Cerremos el paso a la delincuencia organizada y la corrupción
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Por Roberto De la Tore
La corrupción y la ola delincuencial desatadas en los últimos años en el Perú siguen avanzando, lo cual afecta seriamente la calidad de vida de los peruanos. Ante ello, empresarios y trabajadores hemos alzado nuestra voz de protesta ante el tratamiento especial que se les quiere dar a las organizaciones delincuenciales, como se ve en el proyecto de ley N.° 5981/2023-CR que el Congreso de la República ya ha aprobado en primera votación, y que está a la espera de la segunda votación para convertirse en ley.
La iniciativa legislativa propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, lo cual representa un retroceso respecto a lo avanzado frente a organizaciones delincuenciales.
Una de las modificaciones más preocupantes es la que define como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”. Esta restricción excluye a aquellos involucrados en delitos como extorsión, secuestro y asalto, que actualmente mantienen a la población en zozobra. Es vital que los legisladores comprendan el peligro de tales exclusiones y no ratifiquen con su voto ese despropósito.
Además, la propuesta que considera como organización criminal solo a aquellos que cometen delitos con penas superiores a seis años de prisión efectiva deja fuera a muchas organizaciones corruptas. La corrupción es un cáncer que socava los cimientos de nuestra sociedad y nuestra economía.
Los peruanos vemos denuncia tras denuncia generando desazón frente a los mecanismos democráticos. Para combatir eficazmente la corrupción, necesitamos conectar nuestras demandas ciudadanas con las acciones legislativas, asegurando que las leyes vayan a la par de la gravedad de los delitos que afectan a nuestra nación.
Solo basta revisar el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del 2023, elaborado por Transparencia Internacional, que señala que el Perú cayó del puesto 101 al 121 desde el 2012, ubicándolo en el tercio inferior de países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.
El IPC muestra que, en el último año, el Perú obtuvo una calificación de 33 sobre 100, tres puntos menos que el año 2022, lo cual nos ubica en el penúltimo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alianza a la que estamos postulando. Solo estamos por encima de México, país afectado seriamente por la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico.
Otra modificación alarmante es la que exige la presencia del investigado y su abogado durante los allanamientos. Esta medida no solo elimina el factor sorpresa, esencial para el éxito de estas operaciones, sino que también puede facilitar el ocultamiento de pruebas para determinado caso.
En este contexto, llamamos al Congreso de la República a escuchar las observaciones que un conjunto de gremios empresariales y laborales hemos planteado. Es fundamental que, en la segunda votación del proyecto de ley, se tenga en cuenta la voz de quienes buscamos un país más seguro.
Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen una postura firme y alineada frente a estas modificaciones. Si el Parlamento persiste en su afán, esperamos que el Ejecutivo observe la norma, precisando los peligros que conllevaría su aplicación. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Hay que recordar que el gremio de bodegueros afirmó recientemente que el año pasado alrededor de 2,600 bodegas cerraron en el país y que muchos emprendedores que se mantienen trabajando destinan un porcentaje de su presupuesto para garantizar su seguridad.
Los empresarios tenemos un papel crucial en este proceso y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos contribuir a ponerle freno a esta escalada delincuencial y este es el momento, de lo contrario, muchos peruanos se quedarán desempleados y nuestro país, sumido en la crisis.
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