Barreras burocráticas y su efecto en la reactivación de empresas
Se advierte que mayoría de barreras burocráticas son generadas por municipalidades y afectan competitividad de mypes, por lo que debería modificarse la legislación.
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Por: Raquel Tineo
Uno de los grandes problemas que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas del país son las barreras burocráticas, principalmente las de orden municipal, y ello incide en su competitividad.
Para que una barrera burocrática se denomine como tal se tiene que cumplir con tres elementos. El primero que sea un tipo de imposición específica; es decir, un requisito, una exigencia, una prohibición, un cobro o una limitación.
El segundo que lo imponga alguien que ejerza una función administrativa; y, finalmente, que genere algún efecto como dificultar la permanencia en el mercado o que afecte las normas de simplificación administrativa (tramitología).
Según la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre dichas barreras burocráticas se encuentran los requisitos y exigencias adicionales en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, o la aplicación del régimen de silencio negativo para obtener un licencia de funcionamiento; así como las limitaciones para la colocación de avisos publicitarios; exigencias para contar con carné de sanidad para cada uno de los trabajadores; y restricciones para el horario de funcionamiento.
Incluso, el más reciente Ranking en Barreras Burocráticas del Indecopi, del segundo semestre de 2019, revela que las entidades municipales provinciales impusieron el 38,99% de barreras ilegales, los ministerios el 35,63% y las entidades distritales el 17,91%.
Principales trabas
En este contexto de pandemia, la situación no ha cambiado. El presidente de la Comisión de Trabas Burocráticas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Ochoa, advierte que, efectivamente en tiempos de la COVID-19, las municipalidades han emitido una serie de ordenanzas con motivo de la emergencia sanitaria, pero muchas de ellas representan trabas para el desarrollo de las actividades comerciales.
Y si bien, también se han emitido ordenanzas que permiten el cambio de giro, estas han tenido un efecto reducido. “Las municipalidades han lanzado una serie de ordenanzas que no tienen un espectro que favorezca el funcionamiento de los negocios”, asevera.
Jorge Ochoa aclara que otro de los problemas es que muchas empresas tenían su licencia permanente de Defensa Civil, pero desde principios de año nuevamente debían renovarla o solicitar una nueva.
“Para muchos empresarios esto es complicado porque la mayoría está pensando en cumplir con los protocolos para preservar la salud. El exceso de regulación es una traba burocrática”, alerta.
Por su parte, el socio del Estudio García-Godos & Lindley-Russo Abogados, Alfredo Lindley-Russo, recalca que hay un problema de fondo que es la falta de institucionalidad en las entidades del Gobierno.
“Lo que estamos viendo ahora no es nada diferente a lo que existía en una época pre-COVID-19 y lo que va a ocurrir pos-COVID-19. No tenemos institucionalidad en el país y, cuando llegó la crisis, eso se ha manifestado con mayor potencia. Por otro lado, ya no tenemos un aliado dentro del Estado que era el Indecopi con la CEB, pues creo que no está haciendo su trabajo”, indica Alfredo Lindley-Russo.
Ello, agrega, debido a que entre el 2015 y 2019 cada vez son menos las resoluciones del Indecopi que eliminan barreras burocráticas (fundadas), mientras que son mayores las que se evitan analizar (improcedentes) o, en todo caso, se valida su existencia (infundadas). El año pasado hubo 189 resoluciones fundadas, 92 improcedentes y 68 infundadas.
Cambios en legislación
Lindley-Russo sostiene que el Decreto Legislativo 1256 “Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas” tiene irregularidades menores y estructurales que debería revisarse, ya que eso genera que Indecopi se debilite.
Y, si se debe sacar una norma, esta no debería ser solo coyuntural o “parche” sino que necesita atacar el problema de fondo.
“Son más de 30 los ajustes que se deberían implementar si queremos una legislación que promueva con seriedad la competitividad y combata la tramitología”, exhorta y advierte que el área de barreras burocráticas está más politizada que nunca.
Jorge Ochoa, de la CCL, comenta que debería homogeneizarse el Texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de las municipalidades porque comunas vecinas tienen diferentes procedimientos, lo cual genera incertidumbre en las empresas.
“Es una puerta abierta a que no haya comportamiento ético y correcto. El exceso de sobrerregulaciones propicia la informalidad y las malas prácticas empresariales”, advierte.
Lindley-Russo explica que la Ley Antibarreras establece la inaplicación general de una barrera burocrática ilegal de una disposición (normas administrativas contenidas en Decretos Supremos, por ejemplo).
Es decir, Indecopi puede declarar ilegal una disposición administrativa y disponer su inaplicación, no sólo en favor del denunciante, sino con efectos generales, para todos los demás afectados.
A su criterio, esto es inconstitucional porque una norma de inferior jerarquía, como las disposiciones administrativas, no puede modificar una de mayor jerarquía como los Decretos Supremos.
“Cuando se quiere extender el pronunciamiento de una municipalidad a todas las demás es doblemente inconstitucional. No es una solución saludable para el sistema y se está enturbiando más”, resalta.
Avances del Indecopi
La Secretaria Técnica de la CEB, Delia Farje, informa que se han presentado 84 denuncias de parte y cuatro denuncias de oficio de barreras burocráticas en lo que va del año. Además, a junio de 2020 se han iniciado 86 investigaciones de oficio con la finalidad de contribuir con la reanudación de las actividades económicas afectadas.
Dentro de las materias investigadas involucradas con las pequeñas y medianas empresas están las referidas a licencias de funcionamiento, regulación de medidas biosanitarias y reanudación de las actividades de comercio, restaurantes y manufactura.
Este año, en Lima se han logrado eliminar 141 barreras burocráticas sobre licencias de funcionamiento y anuncios publicitarios; mientras que en provincias se pudieron eliminar alrededor de 1.337 barreras. Y entre enero y junio de 2020, únicamente se pudieron reducir barreras burocráticas en cuatro pronunciamientos de la CEB confirmados por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL).
Cabe resaltar que de acuerdo con la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, con datos de 2019, con la eliminación de barreras burocráticas se han podido ahorrar S/ 95 millones. No obstante, el abogado Alfredo Lindley- Russo precisa que aún es insuficiente el trabajo que viene realizando Indecopi, sobre todo el de la SEL.
En ese sentido, la CEB aclara que van a continuar con las investigaciones a cada una de las entidades de la administración pública sin descuidar todo el trabajo que se viene realizando también en el ámbito de la simplificación administrativa, de cara al ciudadano.
“Continuaremos también con las capacitaciones, tanto a los funcionarios como a las empresas a través de sus gremios”, afirma Delia Farje y añade que vienen promoviendo un acercamiento con las asociaciones y representantes para ello.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Trabas Burocráticas de la CCL, Jorge Ochoa, afirma que, como iniciativa del gremio, están retomando el proyecto “Perú Sin Trabas” que permite que el ciudadano denuncie su traba, puesto que muchos no tienen bien claro cómo hacerlo.
“Si queremos ser competitivos y productivos, como empresarios tenemos que reducir el exceso de trámites que afectan nuestra función, que de hecho ya es complicada en tiempos de la COVID-19”, sentencia.
