Ramiro Salas Bravo
En vísperas de las elecciones generales de este 12 de abril, el Perú enfrenta una coyuntura que exige claridad, responsabilidad y, sobre todo, una visión de futuro. Sin embargo, lo que se observa desde el Congreso y el Poder Ejecutivo dista de ese objetivo.
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En las últimas semanas, con una celeridad que evidencia un marcado interés político-electoral, se han aprobado diversas iniciativas que comprometen seriamente la sostenibilidad fiscal y debilitan la seguridad jurídica, dos pilares fundamentales del crecimiento económico que el país ha construido en las últimas décadas.
El reciente pronunciamiento del Consejo Fiscal es claro: la aprobación continua de este tipo de medidas incrementa de manera significativa las presiones sobre las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.
No se trata de una advertencia menor. Está en juego la estabilidad económica, la confianza de los inversionistas y, en última instancia, la capacidad del país para seguir reduciendo la pobreza y generar bienestar.
Solo en las tres últimas sesiones del pleno se han aprobado 11 leyes y autógrafas que implican nuevas obligaciones de gasto público permanente, con impactos fiscales de gran magnitud.
A ello se suma el dictamen de la Comisión de Energía y Minas que plantea reducir de 30 a 15 años el plazo para declarar la caducidad de concesiones mineras sin actividad, una medida que introduce mayor incertidumbre en un sector que requiere reglas claras y horizontes de largo plazo para sostener la inversión.
Como si fuera poco, desde el Ejecutivo se ha planteado la posibilidad de retroceder en el proceso de reestructuración de Petroperú. Persistir en sostener una empresa que demanda recurrentes transferencias fiscales no solo resulta ineficiente, sino también inequitativo.
Cada sol destinado a cubrir déficits permanentes es un sol que deja de invertirse en las verdaderas prioridades del país. Mientras tanto, el Perú continúa arrastrando brechas estructurales que afectan directamente el desarrollo de millones de ciudadanos.
La infraestructura educativa es un ejemplo elocuente: escuelas en condiciones precarias, limitaciones en servicios básicos y carencias en equipamiento siguen siendo obstáculos reales para el aprendizaje y la igualdad de oportunidades.
Frente a este escenario, cabe preguntarse: ¿podemos darnos el lujo de debilitar las finanzas públicas y deteriorar el clima de inversión cuando existen urgencias impostergables?
El desarrollo no se construye sobre decisiones improvisadas ni sobre medidas de corto plazo. Se construye con responsabilidad fiscal, respeto a las reglas y una asignación eficiente de los recursos públicos.
El Perú no necesita más demagogia. Necesita responsabilidad.
Y esa responsabilidad no recae únicamente en quienes gobiernan, sino también en quienes elegimos.
De nosotros depende optar por la estabilidad, la seriedad y el respeto a las instituciones, o permitir que se repitan decisiones que comprometen el futuro del país.
La verdadera política no es la que busca aplausos inmediatos, sino la que garantiza un futuro sostenible. Y esa decisión, finalmente, está en manos de cada ciudadano al momento de votar.
