Héctor Acuña: “Necesitamos medidas que eliminen barreras burocráticas”

Tras asumir como congresista de la República, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación socioeconómica del país?

Antes de la pandemia, el INEI estimaba que más de 11,5 millones, de los cerca de 14,8 millones de trabajadores en el Perú, laboraban en la informalidad.

Estas personas subsisten sin beneficios sociales o trabajaban en negocios no formalizados. La crisis sanitaria ha agudizado la crisis socioeconómica que vivimos en todo el Perú, generando mayor informalidad o dejando sin sustento económico a millones de peruanos.

Los peruanos, con esfuerzo, creatividad y empeño, han diseñado una serie de estrategias en medio de la crisis para subsistir diariamente.

Nuestros emprendedores han adaptado sus negocios a las necesidades de la población, incorporando los sistemas de pagos por internet.

Las clases se dictan de manera “virtual”, lo mismo con los “servicios online” de delivery, atenciones de salud, consultas profesionales, etc.

Estos emprendimientos deben ser incluidos en la formalidad para que sean más competitivos y tengan acceso al mercado nacional e, incluso, logren su internacionalización.

Al respecto, hay muchas oportunidades en los acuerdos comerciales suscritos con el Perú, como los TLC con EE.UU., China, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico.

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¿Cuáles deben ser las medidas a adoptar desde el Congreso?

Yo prestaría atención a lo que expuso la CCL al estimar que serían alrededor de 2,2 millones de personas que ni estudian ni trabajan.

Entonces, considero que sería un buen comienzo establecer medidas legales para incorporar a estas personas dentro de la población económicamente activa.

Estas medidas deben estar enfocadas a eliminar las barreras que vienen frenando el crecimiento económico sostenido y el acceso a un empleo adecuado y formal.

Si aumentamos la fuerza laboral productiva, podremos revertir el desempleo y brindar acceso a un mercado laboral sin barreras normativas y sobrecostos.

¿Qué propone como alternativa para sacar a los emprendedores del abandono estatal?

Si el Estado no está en capacidad económica de invertir en nuestros emprendedores, entonces debe promover la participación de las inversiones privadas.

Esto se hace eliminando las trabas burocráticas, sus sobrecostos y creando mecanismos legales que favorezcan la inversión en el empresario emprendedor.

En el Plan de Gobierno de Alianza Para el Progreso (APP), dimos cuenta de este problema porque el sistema de inversión pública ha colapsado.

El Estado recurrió a convenios G2G para ejecutar proyectos importantes como los Juegos Panamericanos del 2019 y la Reconstrucción con Cambios.

También se incrementaron los trámites para otorgar permisos y licencias a nivel nacional, regional y municipal, haciendo más costosa la formalidad y el desarrollo empresarial.

Por esta razón es indispensable hacer una reingeniería profunda del aparato público y un análisis de impacto regulatorio de todas las normas existentes.

Se deben derogar aquellas que sean contraproducentes para el desarrollo empresarial y priorizar la atención al ciudadano, sobre todo de los más vulnerables.

¿Podría dar algún ejemplo?

Por ejemplo, es indispensable fijar parámetros sobre las modificaciones a las normativas reglamentarias que regula la Sunat.

Actualmente, esta entidad realiza constantes variaciones, introduciendo cambios a discreción en sus trámites y castigando severamente a quienes no cumplan con tales formalismos.

Hoy la Sunat actúa con un enfoque meramente recaudador, en lugar de promover la formalidad, la complica.

Entorpece las inversiones privadas y los emprendimientos con una política que genera costos innecesarios, contratiempos y gastos en recursos para adaptarse a una tramitología antojadiza.

¿Eso no provocaría un riesgo de evasión y afectaría la recaudación fiscal?

Por supuesto que no. Urge combatir la evasión y ampliar la base tributaria para elevar los índices de recaudación fiscal, a eso debe dedicarse Sunat.

Sin embargo, se enfoca en la generación de trámites “camaleónicos” e impone multas injustas a quienes no los cumplen, generando desconcierto. Esta práctica termina ahogando al contribuyente, ahuyentando las inversiones y generando mayor informalidad.

¿Qué recomendaría al Gobierno y las entidades del Estado?

El Estado debe entender que el sector privado ha sido duramente golpeado por la pandemia, afectando profundamente a miles de negocios y emprendimientos.

