Leonardo López: «El Estado debe promover la recuperación y la reactivación de las empresas»

En época de crisis, vuelve a debatirse qué puede hacer el Estado para recaudar más. ¿Qué alternativas existen para recaudar más y mejor en esta época de pandemia?

La recaudación más importante proviene de las rentas que producen las empresas y del consumo de los bienes y servicios que estas producen. En la difícil coyuntura en que nos encontramos, en que miles de empresas han perdido parte importante de sus ingresos, pero que mantienen en muchos casos a sus trabajadores, sería contraproducente que el Estado pretenda recaudar más incrementando la tasa de impuestos vigentes o estableciendo tributos que graven el capital susceptible de ser destinado a generar mayor riqueza.

Lo que corresponde es que el Estado se enfoque en promover la recuperación y la reactivación de las empresas, en incorporar a la formalidad a miles de ellas que operan al margen de la ley, y en promover el establecimiento de nuevas inversiones. Todo ello con el objetivo de generar nueva riqueza susceptible de ser afectada por los tributos.

¿Cómo ayudar, desde la administración tributaria, a las empresas para que no se vean afectadas más de lo que ya están a raíz de la pandemia?

Desde la política tributaria debería considerarse el establecimiento de medidas que contribuyan a la liquidez y al mantenimiento del capital de trabajo de las empresas, de modo tal que se evite el rompimiento de la cadena de pagos. Por ejemplo, deben aplicarse medidas como diferir el pago de las obligaciones tributarias, pero no solo de las micro y pequeñas empresas, sino también de las medianas y grandes que están pasando por la misma situación. También se puede acelerar la devolución de tributos pagados indebidamente, así como de los saldos a favor del Impuesto a la Renta (IR).

Otras medidas podrían ser la suspensión de los pagos del Impuesto Temporal a los Activos Netos, la devolución del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) acumulado en un período de tres o cuatro meses sin poder ser aplicado y ampliar el plazo de arrastre de pérdidas tributarias, entre otras. Además, debemos repensar el establecimiento de zonas francas privadas destinadas a promover inversiones, sin que ello tenga que pasar necesariamente por la reducción de la tasa del IR. Adicionalmente, no debemos descartar evaluar la reducción de la tasa del IGV, considerando que afecta a los que menos tienen; varios países ya han reducido sus impuestos al consumo con ocasión de la pandemia que enfrentamos.

¿Qué opina sobre un eventual “impuesto a la riqueza”?

No es momento para pensar en ello. De lo que se trata es que la fuente de la producción de riqueza (la empresa) se recupere y de crear las condiciones para que se establezcan nuevas fuentes de generación de riqueza, es decir, nuevas inversiones. Seamos imaginativos en ello y no caigamos en el facilismo de gravar el patrimonio. Un impuesto así desalienta la inversión de capital para la generación de riqueza y, más bien, promueve su ubicación en jurisdicciones tributarias más equitativas.

Además, puede suponer gravar una riqueza que ya tributó el IR. Imagínense un grupo de profesionales que, con mucho esfuerzo, pusieron su empresa de consultoría, comenzaron a crecer, les va muy bien (ahora quizá ya no tanto) y ya pagaron el IR por las utilidades obtenidas. Los citados profesionales recibieron, además, sus dividendos y sus remuneraciones que también pagaron el IR, siendo que con dichos ingresos se hicieron de un patrimonio, compraron una casa, un vehículo y tienen ahorros. Pero ahora resultaría que esos ingresos tienen que tributar nuevamente. Suena inequitativo, por decir lo menos, máxime si en el país se tiene un gran bolsón de informalidad que no tributa.

Sunat mantiene controversias tributarias con decenas de empresas por miles de millones de soles. En algunos casos el proceso se ha judicializado y lleva varios años. ¿Cree que el Gobierno debe proponer a estas empresas llegar a un acuerdo para así obtener dinero fresco?

Ciertamente, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. La deuda tributaria contingente, es decir, aquella que es materia de un litigio y que el Estado no sabe si va a cobrar porque podría perder el juicio, asciende aproximadamente a 5 puntos del PBI. Entonces, sería interesante que el Estado plantee a los contribuyentes, a través de una ley, alternativas para que estos se desistan de sus litigios a cambio de pagar parte de dicha deuda. Todos ganan; el Estado porque cobra algo que podría cobrar tarde, mal o nunca; mientras que los contribuyentes eliminan una contingencia, además que se reduce la carga procesal del Poder Judicial y de los administradores tributarios, lo que lógicamente también supone un costo.

Insistentemente se habla de la necesidad de una reforma tributaria. ¿Es necesaria?

Para hacer una reforma precisamos saber qué es lo que necesitamos reformar, qué es lo más urgente que necesitamos reformar y allí todos podemos coincidir en que algo tenemos que cambiar para lograr que más peruanos tributen como lo hace el sector formal, de manera que ello permita que más peruanos tengan seguridad social, una pensión digna y una mejor educación. Dicen los expertos que tenemos casi un 70% de informalidad que no tributa como el 30% restante. Entonces, la cosa es clara: la reforma no debe pasar porque ese 30% tribute más, sino por cómo hacemos para reducir ese 70% que no lo hace.

Definida una reforma tributaria dentro de esos alcances, tenemos que identificar las causas que generan dicha situación de excesiva informalidad que no tributa como corresponde, para que, identificadas, busquemos los mecanismos e instrumentos para eliminarlas. Por ejemplo, una de las causas de la excesiva informalidad es, paradójicamente, el costo tributario de la formalidad. Tenemos que idear propuestas para que el paso a la formalidad sea menos costoso y que, a su vez, suponga estar en una mejor posición frente al informal. Es un trabajo complejo, sin duda, pero hay que comenzar a hacerlo de cara a los recursos que va a necesitar el Estado para recuperar la salud macroeconómica que se ha visto mitigada por la crisis sanitaria.

¿Qué planteamientos ha hecho llegar la Comisión Tributaria de la CCL al Gobierno con respecto a la política tributaria?

Alcanzamos algunos planteamientos y trabajamos en otros. Por ejemplo, hemos propuesto la reducción de la tasa de interés moratorio; un tratamiento que estimule la entrega de donaciones asistenciales eliminando la carga fiscal que hoy se aplica para los donantes, por increíble que suene; y la devolución del crédito fiscal acumulado que no haya sido utilizado en un determinado periodo. Estamos trabajando también en un proyecto de ley sobre zonas francas privadas que promueva el desarrollo de inversiones inmobiliarias en las que se pueden ubicar industrias de bienes y servicios, así como un proyecto de ley planteando alternativas para que el Estado pueda cobrar la deuda tributaria contingente mediante la rebaja de dicha deuda contra el desistimiento de los deudores tributarios.