Gobierno no prioriza gasto eficiente en salud y educación

El panorama internacional de incremento de precios de alimentos, desaceleración continua de nuestros principales socios comerciales­ –tanto Estados Unidos como China–, y la elevada inflación que se registra mes a mes obligan a la autoridad monetaria a incrementar su tasa de referencia, encareciendo de esta manera el costo del crédito paulatinamente.

En estas circunstancias, se hace necesario que los recursos fiscales sean correctamente direccionados, priorizando la infraestructura para la reactivación económica y la educación y salud, para recuperar el capital humano tan afectado durante la crisis sanitaria.

Calidad del gasto afecta el capital humano

La falta de estándares en la oferta de servicios públicos, como en educación y salud, es una de las causas del descontento social y de los crecientes conflictos activos y latentes en el Perú. En ese contexto, las iniciativas legislativas dirigidas a facilitar la inversión pública en todas las actividades económicas con un Estado que oriente la actividad productiva son, para el IEDEP, irracionales.

Ello debido a que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para invertir. Hay que recordar que, por cada sol que invierte el sector público, el privado invierte S/ 4,5. Y, con los recursos con los que el Estado dispone no alcanza para ofrecer ni salud ni educación de calidad, sobre todo en las áreas rurales del país. Cabe señalar, por otro lado, que el tamaño del Estado lo obliga a priorizar el gasto corriente en desmedro del gasto de capital.

Así las cosas, la ejecución presupuestal del 2021 cerró con un gasto total de S/ 198.509 millones, con una participación de salud y educación del 17% y 14%, respectivamente, un equivalente a S/ 60.328 millones para atender los gastos del capital humano. No obstante, una de las razones por la que persiste la crisis de la enseñanza y la salud es la baja calidad en el destino de dichos recursos.

Una manera de apreciar esta problemática es analizando el gasto corriente del gasto de capital, destacándose la adquisición de activos no financieros, lo que es inversión pública propiamente dicha.

Al considerar solo el gasto de capital en educación y salud durante el 2021, se observa que la participación presupuestal se reduce drásticamente de un 31% a un 5% (3% en el caso de educación y 2% en salud). Es decir, S/ 9.312 millones se destinaron para crear activos duraderos a favor del capital humano, recursos insuficientes para cerrar la brecha social.

Menor gasto de capital en educación y salud

Entre enero y abril del 2022, el gasto en inversiones para adquisición, mejora y reparación de los bienes de capital en educación se contrajo en S/ 58,8 millones respecto a similar periodo del 2021. Esto es algo que no se entiende tomando en cuenta la reanudación de las clases escolares y la necesidad de garantizar las mejores condiciones en las instituciones educativas.

En tanto, la pérdida de inversión fue mayor en el sector salud. Comparado con similar periodo del año anterior, la reducción fue de S/ 260,2 millones para adquirir nuevos activos en salud e ir cerrando brechas, sobre todo en zonas rurales del país.

Es importante señalar que los contratos G2G ejecutados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en materia de salud y educación amortiguó la caída del gasto en capital.

En otras palabras, la situación pudo ser peor si no se hubieran ejecutado los avances del presupuesto que, al mes de abril, se ubicaron en torno al 49% para ambos sectores.  Con ello, el gasto en educación ejecutado por ARCC sumó S/ 376 millones en el desarrollo de los 74 proyectos de infraestructura y de S/ 373 millones en los 18 proyectos de reconstrucción de centros de salud y mejoramiento de servicios de salud.

Nuevos riesgos

Los anuncios del Ejecutivo por retomar el tema de la Asamblea Constituyente pueden afectar el interés privado por invertir en infraestructura y mobiliario educativo. Entre ellos, la adjudicación de cinco proyectos en manos de Proinversión, cuatro de ellos para colegios en riesgo en Lima Metropolitana por un valor de US$ 547 millones y un proyecto COAR Centro por US$ 58 millones.

Por su parte, el buen funcionamiento y promoción de proyectos G2G se pueden ver afectados si el Gobierno no esclarece las reglas del juego en materia institucional para su promoción.

En este contexto es importante advertir que los proyectos de educación suscritos bajo la modalidad G2G han acumulado una ejecución superior a los S/ 900 millones desde mediados del 2020, fecha en que se suscribió el contrato con el Gobierno británico. Sin nuevos anuncios de proyectos es de esperar que el flujo del gasto en capital empiece a descender a mediados del 2023.

Es importante que el gasto en educación sea una prioridad en los próximos años y dichos esfuerzos se pueden canalizar en parte a través del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

En ese sentido, el IEDEP considera importante que el Proyecto Especial Escuelas Bicentenario sea incluido en la próxima actualización del PNIC.

Cabe recordar, que dicho proyecto, a través de un contrato Estado-Estado, está recibiendo la asistencia técnica del Gobierno Británico para los procesos de procura de 75 escuelas por valor de S/ 2.803 millones distribuidas en Lima (61), Puno (6), Junín (3), Ucayali (1), Lambayeque (1), La Libertad (1), Cusco (1) y Cajamarca (1).