Por esta razón, y en el corto plazo, las inversiones necesitan un marco legal que brinde un escenario con reglas claras, simples y transparentes.

Solo así el sector privado nacional, especialmente nuestros emprendedores, y los inversionistas extranjeros, confiarán en el Perú como un país viable para generar riqueza.

Con más inversiones, el sector privado tendrá un mayor flujo de caja para fortalecer el financiamiento de ideas de negocio innovadoras y emprendimientos ambiciosos.

Por esta razón, es necesario eliminar las barreras burocráticas y las multas absurdas, que solo consiguen reducir los ya escasos recursos financieros de nuestros emprendedores. El Estado debe entender que sin inversión privada no tendremos suficiente riqueza que distribuir.

¿Cómo se van a materializar estas medidas en el Congreso?

Para mí, ahora la prioridad es la reactivación económica y empezaré atendiendo las necesidades de nuestros emprendedores, especialmente aquellos cuyos negocios sostienen a sus familias.

La pandemia de la COVID-19, a la que todavía sobrevivimos, no puede seguir limitando el crecimiento de estos negocios ni evitar que surjan nuevas posibilidades de inversión.

Es por eso que vengo trabajando en la Ley de Impulso al Emprendedor, que contempla lo siguiente:

• La simplificación administrativa en todos los niveles de gobierno, tanto nacional, como regional y local, incorporando los mecanismos de trámite digital y billetera virtual.
• La eliminación de barreras burocráticas, complementando el marco legal establecido en el Decreto Legislativo 1409.
• Establecer la reducción de impuestos y costos fiscales en general para los que opten por la formalización, que incluye un periodo de gracia tributario que permita recuperar los costos de su formalización, hasta alcanzar una cuota acorde con la capacidad económica de cada negocio.
• Reducir los costos notariales, registrales y administrativos para el emprendedor.
• Impulsar al emprendedor exportador, dotándolos de capacitación para el comercio exterior, y acompañamiento para la internalización de sus negocios. Nuestros emprendedores tienen que insertarse en el comercio global.
• En el caso de emprendedores con negocios del sector servicios, que son en su mayoría informales, las medidas están orientadas a planificar, articular o expandir sus negocios a nivel nacional e internacional.

La población viene siendo afectada por el alza del dólar pese a las intervenciones del BCR. ¿Qué opina al respecto?

Es evidente que la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) es cada vez menos eficaz. Por lo tanto, se necesitan establecer medidas legales alternativas.

Estas deberían permitir aprovechar los incrementos de la moneda extranjera y no afectarnos con el aumento de precios del combustible o de los insumos importados.

En ese sentido, es importante el ingreso de divisas producto de exportaciones gestionadas por empresas formales, porque dinamizan el sector productivo y la cadena logística.

Esto pasa por brindar empleo digno y adecuado de capital humano hasta la articulación operativa con proveedores locales altamente competitivos en comercio exterior.

Por esta razón, las medidas legales que se adopten deben apuntar a simplificar y reducir los costos de nuestras exportaciones.

De esta manera, las empresas contarán con recursos para expandir sus operaciones y generar más puestos de trabajo directos e indirectos, beneficiando a muchas familias.

Sobre esto, felicito y apoyo la iniciativa de la CCL para crear un Plan de Desarrollo Logístico Integral que fomente la infraestructura de nuestros puertos.

Con el apoyo de la inversión privada en aeropuertos y vías terrestres, será posible establecer una ruta directa descentralizada desde la planta hasta el embarque.

Este sistema debería contar con las facilidades necesarias y requeridas para el tratamiento de la carga, siguiendo altos estándares de clase mundial.

¿Los últimos sucesos ocurridos en el plano político ponen en riesgo estas medidas?

La cuestión de confianza ya fue otorgada y toca al Gobierno enfocarse en ejecutar las medidas a su cargo para atender las necesidades de nuestra población.

Por mi parte, me corresponde plantear concretamente medidas legales que ayuden a reactivar la economía y la operatividad de las empresas, especialmente de los emprendedores.

Estas deben converger con las políticas adoptadas por el Gobierno y para esto, las relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo deben ser óptimas. Todo esto con miras a lograr un Perú que ostente una economía saludable y sostenible en el corto, mediano y largo plazo.