irregularidades

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y resguardar la seguridad de la ciudadanía, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó 1,123 operativos de verificación y fiscalización migratoria en diversas regiones del país.

Como resultado, durante los tres primeros meses del año se ordenó la expulsión de más de 760 ciudadanos extranjeros en situación irregular.

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¿Dónde se realizaron los operativos?

Las acciones se concentraron principalmente en:

• Puno: 20.93% de los operativos
• Pucallpa: 11.84%
• Tumbes: 10.15%
• Tarapoto: 9.26%
• Lima: 7.21%
• Arequipa: 5.88%
• Chimbote: 5.25%

Asimismo, se llevó a cabo en otras ciudades como Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo.

¿Qué procedimiento se aplica?

A los extranjeros intervenidos se les aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permite su expulsión del país en un plazo máximo de 24 horas. Este proceso rápido se utiliza en casos donde las personas han ingresado sin autorización o representan un riesgo para la seguridad nacional.

El PASEE consta de dos etapas:

1. Fase instructora, donde se informa al ciudadano sobre la infracción cometida.
2. Fase sancionadora, que concluye con la emisión de la orden de expulsión por parte de Migraciones, y su ejecución a cargo de la Policía Nacional.

Oficina móvil para una acción más rápida

Para agilizar aún más el proceso, Migraciones ha implementado una oficina móvil equipada con tecnología de última generación. Esta unidad permite verificar en el acto el estatus migratorio de los intervenidos y, si corresponde, iniciar inmediatamente el proceso sancionador.

La unidad cuenta con:

• Cuatro módulos de trabajo
• Conexión a internet satelital
• Autonomía de energía eléctrica

Trabajo conjunto por la seguridad

Estos operativos no se realizan de forma aislada. Cuentan con el respaldo del Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), y autoridades regionales y locales, lo que refuerza la legalidad y efectividad del proceso.

Con estas acciones, el Estado peruano reafirma su compromiso de garantizar el respeto a las normas migratorias y proteger la seguridad de todos los ciudadanos.

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