Eduardo Vega: “Debemos exigir imparcialidad a la Fiscalía y cumplimiento del debido proceso”
El ex ministro de Justicia y miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Eduardo Vega Luna, señala que, si bien la Fiscalía puede ser cuestionada en la actualidad, se le debe exigir que respeten los plazos razonables, es decir, que no se dilaten más los procesos.
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¿Cuáles han sido los avances concretos en el Perú en la lucha contra la corrupción?
En los últimos años hay muy pocos avances en la lucha contra la corrupción pues no se ha logrado detenerla o reducirla. La corrupción sistemática afecta a nuestro Estado en distintos niveles e instancias.
Incluso, en estos dos años de pandemia por la COVID-19, la Contraloría General de la República y la Fiscalía han reportado numerosos casos de corrupción, en distintas instituciones, en el uso de los recursos destinados a enfrentarla.
Los pocos avances que se han observado en estos años se han producido en dos ámbitos: en el marco legal y en la investigación de líderes políticos y el caso Lava Jato.
Sobre el primero, hoy contamos con un marco legal mucho más detallado en el ámbito penal (penas efectivas, muerte civil para los condenados, imprescriptibilidad de estos delitos), de prevención (pues contamos con una Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción y normas de transparencia) y de control de la corrupción (fortalecimiento de la labor de la Contraloría). Pero, estos avances normativos aún no se traducen en una reducción efectiva de los casos de corrupción.
Por otro lado, las investigaciones a líderes políticos en el marco de Lava Jato, el más grande caso de corrupción de América Latina, sin duda ha sido un avance muy importante que ha significado tener a varios de nuestros ex presidentes de la República y líderes y lideresas políticos procesados por delitos vinculados a la corrupción y el lavado de activos.
Pero han pasado más de cuatro años desde el inicio de estas investigaciones y aún están pendientes los juicios que permitan conocer el resultado final de estos procesos y si la justicia llegará a condenarlos.
Hay un sector de la población que percibe que la Fiscalía tiene un sesgo político en sus acciones. ¿Está de acuerdo con esto o considera que la actuación de la Fiscalía muestra neutralidad?
Siempre habrá comentarios contra la labor de la Fiscalía en las investigaciones que lleva a cabo. En especial, cuando tiene que investigar a altas autoridades tendrá que fundamentar su intervención y cuidar las pruebas que acrediten los hechos.
Creo que tener investigados a líderes políticos y ex presidentes de distintas tiendas políticas da cuenta de un trabajo imparcial que ha avanzado con sus dificultades y que está tomando mucho tiempo.
Por ello, creo que lo que debemos exigir a la Fiscalía es imparcialidad, cumplimiento del debido proceso y de los plazos razonables. Esto último significa que no se dilaten más los procesos.
¿Cómo combatir la corrupción en la población si esta observa que la máxima autoridad del país no se muestra abierta en la práctica a las investigaciones?
Toda autoridad, y más aún el presidente de la República, debe colaborar con la justicia y ser el primer interesado en que los hechos que lo involucran se aclaren. Lo contrario significa que la ciudadanía seguirá desconfiando de sus autoridades.
La actitud poco transparente del Presidente en el “caso Sarratea” no ayudan a una investigación clara de los graves hechos que se señalan, y no se condice con su discurso de lucha contra la corrupción que repite permanentemente.
¿Cuál debe ser la agenda de los próximos dos años respecto de la lucha contra la corrupción en país, considerando sobre todo que ya vienen elecciones regionales y municipales y un buen número de autoridades subnacionales se encuentra inmersa en casos de corrupción?
Tres puntos me parecen centrales para una agenda mínima en la lucha contra la corrupción:
- Impedir que las redes de corrupción financien las campañas electorales de los candidatos a los gobiernos regionales y municipios. El marco legal existe (no financiamiento privado de las campañas electorales), lo que tenemos que hacer es controlar que no se produzca este financiamiento tan frecuente en las regiones y que es el origen de gestiones corruptas. El Congreso y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberían coordinar acciones para cuidar este tema y evitar la captura de las nuevas autoridades regionales y locales por quienes financian campañas electorales con el único fin de mantener las mafias de corrupción que operan al interior de varias regiones.
- Un segundo tema es fortalecer los mecanismos de control y fiscalización y los mecanismos de denuncia de corrupción. No hay forma de luchar contra la corrupción si no tenemos autoridades de control y vigilancia fortalecidas en su autonomía y trabajando de manera coordinada. Me refiero a la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF). Estas instancias deben ser fortalecidas en su autonomía y recursos y trabajar de manera conjunta, colaborativa y de cara a la ciudadanía. Seguir trabajando cada uno por su lado no producirá resultados en la lucha contra la corrupción. En el fortalecimiento de la denuncia los gremios empresariales tienen un rol importante para canalizar las denuncias que realicen sus agremiados.
- Un tercer tema, para estos dos años, es la conclusión de las investigaciones penales por el caso Lava Jato y el avance de otras investigaciones que involucran a altas autoridades. Necesitamos dar una señal muy clara a la ciudadanía: que la justicia sanciona a los líderes que se corrompieron. Lo contrario sería una gran decepción para la ciudadanía y alimentaría el círculo de la corrupción.
