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Infringir el derecho de autor: ¿Cuándo la empresa es responsable?

Decreto Legislativo 1724 modifica la Ley sobre el Derecho de Autor para adecuarla a los estándares internacionales modernos.
Las empresas peruanas están cada vez más dispuestas a contratar nuevos trabajadores,  según la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de  ManpowerGroup

Álvaro Gálvez Calderón

La publicación del Decreto Legislativo 1724 modifica la Ley sobre el Derecho de Autor para adecuarla a los estándares internacionales modernos sobre responsabilidad de intermediarios digitales ¿qué impacto tendrá en las empresas?

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Conviene saber que antes de esta modificación, la normativa peruana era ambigua respecto al rol de plataformas y proveedores de Internet cuando usuarios difundían material que infringía derechos de autor.

Esta falta de claridad generaba incertidumbre jurídica, especialmente para empresas globales que operan almacenamiento en la nube, motores de búsqueda, redes sociales o plataformas de streaming.

Ahora, la norma introduce eximentes de responsabilidad, similar los existentes en otros países, conforme a los cuales, proveedores de acceso y plataformas digitales no serán responsables por infracciones cometidas por usuarios, siempre que cumplan determinados requisitos.

Entre los requisitos establecidos están el no iniciar la cadena de transmisión, no modificar contenidos, actuar rápidamente para retirar material protegido cuando reciban una notificación válida y contar con mecanismos para suspender cuentas de infractores reincidentes.

Además, incorpora un procedimiento de notificación y contranotificación que otorga seguridad jurídica tanto a los titulares de derechos como a los usuarios.

Los artículos 211 a 213 definen requisitos, plazos y contenido mínimo para ambos tipos de comunicaciones, asegurando un equilibrio entre la protección del derecho de autor y la libertad de expresión en el entorno digital.

Asimismo, el decreto instruye al Poder Ejecutivo a emitir un reglamento en un plazo máximo de 90 días, que detallará el sistema de multas aplicables, las obligaciones específicas de cada tipo de proveedor y los requisitos técnicos para la gestión de denuncias digitales.

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