CCL: proponen creación de centro de competitividad para reducir informalidad

La informalidad afecta a una parte significativa de la población trabajadora del país, especialmente a las microempresas. Esta situación perpetúa la falta de acceso a sistemas de protección social, limita la productividad y genera desigualdades económicas.

Ante esta grave problemática, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propuso la formación de un Centro de Competitividad del sector privado, que   desempeñe un papel fundamental en la reducción de la informalidad en el país, actuando como un puente entre las empresas informales y las herramientas necesarias para formalizarse.

En el país hay incertidumbre institucional y regulaciones fragmentadas. Así la falta de instituciones efectivas y estables fomenta la dependencia de normas informales que suelen ser inestables y competidoras de las formales. Sectores como el comercio y el transporte informal enfrentan problemas regulatorios y de supervisión que agravan la situación.

Durante el “Foro Informalidad versus competitividad: El camino hacia el progreso sostenible”, organizado por la Comisión de Competitividad del gremio empresarial, el último 19 de noviembre, se  detalló que el rol del referido Centro de Competitividad, se enfocaría en áreas como el de redes de apoyo empresarial (mentoría empresarial, clúster sectoriales, comunidad empresarial que incentiva la formalización, asesoría legal y tributaria); la promoción de innovación y competitividad (diagnóstico empresarial, transferencia tecnológica); y en la representatividad (intermediación con el Gobierno, generación de datos de fuente primaria, sensibilizar con campañas sobre los beneficios de la formalización).

El gremio empresarial, también recomendó, como medida para combatir la informalidad en el país, el tener un sistema tributario simplificado y progresivo, es decir, implementar un régimen único y progresivo para el impuesto a la renta que elimine los regímenes especiales, salvo casos específicos. Este se debe basar en las utilidades de las empresas, de tal forma que haya un incentivo de deducir gastos por la planilla de los trabajadores. Además, que los costos laborales sean estimados en función de los ingresos de los empleados. Esto reduciría la complejidad tributaria y facilitaría la transición hacia la formalidad.

Asimismo, propuso el fortalecimiento de la protección social, creando un sistema universal de protección social que cubra tanto a trabajadores formales como informales, reduciendo desigualdades y ofreciendo beneficios tangibles que incentiven la formalización.

También, la reducción de los costos laborales no salariales, ajustando las contribuciones como las de EsSalud y los aportes a las pensiones para hacer más accesible la formalización de las micro y pequeñas empresas.

Además, se recomendó, el establecimiento de Módulos Únicos de Formalización, creando ventanillas únicas para simplificar y centralizar los trámites de formalización, facilitando el registro de empresas y trabajadores a través de alianzas entre Sunarp, Sunat y el Banco de la Nación.

A lo que se agrega la propuesta de la reforma de Sunafil y Sunat, con el objetivo de modificar el enfoque de estas instituciones hacia uno de acompañamiento, promoviendo la formalización a través de incentivos y programas de apoyo. Las sanciones deben centrarse en aquellos que tienen capacidad para formalizarse, pero eligen no hacerlo.

Y el desarrollo de un Registro Nacional de Trabajadores Independientes (RNTI), que permita a los trabajadores independientes acceder a servicios de financiamiento, capacitación y seguridad social, reduciendo barreras económicas y fomentando la formalización.

Otras recomendaciones brindadas son la regulación estandarizada para el comercio y transporte informal, implementando normativas claras y uniformes que fomenten la formalización en estos sectores. Esto debe incluir medidas para evitar abusos por parte de agentes supervisores y generar incentivos para que los actores informales regularicen su situación.

También el brindar los incentivos para empresas formales, fiscales y financieros para pequeñas empresas que formalicen su actividad, permitiéndoles acceder a mercados formales y mejorar su competitividad.

Así también invertir en educación y capacitación dirigida a empresarios informales (en actividades lícitas) que generan empleos informales no solo para trabajadores independientes.

Y en el fortalecimiento del Estado, para proveer servicios públicos básicos, minimizando la autoprovisión informal y para erradicar todo tipo de actividad ilícita que se disfraza de artesanal o informal y que aprovecha los incentivos de formalización creados por el Estado y para fortalecer la capacidad  de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, para erradicar la extorsión, el sicariato, y todo tipo de crimen que las bandas organizadas realicen para enriquecerse a costa de las empresas informales en actividades económicas lícitas (comercio, transporte, minería)

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones más relevantes del “Foro Informalidad versus competitividad: El camino hacia el progreso sostenible”, están los siguientes puntos

El Impacto económico y social de la informalidad. La informalidad no solo debilita la capacidad del Estado para recaudar impuestos, sino que también crea una competencia desleal para las empresas formales, incrementando los costos regulatorios. Además, afecta la legitimidad institucional, ya que muchas normas formales son ignoradas o ineficaces.

Altos costos y barreras para la formalización. Los costos laborales, los regímenes tributarios complejos y la carga burocrática desincentivan la formalización de empresas y trabajadores. Esto genera un círculo vicioso que perpetúa la informalidad.

Falta de incentivos para la formalización. Los beneficios percibidos de la formalidad son insuficientes frente a los costos asociados, lo que lleva a muchas empresas y trabajadores a permanecer en la informalidad.

Incapacidad del Estado. Para garantizar la provisión y acceso en igualdad de condiciones de los bienes y servicios públicos que la población demanda: asignación y respeto de los derechos de propiedad, salud, educación, seguridad, transitabilidad, permisos, licencias y autorizaciones. Para crear incentivos y mecanismos para supervisar y hacer cumplir la ley y el orden, tanto a las autoridades y funcionarios públicos como a los ciudadanos.

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