• El discurso que los peruanos quieren

    25 de julio del 2022
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    Laura Vásquez

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    ¿Qué queremos escuchar los peruanos el próximo 28 de julio cuando Pedro Castillo pronuncie el tradicional discurso presidencial por Fiestas Patrias? Al respecto, los titulares de los Gremios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), así como los jefes del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) y del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) del gremio, resaltan qué debería hacer el Gobierno Peruano para que los diversos sectores económicos puedan avanzar y para impulsar la competitividad del país. Ojalá, por el bien del Perú, estas iniciativas y medidas sean incluidas en el Mensaje a la Nación.

     

    La tarea que hay que hacer para reactivar la economía

    “Para lograr un crecimiento sostenido se requiere, fundamentalmente, de inversión privada e inversión pública, pues genera empleo y capacidad de gasto de la población”, explica el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, Óscar Chávez. En ese sentido, resalta que es necesario eliminar todas aquellas trabas que están afectando la inversión privada como, por ejemplo, los conflictos sociales que están impactando el Producto Bruto Interno (PBI) minero, lo que, a su vez, afectará a las exportaciones y a la recaudación tributaria.

     

    Respecto a la inversión pública, Chávez pone como ejemplo a la que está en manos de los gobiernos regionales. “Esta inversión, en dos de los seis departamentos más pobres del Perú, no llega al 15% y en los cuatro departamentos restantes no llega al 30% en lo que va del año”, advierte.

     

    Asimismo, Chávez señaló que, para impulsar la competitividad del país, es necesario definir acciones y metas en lo referente a la institucionalidad, el desarrollo de infraestructura y la flexibilidad del mercado laboral. En el lado de la institucionalidad está lo relacionado a la estabilidad política, la lucha contra la corrupción, la solución de conflictos sociales, y disminuir toda la carga de regulación que afectan a las microempresas y pequeñas (mymes).

     

    En cuanto a infraestructura, la brecha está por encima de los US$ 120.000 millones. “Esperamos que el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que toca proponer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y anunciar a la Presidencia de la República, sea muy ambicioso y se seleccionen aquellos proyectos que beneficien a un alto porcentaje de la población y mejoren la competitividad del país”.

     

    Medidas concretas en comercio exterior

    Por su parte, el jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL, Óscar Quiñones, indicó que esperan medidas concretas para elevar la competitividad del comercio exterior, entre ellas, la culminación del Anillo Vial Periférico Norte para que el Callao tenga una verdadera conexión sin entorpecer el tráfico de la ciudad.

     

    Asimismo, advierte que es necesario que se concrete el tren de cercanía Lima-Ica y que llegue al menos hasta Barranca con ingreso al Puerto de Chancay; así como la construcción de los anunciados Puente San Rosa y Puente Aeropuerto para asegurar que el nuevo terminal aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tenga realmente conexión con la ciudad.

     

    De otro lado, Quiñones afirma que, para no afectar la competitividad del comercio exterior, el Gobierno debe dejar de trabajar en compartimientos estancos y empezar a hacerlo de forma coordinada. “Por un lado, tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsando un Plan Nacional de Servicios de Infraestructura Logística al 2030; y, por otro lado, tenemos una mesa de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que impulsa el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Hay dudas en el sentido de si si estos planes conversan entre sí y estas son cosas que deberían evitarse”.

     

    Lucha contra la corrupción

    Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, considera que el presidente Pedro Castillo, debe hacer un claro deslinde de la corrupción y comprometerse a conducir un gobierno transparente, íntegro y autocrítico, que respete y empodere a los organismos de fiscalización y lucha contra la corrupción, tales como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), las Procuradurías Anticorrupción y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

     

    Asimismo, Lanzara recomendó implementar al 100% las oficinas de integridad en el sector público, adoptar la rendición de cuentas como garantía de su compromiso con la transparencia frente a la ciudadanía, instaurar la meritocracia para acceder a la función pública y potenciar el rol de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el establecimiento de una cultura de integridad en la administración pública, erradicando y sancionando el nepotismo y favoritismo político y garantizando el control de actos de corrupción en la gestión de fondos públicos, principalmente aquellos destinados a la atención sanitaria y alimenticia frente a la crítica coyuntura.

     

    “El Gobierno no debe promulgar legislación y reglamentos excesivamente burocráticos que propician la corrupción. Tampoco convocar a personas no calificadas para ocupar posiciones en la administración pública y menos utilizar la estructura del Estado para blindar a funcionarios públicos involucrados en denuncias de corrupción.”, resalta.

     

    Política tributaria

    El presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, sostuvo que la responsabilidad de los gobernantes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es crear las condiciones de estabilidad política que permitan generar nuevamente confianza en los agentes económicos para que estos inviertan y se logre la anhelada reactivación económica que permitirá generar más tributos.

