Mensaje de 28 de julio debe sentar bases para crecimiento sostenible del país

En el último año del actual Gobierno, el sector empresarial del país tiene la expectativa de que el mensaje a la Nación vaya más allá de una rendición de cuentas, anuncios de fusiones o creación de ministerios. En esa línea, desde el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advertimos que la economía peruana enfrenta restricciones que limitan su capacidad de un mayor crecimiento sostenido, con dificultades para restablecer el equilibrio fiscal y con una creciente inseguridad que impacta especialmente a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Estos desafíos requieren no solo medidas estructurales, sino también decisiones de corto plazo, por lo que se espera un mensaje con propuestas claras y viables, que sienten las bases para un país más competitivo, seguro y con crecimiento sostenible.

Bajo estas condiciones, consideramos que el mensaje presidencial debe priorizar cinco pilares fundamentales:

Disciplina Fiscal

El próximo mensaje a la Nación debe incorporar un compromiso firme con la estabilidad macroeconómica. El déficit fiscal cerró el 2024 en 3,5 % del PBI, superando el límite establecido en la regla fiscal y para el 2025, el Gobierno proyecta un déficit del 2,5 %, meta que viene siendo ajustada en múltiples ocasiones. Por su parte, la deuda pública ha seguido una trayectoria ascendente, pasando del 26,2 % del PBI en el 2019 al 32,1 % en el 2024. Si bien se mantiene como la más baja de la región, hay una tendencia a su estancamiento.

Las reglas fiscales, en particular la referida al resultado económico, establecen una ruta clara de consolidación, con metas del déficit de 2,5 % en el 2025 y de 2 % en el 2026. A mayo de este año, el déficit se ubicó en 2,7 % del PBI, reflejando una mejora frente al año anterior, pero aún por encima de los objetivos iniciales.

Además, recordemos que, hasta el próximo 31 de agosto, el Poder Ejecutivo debe presentar el Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 al Congreso de la República, el cual deberá reflejar un compromiso claro con la responsabilidad fiscal y la eficiencia en el gasto público. En un año preelectoral, las reglas fiscales son fundamentales para mantener la confianza de los mercados, asegurar la credibilidad fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica.

Seguridad Ciudadana

El país enfrenta una grave crisis de seguridad ciudadana, caracterizada por el aumento en el número de homicidios, extorsiones y delitos violentos. Solo en el 2024, se registraron 2 069 homicidios, la cifra anual más alta de los últimos años. La tendencia se mantiene en el 2025, con 1 085 homicidios al mes de junio, lo que equivale a un asesinato cada cuatro horas.

A esto se suma el fuerte deterioro en la seguridad de la población. De acuerdo con el Informe Técnico N.° 4 de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI (junio-2025), la percepción de inseguridad al caminar solo en su zona o barrio de noche se ha incrementado significativamente. En Lima Metropolitana y Callao, pasó de 62 % en el 2024 a 65,4 % en el 2025 y el nivel del promedio nacional urbano, subió de 57,6 % a 59,7 % en el mismo periodo.

Este clima de criminalidad impacta severamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que enfrentan mayores costos operativos, pérdidas de clientes y riesgos crecientes, afectando el desarrollo de los negocios y la creación de empleo.

La seguridad ciudadana debe asumirse como un bien público esencial. Es por ello que el sector empresarial exige acciones concretas e inmediatas frente a la creciente inseguridad. Con solo un año de gestión restante, el mensaje presidencial debe ser claro y firme, anunciando un Plan Estratégico Integral de Seguridad, que combine medidas de contención urgentes con estrategias sostenibles de mediano y largo plazo. Este plan debe cerrar brechas críticas en infraestructura, personal, equipamiento y capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como fortalecer el sistema de justicia, garantizando procesos de investigación y sanción más ágiles y efectivos, con una respuesta rápida frente al crimen.

En esa dirección, para el presente año se espera concretar alianzas estratégicas entre el sector público y privado para mejorar la seguridad en el país a través de la adjudicación de 52 proyectos priorizados a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) cuya inversión asciende S/ 826 000 000.

