Arturo Field: «Retorno de clases presenciales debería evaluarse para segundo semestre»
El presidente del Sector Educativo del Gremio de Servicios de la CCL, Arturo Field, indica que el retorno de clases presenciales dependerá de las condiciones sanitarias y protocolos establecidos.
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Por Maribel Huayhuas
¿Qué temas deberá atender el próximo Gobierno para mejorar la educación?
Lo puntual es optimizar radicalmente la educación temprana, generar una refundación en la educación secundaria e impulsar decididamente la educación técnico-ocupacional.
Al mismo tiempo, desarrollar un nuevo sistema de calificación docente en el que se promuevan los logros, reducir drásticamente la brecha tecnológica con medios y herramientas digitales para docentes y alumnos, así como generar mayor conectividad en regiones y contenidos para la enseñanza.
Por último, reforzar la supervisión del sistema universitario y fortalecer la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la cual ha obtenido importantes logros.
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En el 2020, más de 200.000 alumnos de colegios privados se trasladaron a los públicos. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Educación (Minedu) para mejorar ese proceso?
Esta migración de estudiantes debe servir para mejorar los estándares de la educación estatal. Para albergar esa migración se debe implementar un cambio en las currículas y procesos de gestión educativa que combinen un blended entre educación virtual y presencial, a fin de dar cabida a los traslados.
En esta coyuntura, ¿debe darse subsidios a los colegios privados para evitar que cierren?
Los subsidios generan ineficiencias. Sería mejor otorgar un financiamiento a los estudiantes mediante una Chequera Educativa, que consiste en entregar a los padres una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar para que puedan cubrir los gastos del colegio elegido.
¿Es oportuno que el 16% de escuelas públicas regrese a clases presenciales?
Es un riesgo muy alto pretender que vuelva la presencialidad escolar, así sea parcial, cuando aún existe una incidencia muy alta en los niveles de contagio. El retorno debería evaluarse para el segundo semestre si las condiciones sanitarias lo permiten. Respecto a los colegios privados, habría que evaluarlos en base a condiciones y protocolos muy estrictos.
Por otro lado, ¿cuáles son las propuestas desde su sector para una educación de calidad e inclusiva?
Lo primero es impulsar la educación virtual con plataformas acordes con el desarrollo tecnológico, amigables, alineadas a las currículas nacionales, que sean trazables, que identifiquen los logros de aprendizaje. Así también generar un subsidio cruzado que sirva para que el IGV generado por las instituciones educativas privadas se destine directamente a las instituciones públicas.
A la vez, se debe invertir más en tecnología, contenidos y conectividad en zonas vulnerables. Y, finalmente, facilitar a la empresa privada la inversión educativa con mecanismos que generen mesas de donantes en apoyo a la educación pública.
¿Cuáles son los objetivos de su sector en el corto y mediano plazo?
Nuestro principal objetivo, y de nuestros directivos, es generar el debate para solucionar los grandes problemas del sector educación. Aquí es clave impulsar la educación temprana priorizando el inglés, matemáticas y tecnología. De la misma forma mejorar en 100 puntos los resultados de la Evaluación PISA que podría generarle al país un crecimiento de hasta 2 puntos porcentuales en el PBI.
Igualmente, crear una nueva educación secundaria vocacional y tecnológica para darle valor agregado a la formación e impulsar de manera real y comprometida la educación tecnológica y ocupacional, considerando que existe un desfase entre la demanda laboral y la oferta académica.
Tal como se dijo al inicio, también es sustancial fortalecer la supervisión del sistema universitario y el rol de la Sunedu, así se le dará pertinencia a las carreras y se retirará el licenciamiento de aquellas que no logren empleabilidad. En el mundo, cinco de cada ocho personas que eligen carreras tradicionales, terminan trabajando en algo que no estudiaron.
Por tanto, el Estado debe exigir a las Agencias Acreditadoras que los programas que no empleen al menos el 70% de los egresados, retire dichas acreditaciones.