     

    “Es necesario reconocer que los tributos dependen de la riqueza, sin generación, sin producción de riqueza no habrá posibilidad de que existan más tributos”, manifiesta.

     

    Asimismo, López opina que el Gobierno no debe cambiar las líneas matrices o las reglas generales de tributación en el país. “Por ahora no deberíamos pensar en crear nuevos tributos ni aumentar tasas, ni en seguir exprimiendo a ese pequeño porcentaje de 30% o 25% de formalidad que hoy tributa en el país. Más bien, deberíamos pensar en cómo utilizamos la política tributaria como un instrumento para generar más competitividad y competir con el mundo en la atracción de inversiones”, recalca.

     

    Sistema laboral

    A su vez, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, sostiene que el Gobierno debe generar un sistema legal laboral que fomente la creación de puestos de trabajo, lo cual solo es posible dando a los inversionistas un sistema normativo seguro, confiable, y predecible.

     

    Por el contrario, indica Pasco, lo que no debería hacer el Gobierno es “tomar una óptica” de enfrentamiento permanente entre trabajadores y empleadores. Asegura que la mayoría de empleadores prefiere cumplir la ley laboral porque es la única forma que una empresa pueda crecer y generar ganancias.

     

    “Hay una serie de iniciativas que quieren cambiar los equilibrios y presupuestos de la relación laboral sin antes pasar por un diálogo entre los trabajadores, empleadores y Gobierno, que es la única forma en tener un sistema que perdure en el tiempo y sea estable”.

     

    Seguridad Ciudadana

    Para el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, el Gobierno debe ser el gran protagonista en materia de seguridad ciudadana ante la creciente ola de hechos delictivos violentos, que atentan contra la vida, seguridad, integridad y bienes de las personas.

     

    “Este liderazgo debe ser ejercido por el presidente de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ya que es un fenómeno social complejo de mediano y largo plazo, y debe ir acompañado de una decisión política con presupuestos y con una eficiente gestión”.

     

    En ese sentido, Romero indica que el Gobierno debe liderar la política y elaborar y a anunciar estrategias y acciones de seguridad ciudadana como un bien público dado el creciente avance de la violencia, delincuencia y crimen que son cada vez más intensos afectando a familias y empresas. “Al no poderse controlar este fenómeno y sus efectos, se convierte en un mal público y reduce las actividades de negocios y la inversión”.

     

    Textil y Confecciones

    A su vez, Luis Antonio Aspíllaga, presidente del Gremio de Indumentaria de la CCL, advierte que, junto con otras agrupaciones gremiales, han presentado varios proyectos e iniciativas para fortalecer y hacer más eficiente le sector textil y confecciones y que estos deberían estar presentes en el Mensaje a la Nación para hacer más competitivo a este importante sector y generar así más y mejor empleo.

     

    “Creemos fundamental que se dé atención a estos pedidos en momentos donde como país estamos viviendo una inestabilidad política e internacionalmente problemas de desabastecimiento y sobre precio de materias primas”, enfatiza.

     

    Aspíllaga afirma que el Perú tiene una posición estratégica y que debido a su verticalidad es especialmente atractivo para otros países de la región, mientras que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, tiene grandes problemas de desabastecimiento de Asia que Perú puede suplir.

     

    “No nos engañemos con las positivas cifras de crecimiento del primer semestre. Aunque son alentadoras, más que una tendencia, muestran una foto donde Perú se vio beneficiado por la falta de abastecimiento de otros países. Por eso, hoy más que nunca es clave fortalecer al sector para que se encuentre robusto y muy eficiente para cuando los mercados globales se recuperen y volvamos a tener los niveles de competencia precovid”, advierte.

     

    Asimismo, Aspíllaga explica que es necesario apoyar a los fabricantes locales con medidas antidumping y no permitir el ingreso de productos subvaluados; así como apoyar la campaña “Peruano compra a Peruano” y dar beneficios más que trabas al comercio electrónico, que es una gran herramienta tanto para los grandes, medianos y pequeños confeccionistas, marcas y accesorios.

     

    Apoyo para las pymes

    El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, Ojeda, señala que el Gobierno debe establecer políticas que incentiven la reactivación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), pues estas son el motor del país y generan cerca de diez millones de puestos de trabajo. “Ahora que hemos salido de la pandemia, las pequeñas empresas necesitan políticas que ayuden al desarrollo y al mercado libre”.

     

    Servicios

    Por su parte, la presidente del Gremio de Servicios de la CCL, Silvia Grant, refiere que el Gobierno debe dar políticas que impulsen la inversión y el desarrollo, que nos permitirán mejorar la situación socioeconómica de los peruanos. “Necesitamos que el gobierno sea el brazo articulador de la inversión, que haya planes estructurados en forma conjunta entre el Gobierno y el sector privado, y que beneficien a ambos”, manifiesta.