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Minería Ilegal

La minería ilegal es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible del país, con impactos económicos, sociales y ambientales. Su expansión en regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas ha provocado una cadena de impactos negativos: deforestación, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas y el fortalecimiento de redes criminales. Enfrentar este problema exige una estrategia clara, técnica y multisectorial que permita recuperar el control territorial en las zonas afectadas.

El Gobierno debe establecer una hoja de ruta que incluya la reforma del marco legal para diferenciar la minería informal de la ilegal, el control efectivo de las cadenas logísticas vinculadas al comercio de oro ilegal, la implementación de un sistema de trazabilidad y vincular esfuerzos con autoridades regionales y locales para recuperar el control de las zonas mineras ilegales.

Asimismo, promover la formalización minera simplificada, ofreciendo condiciones claras, asistencia técnica y acceso al financiamiento para los pequeños productores que busquen operar dentro de la ley. Formalizar no es flexibilizar, sino integrar con responsabilidad a quienes pueden cumplir estándares ambientales y laborales mínimos.

Shock de Inversiones

El crecimiento económico en el 2025 muestra signos de recuperación, con una expansión proyectada del 3 % del PBI, pero llegando a su nivel potencial, es decir, con escasas posibilidades de crecer a una tasa mayor y de manera sostenida. Ante esta realidad, el país necesita un shock de inversiones que priorice la ejecución de proyectos de infraestructura física y social que amplíe la capacidad productiva del país, mejorando su competitividad y productividad.

La reciente reforma al régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) debe traducirse en un proceso más ágil para la adjudicación y ejecución de proyectos. Actualmente, la cartera gestionada se estima en US$ 16 700 millones para el periodo 2025- 2026. Sin embargo, este impulso no debe comprometer la calidad del gasto ni debilitar los mecanismos de control fiscal ni la adecuada gestión de riesgos contingentes.

La experiencia internacional y las recomendaciones de organismos como la OCDE y el FMI enfatizan en fortalecer los marcos de gobernanza, particularmente asegurando la rectoría del ente fiscal en las etapas claves del ciclo de los proyectos de Asociaciones Públicos Privadas (APP).

Por otra parte, en el Puerto de Chancay se ha avanzado en la fase operativa tras la inauguración de noviembre de 2024, con una movilización creciente de contenedores y vehículos, cumpliendo alrededor de seis meses de marcha blanca. Sin embargo, persiste como reto principal la infraestructura vial de acceso: el túnel-viaducto y la carretera complementaria aún no permiten la fluidez necesaria, lo que limita la competitividad logística.

En el discurso se debe comprometer la entrega final de estos accesos, con fechas concretas y con un presupuesto claramente asignado. Es estratégico también el desarrollo de parques industriales y la integración con cadenas productivas del interior del país.

Asimismo, es fundamental mantener la continuidad del shock de desregulación, que resulta complementario al de inversiones, ya que potencia sus efectos sobre la producción y la competitividad. Este proceso, apoyado por el sector empresarial, debe lograr la simplificación de los trámites administrativos, la modernización digital del Estado y la eliminación de sobrecostos regulatorios.

Programas Sociales

La pobreza en el 2024, si bien se redujo a 27,6 % de la población, viene afectando a 9 400 000 de personas. Si bien el crecimiento económico y el empleo es el mecanismo más importante para su reducción, los programas sociales ejercen un rol complementario para mitigar los impactos de la pobreza extrema, especialmente en niños y adultos mayores. Uno de los casos más críticos es el del programa de alimentación escolar Qali Warma, que, tras los casos de intoxicación alimentaria, fue reformulado en el 2024 bajo la denominación de “Wasi Mikuna” para luego ser suspendido.

La Defensoría, en febrero del 2025, detectó conservas contaminadas con S/ 24 500 000 en perjuicio del Estado y riesgos sanitarios para los estudiantes. En ese sentido, el mensaje presidencial debería anunciar el establecimiento de un modelo de Núcleo Ejecutor con participación ciudadana, delegando recursos directamente a comités locales para asegurar transparencia, fortaleciendo el control sanitario con análisis de laboratorios periódicos exigidos a todos los proveedores y una fiscalización especializada.

En síntesis, el IEDEP considera que es indispensable que este mensaje trascienda los anuncios coyunturales y siente las bases para que el país fortalezca su institucionalidad, estabilidad, seguridad y competitividad.

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