Barreras burocráticas: ¿Por qué son un obstáculo y cuál es su impacto económico?

Una barrera burocrática se define como cualquier exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro impuesto por una entidad, para condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y permanencia de los agentes económicos en el mercado. También pueden afectar la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene la competencia para declarar estas barreras como ilegales si contradicen la legislación vigente o carecen de un sustento razonable, calificándolas como irracionales.

Las barreras generan costos directos (monetarios, materiales y humanos) relacionados con el pago de tasas administrativas, presentación de documentos y cumplimiento de regulaciones. Además, pueden ocasionar costos indirectos al imponer prohibiciones temporales o indefinidas, y plazos más extensos de lo legalmente establecido en la tramitación de procedimientos administrativos.

Esta imposición de barreras ralentiza la inversión privada, desincentiva la formalidad y afecta negativamente la competencia en el mercado, la creación de empleo, la recaudación tributaria y la productividad. En resumen, estas barreras se convierten en obstáculos para el crecimiento económico del país.

Los órganos del Indecopi competentes en cuestiones de barreras burocráticas son la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), encargada de evaluar e inaplicar barreras impuestas en Lima por la administración pública de cualquier nivel; las comisiones adscritas a las Oficinas Regionales (ORI), encargadas de evaluar e inaplicar barreras impuestas a nivel regional por municipalidades, gobiernos regionales, universidades y colegios profesionales; y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL), que resuelve las apelaciones en segunda u última instancia.

La eliminación de las barreras puede darse cuando la entidad lo hace voluntariamente luego de que el Indecopi le envía una notificación de su existencia; cuando la referida entidad dispone la inaplicación general de la barrera en beneficio de todas las empresas y personas naturales; y cuando el Indecopi dispone la inaplicación a favor de la empresa o persona natural denunciante en el marco de un procedimiento administrativo.

Eliminación de barreras 2022

Durante el año 2022, el Indecopi promovió la eliminación e inaplicación de 6 093 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, superando en un 41% la cifra alcanzada en 2021, pero aún por debajo del nivel prepandémico de 2019 (7 658). Estas barreras representaron un costo total estimado de S/82 millones para empresas y ciudadanos.

De estas, 990 barreras afectaron a nivel nacional, con un costo de S/9 millones; 4 038 se impusieron en regiones del interior del país, con un costo de S/53 millones; y los 1 065 restantes tuvieron lugar en Lima, representando un costo de S/20 millones. Áncash, Lambayeque y La Libertad impusieron la mayor cantidad de barreras, alcanzando 1,034, 733 y 445, respectivamente.

Los requerimientos administrativos concentraron el 81 % del número total de barreras burocráticas y el 47 % del costo total estimado. Además, la imposición de plazos administrativos mayores a los legalmente establecidos representó el 9 % del total y el 17 % del costo total. Los cobros de tasas significaron el 6 % del total y el 18 % del costo total.

La eliminación voluntaria de barreras ascendió a 5 650, la inaplicación particular a 279 y la inaplicación general a 164 barreras.

Las municipalidades provinciales fueron las entidades que más barreras impusieron, representando el 53 % del total y el 59 % del costo total. En segundo lugar, figuran los gobiernos regionales, concentrando el 10 % del total y el 16 % del costo total. Las municipalidades distritales ocuparon el tercer lugar, representando el 13 % del total y el 9 % del costo total.

El sector de la construcción fue el más afectado por estas barreras, representando el 21 % del costo total, seguido por el sector de otros servicios, que representó el 20 %. Las barreras impuestas a personas naturales constituyeron el 35 % del costo total.

En este contexto, las autorizaciones asociadas a licencias de edificación fueron las más burocráticas, representando el 13 % del total y el 31 % del costo total. En segundo lugar, se encuentran las autorizaciones asociadas a licencias de funcionamiento, que representaron el 14% del total y el 10% del costo total.

Eliminación de barreras 2023

Para el año 2023, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) identificó, en el diario El Peruano, la publicación de 51 resoluciones que eliminaron 120 barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. De estas, 34 corresponden al presente año, 15 al año 2022 y 2 al año 2021. La SEL promulgó 39 resoluciones, la CEB 8 y las ORI 4. Además, 24 resoluciones eliminaron barreras de las municipalidades distritales, 16 de municipalidades distritales, 8 de entidades del Gobierno Nacional, 2 de universidades y 1 de algún colegio profesional.

Entre las entidades donde se eliminaron barreras burocráticas, figuran el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); la Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales de Miraflores, Pueblo Libre, Jesús María; y la municipalidad provincial del Callao.

Recomendaciones

En cuanto a recomendaciones, se sugiere que la CEB y las ORI deben continuar capacitando a funcionarios, representantes de gremios empresariales y ciudadanos en la prevención y eliminación de barreras burocráticas. Asimismo, deben continuar promoviendo que las entidades eliminen voluntariamente estas barreras, ya que ello contribuye a la anhelada recuperación económica del país.

Cabe destacar que existe un proyecto de ley que propone elevar al Indecopi a nivel de organismo constitucionalmente autónomo. Este ya cuenta con un dictamen de las comisiones de Constitución y Defensa del Consumidor. Se ha incorporado a la Orden del Día y está apto ser incluido en la agenda del pleno en cualquier momento.

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