     

    Cosmética e Higiene

    A su vez, el presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene de la CCL, Ángel Acevedo, instó al Gobierno a reducir las medidas restrictivas desde el punto de vista sanitario, comercial y tributario, y promover una mayor participación de Perú en los acuerdos internacionales. “Nuestro sector es el único que ha logrado tener una armonización regional de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN), también dentro de la Alianza del Pacífico y a en la TransPacific Partnership”.

     

    Asimismo, resalta que el Gobierno ha planteado la integración en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero ello debe cumplirse en las medidas prácticas y cotidianas de cada uno de los sectores que participan en representación del Perú.

     

    Agricultura

    Del mismo modo, el presidente del Gremio para la Protección de Cultivos (Protec), Rubén Carrasco, considera que el Gobierno debe llamar a unidad de todos los peruanos ante la crisis global, y trabajar eficazmente en los planes de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, se debe tratar de destrabar los proyectos o megaproyectos de irrigación que están estancados en momentos que se necesita más inversión y más tierras para poder cultivar más alimentos.

     

    Para mantener la competitividad del país es importante tener un proceso eficaz de selección de profesionales. “Necesitamos perfiles con trayectoria en el sector agro. Hay muchos profesionales que conocen bien el sector y la problemática. Para ser competitivos tenemos que trabajar en los planes de mediano y largo plazo”, acota.

     

    Construcción

    Por su parte, el presidente del Gremio de la Construcción e Ingeniería, Miguel Honores, considera que el Gobierno debe, primero, seguir promoviendo la construcción de vivienda social ya que existe una brecha de déficit de viviendas en el país, y promover la inversión pública en infraestructura.

     

    Segundo, debe promover la inversión privada para lo cual es necesario tener reglas claras y personal calificado. “Necesitamos gente calificada que ayude a impulsar la inversión pública en proyectos de construcción y también se promueva la inversión privada para generar empleos. El sector construcción es muy dinámico y, si esto se da, podremos dar más trabajo a más peruanos”, resalta.

     

    Educación

    «Tanto la educación pública como la privada deben basarse en los mismos estándares”, advierte el presidente del Gremio de Educación, Ramiro Salas. Añade que es importante priorizar la educación inicial y desarrollar una política de educación técnica a fin de que la gran masa de jóvenes que culminan sus estudios secundarios pueden insertarse inmediatamente en el mercado laboral. “A los empresarios nos interesa que se tenga una buena educación en nuestro país. La educación es una tarea de todos”, destaca.

     

    Retail

    A su turno, la presidente del Gremio de Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua, incidió en que el Gobierno debería tener una política pro empresa que permita avanzar y salir de la crisis pospandemia. Advierte que los sectores de retail, turismo, servicios y entretenimiento, que contribuyen significativamente al Producto Bruto Interno (PBI) se vieron muy afectados con la pandemia. En ese sentido, insta al Gobierno a solucionar la crisis del transporte, muy golpeado por el aumento de fletes y sobrecostos.

     

    Asimismo, pide al Ejecutivo reducir las trabas burocráticas, ya que la informalidad se ha elevado al 80%. “Somos empresas formales y apoyamos con impuestos. Pero, en vez de tener menos trabas burocráticas, enfrentamos un continuo hostigamiento y fiscalización que no nos ayuda a seguir avanzando”, afirma.

     

    Turismo

    En la misma línea, la presidente del Gremio de Turismo, Marienela Mendoza, considera que el Gobierno no debería imponer más cargas tributarias y laborales, ya que este tipo de leyes han afectado el sector y la reactivación del turismo nacional.

     

    “Hemos sido el sector más afectado por esta pandemia. Por ello, solicitamos al Gobierno que no nos apliquen más cargas laborales y tributarias y, por otro lado, que se dé solución a los paros y huelgas que impiden tener el clima de tranquilidad para reactivar el turismo nacional”, recalca.

     

    Sostenibilidad

    Finalmente, el presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, Thomas Duncan, manifiesta que deberíamos tener un marco normativo, eficiente y moderno que vaya de acuerdo a la realidad de nuestro país involucrando tendencias actuales en sostenibilidad como electro movilidad, economía circular, ahorro del agua, energía limpia, entre otros. “Debemos agilizar el uso de estas nuevas tendencias en aras de tener un ambiente sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030”, señala.

     

    Asimismo, resalta que es primordial articular con los diferentes Poderes del Estado, municipalidades, gobiernos regionales, sociedad civil, academia y sector privado para diseñar planes para luchar contra las economías ilegales que dañan al medio ambiente como son la tala y la minería ilegal.

     

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