“Existe un panorama favorable para el desarrollo de las OxI ambientales”

¿Cuál es el panorama de las obras por impuestos (OxI) ligadas a la sostenibilidad ambiental?
Obras por impuestos y sostenibilidad ambiental son dos conceptos íntimamente relacionados, desde la propia naturaleza de la inversión pública; pues dar acceso a servicios públicos eleva la calidad de vida de los ciudadanos y ello no se puede hacer sin considerar el ecosistema.

En el sentido más amplio, todo proyecto de inversión pública incluye como principio transversal la sostenibilidad ambiental. A nivel de inversión, nos referimos a aquella que se orienta a la preservación de la biodiversidad, acompañando el progreso económico y social.

El mecanismo de OxI no escapa a este principio, pues el Reglamento de la Ley N.º 20230 es muy específico al adoptar la sostenibilidad como principio fundamental (artículo 2.9), ya que indica que las inversiones, a través de OxI, deben “garantizar la sostenibilidad en todas sus dimensiones”. Además, se hace énfasis en la sostenibilidad ambiental, que considera también la resiliencia climática.

¿Existe en el país una gran oportunidad para estos tipos de proyectos?
Se presenta un panorama favorable para el crecimiento de las OxI y eso es positivo para acelerar el cierre de brechas de infraestructura en el Perú. Prueba de ello es que el reciente cambio a la ley, aprobado en mayo de este año, incluye inversiones en materia ambiental y remediación. Sin embargo, se requiere de un impulso aún mayor para también acelerar la inversión pública en sostenibilidad ambiental. Es decir, se necesita inversión asociada al cuidado del agua, el ahorro de energía, la reducción y gestión de residuos, el transporte sostenible, y el cuidado de la flora y la fauna.

¿Esta modalidad de proyectos ha logrado avances?
Analizando los últimos 15 años, se evidencia una ejecución de 256 proyectos OxI con inversiones cercanas a S/ 2.500 millones, que involucran directamente a la empresa privada en el financiamiento y ejecución de infraestructura y servicios públicos de calidad, con cargo al pago de su impuesto a la renta.

Los proyectos OxI desarrollados incluyen los sectores transporte, educación, saneamiento, salud, seguridad, agropecuario, deporte, gestión, cultura, comercio, ambiente, vivienda y desarrollo urbano, energía, protección social y telecomunicaciones. Sin embargo, de esta larga lista, solo dos proyectos corresponden al sector ambiente, específicamente proyectos de gestión integral de residuos sólidos.

En materia ambiental, recientemente se vienen impulsando proyectos en infraestructura natural, respecto a los cuales el Ministerio del Ambiente aprobó en el 2022 una hoja de ruta para promover las inversiones en esta materia.

Además del sector ambiente, ¿qué otros sectores pueden incidir en proyectos sostenibles?
Los sectores energía y saneamiento también pueden aportar a este objetivo. Si vemos la cartera vigente de OxI, donde existen 371 proyectos por más de S/ 13.000 millones que están en búsqueda de empresas privadas para su financiamiento. Las dos terceras partes de la inversión de esta cartera se concentran en los sectores transporte y educación. Sin embargo, entre los proyectos con impacto en sostenibilidad ambiental encontramos dos impulsados por el Gobierno Regional de Apurímac para la recuperación de ecosistemas altoandinos; un proyecto impulsado por el Gobierno Regional de Cusco para la creación de centrales solares en sistemas de bombeo de riego tecnificado en las provincias de Urubamba, Calca, Anta y La Convención; y 35 proyectos impulsados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para brindar servicio de agua y saneamiento en zonas rurales.

¿El marco legal actual promueve este tipo de proyectos o requiere una nueva normativa?
Desde su creación en el 2008, la Ley N.º 29230 ha sido modificada hasta en ocho oportunidades, siempre buscando optimizar el mecanismo y ampliando su alcance. En marzo del 2022 se hicieron importantes modificaciones, que ampliaron los alcances y diversificaron las fuentes de financiamiento público. Dicho ello, no se requiere una nueva normativa, pues el marco actual es hoy sólido y permite realizar cualquier tipo de proyecto de inversión pública que pueda inscribirse en el sistema Invierte.pe, incluido el sector Ambiente.

La ausencia de proyectos, específicamente relacionados con sostenibilidad ambiental, puede explicarse a la poca promoción desde el sector público, así como el poco interés del sector privado de apostar por estas inversiones. Por ello, se requiere mayor impulso y exposición. Aquí los gremios empresariales tienen una oportunidad y desafío.

¿Qué tan atractivo es para la empresa privada participar de estos proyectos?
OxI es definitivamente un instrumento muy atractivo y existen empresas interesadas y comprometidas con el mecanismo. Muestra de ello es que Proinversión ha estimado que, durante el 2023, al menos S/ 620 millones serán adjudicados a empresas privadas a través de proyectos OxI.

Para este año, entre los grandes proyectos que se adjudicarían relacionados con la sostenibilidad ambiental, destaca el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en Pucusana, en Lima (S/ 276 millones), que permitirá cubrir al 100% la brecha de acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para más de 16.000 habitantes de ese distrito, incluyendo un moderno sistema de tratamiento de aguas residuales.

¿Qué proyectos OxI con sostenibilidad ambiental requiere el país, considerando que hay la necesidad de cubrir la cobertura de agua?
La brecha de agua es inmensa y no hay sostenibilidad sin agua. El Estado invierte en agua y saneamiento un promedio de S/ 3.800 millones cada año, pero para cerrar sus brechas necesita ir al doble de velocidad. La nueva cartera de proyectos OxI incluye S/ 292 millones, una oportunidad de cubrir el 8% de la inversión promedio anual.

Adicionalmente, OxI incorporó en su abanico de posibilidades las inversiones puntuales en sistemas existentes (por IOARR), lo que hace factible incorporar proyectos para atender situaciones de emergencia.

Con ello, el sector privado tendría oportunidad de colaborar con el Estado en la rehabilitación de sistemas afectados de agua y el saneamiento en situaciones posdesastre, como lo fue el ciclón Yaku o el fenómeno de El Niño que asoma.