Ley que prohíbe tercerización promueve informalidad y frena desarrollo de mypes
La Comisión de Asuntos Laborales de la CCL exhortó al gobierno a derogar dicho decreto supremo por considerarlo abiertamente ilegal e inconstitucional. Aseguró que la ley laboral debe fomentar la creación y crecimiento de empresas y no destruirlas, tal como lo intenta hacer la nueva ley de tercerización.
Reproducir:
El Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo no ha considerado los efectos perniciosos del Decreto Supremo 001-2022-TR, norma que restringe la tercerización laboral y que solo incentiva la generación de una mayor informalidad laboral y, con ello frena el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes) formales relacionadas a esta actividad, afirmó la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Las tercerizadoras formales son, en su mayoría, pequeñas o microempresas, que emplean a uno de cada 14 trabajadores en planilla. Con esta norma se les cierra la vía hacia el desarrollo de sus negocios, polarizando la actividad económica y el empleo hacia la gran empresa y hacia la informalidad”, remarcó.
En ese sentido, la Comisión de Asuntos Laborales del gremio empresarial exhortó al gobierno a derogar el referido decreto supremo por considerarlo abiertamente ilegal, pues modifica –y por lo tanto irrespeta– categorías establecidas por ley. Además, reiteró que es inconstitucional, dado que el decreto afecta el derecho a la libre iniciativa empresarial que garantiza la Constitución.
“Nuestro país requiere de un manejo ordenado y prudente de su sistema laboral, pues es una base mínima para la reactivación económica y la creación de empleo. Esta norma hace todo lo contrario y debe, por lo tanto, ser derogada”, subrayó.
► CCL: Decreto Supremo que restringe ley de tercerización de servicios es inconstitucional
► Reglas básicas sobre la tercerización de servicios
A ello se suma que la norma veta una serie de modalidades de contratos entre empresas, definiendo lo que pueden hacer y lo qué no.
“De esta manera, el Estado y no quienes llevan a cabo las actividades productivas, será el que determine su organización, prohibiendo a la vez a aquellas que no encajen en este esquema”, advirtió.
Incumplimiento
Así también mencionó que los abusos que han venido sufriendo muchos trabajadores se han producido por el incumplimiento de las normas preexistentes, no por su utilización. Por ello, aseguró que esta nueva norma afectará a los que venían cumpliendo de manera correcta la ley laboral, la misma que debe fomentar “la creación y crecimiento de empresas, mas no destruirlas”.
Remarcó que dicha norma no ha sido evaluada en el Consejo de Ministros ni por los múltiples sectores que afecta, sino que se publicó de manera sorpresiva, contradiciendo las declaraciones previas de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y al propio Ministerio de Economía y Finanzas, que la describió como inviable.
“El Ministerio de Trabajo (MTPE) no ha escuchado a los involucrados, a pesar de que se ofreció tratar este tema ante el Consejo Nacional de Trabajo”, anotó la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL.
