CCL: «Aprobación de Ley de Unidad de Flagrancia dará mayor confianza ciudadana en las instituciones»

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, consideró como “buena noticia” que el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, haya anunciado que próximamente en el Pleno del Poder Legislativo se aprobará la Ley de la Unidad de Flagrancia, durante la II Mesa de trabajo «Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: Enfrentando juntos los retos y desafíos», organizado por el gremio empresarial.

“Esta ley contribuirá en la lucha contra la delincuencia, de manera que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú podrán articular sus esfuerzos para atrapar a un delincuente en 48 horas. Además, estas acciones darán mayor confianza a la ciudadanía en las instituciones en materia de seguridad”, enfatizó el presidente de la CCL tras encabezar esta reunión de trabajo.

Entre las conclusiones de la mesa de trabajo, De La Tore destacó que la ley de flagrancia permitirá implementar la logística y laboratorios necesarios para combatir el crimen organizado a nivel nacional. También subrayó la importancia de crear un Sistema Integrado de Reportes y Denuncias Digitales para obtener información en tiempo real sobre delitos e identificar zonas de alta incidencia delictiva y modalidades de extorsión a empresarios.

“Es fundamental que los ciudadanos cuenten con mecanismos ágiles para la interposición de denuncias utilizando herramientas digitales. No obstante, estos mecanismos deben procurar la reserva de la identidad de los denunciantes, pues tal como se ha mencionado en las intervenciones, existe temor a las represalias y ello desincentiva las denuncias de casos de extorsión”, comentó el líder empresarial.

Además, De La Tore dijo que se requiere fortalecer el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), de manera que todas las entidades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial trabajen de manera articulada. “El liderazgo es fundamental; y los planes de acción deben ser sostenibles a largo plazo y no únicamente ceñirse a la declaratoria de estados de emergencia”, añadió.

“Luchar por la seguridad es luchar por nuestra libertad. Y como lo han indicado en esta mesa de trabajo, la lucha contra la criminalidad requiere un liderazgo definido de las autoridades de gobierno. Sin lugar a dudas, la seguridad debe ser una meta alcanzable e irrenunciable”, enfatizó el líder empresarial.

PLANTEAN MODIFICAR LEY DE CRIMEN ORGANIZADO

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, señaló que aún existen críticas y observaciones a la Ley de Crimen Organizado. Por ello, ha propuesto personalmente a las bancadas parlamentarias la necesidad de modificar la Ley 32108, ya que esta norma exige la presencia obligatoria del imputado para el allanamiento domiciliario, lo cual es imposible cuando el acusado está ausente o prófugo.

“También la definición de crimen organizado era muy confusa y generaba vacíos legales. Todos los abogados sabemos que un tipo penal tiene que estar escrito de manera taxativa para evitar generalizaciones y confusiones al momento de aplicarla por parte de los órganos de justicia. En esta modificación se ha incluido como delitos graves el sicariato, la extorsión, el secuestro y otros. Además, excluye la obligatoriedad de la presencia del imputado para fines de allanamiento”, sostuvo Salhuana.

PRESUPUESTO PARA FORTALECER A LA PNP

En tanto, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, indicó que el país carece de un sistema en que las autoridades estén presentes en todas las zonas geográficas. “Esa ausencia de presencia estatal somos todos: gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, lo cual es el caldo de cultivo para el crimen. Hoy en día, los comerciantes prefieren pagar la extorsión que pagar a la Sunat porque ven ausencia del Estado”, añadió.

Asimismo, señaló que el delito informático es el más lesivo en el Perú, el cual está causando afectaciones en las actividades cotidianas de los peruanos y a la vez es el menos sancionado. “Sin presupuestos para mejorar nuestros sistemas no va a funcionar. Las comisarías en el país son un caos. Cómo podemos pedir efectividad con falta de presupuesto”, dijo Zanabria.

Ante esta realidad, De La Tore sustentó que es vital que se declare en emergencia a la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de que esta institución pueda realizar contrataciones directas del equipamiento necesario. “Para ello se requiere modificar el artículo 27° de la Ley de contrataciones públicas y el Decreto Legislativo N° 1579 para que los gobiernos locales puedan utilizar el Fondo de Compensación Común (FONCOMUN) para apoyar a las fuerzas del orden”.

ACERCAMIENTO DE LA PNP A OLLAS COMUNES

A su turno, Jennifer Jiménez, representante de las Ollas Comunes, dijo que los extorsionadores les exigen a las ollas comunes cerca de S/ 10 000 para dejarlas operar y no atentar contra sus vidas. “Ante estas extorsiones creemos importante que se implementen las denuncias digitales anónimas, ya que de esta manera la Policía Nacional se acercará más a nuestras organizaciones sociales”, destacó.

Por su parte, Daniel Hermoza, presidente de MYPES Unidas del Perú, indicó que la liberación de criminales está generando impunidad en el país, lo cual está agravando la delincuencia y la extorsión que está afectando sobre todo a las micro y pequeñas empresas que generan prosperidad económica y empleo.

“Hoy vemos que hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan y esto genera que se vayan por el mal camino. Por eso es importante que se otorguen beneficios tributarios a las empresas para que contraten a cada vez más jóvenes en diferentes rubros económicos”, expresó Hermosa tras intervenir en la mesa de trabajo, donde participaron autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Congreso de la República, gremios de comerciantes, transportistas y la sociedad civil.

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