Acciones inductivas de la Sunat: ¿eficiencia en gestión y recaudación?

Pescar es un arte. Supone actuar con inteligencia premeditada, para saber escoger el mejor lugar, temporada, estrategia y técnica (red o caña), pudiendo así maximizar la obtención de mejores resultados.

Desde el 2024, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) ha intensificado sus distintas acciones de control de obligaciones tributarias sobre los contribuyentes, pero no solo a través de fiscalizaciones tributarias, sino con un foco especial en acciones inductivas, que se materializan en cartas inductivas y/o esquelas de citación giradas de manera continua a personas naturales y empresas. Según ha informado Sunat, se estaría utilizando herramientas informáticas y de inteligencia artificial para esta tarea.

No dudamos que, adicionalmente al procedimiento de fiscalización, las acciones de verificación son también un mecanismo previsto en nuestra legislación (artículo 61 del Código Tributario) para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; siendo una herramienta que la administración puede activar discrecionalmente en la forma de acciones inductivas, solicitudes de información a terceros, cruces de información, etc.

Particularmente, las acciones inductivas son herramientas idóneas cuando la administración advierte de antemano -o tiene suficientes indicios de- la existencia de omisiones o inexactitudes en la información proporcionada por los contribuyentes; dando igualmente a estos últimos la oportunidad de una pronta regularización, sin la necesidad de activar una actuación mayor. No constituye un mecanismo creado propiamente para la obtención de información, pues para ello el cauce correcto es el procedimiento de fiscalización tributaria o, de ser el caso, un cruce de información frente a terceros.

Pero, si bien la fiscalización tributaria constituye hoy por hoy un procedimiento con reglas y parámetros relativamente claros -como condición mínima para tener predictibilidad y que se respeten los derechos de los contribuyentes-; en lo que compete a las acciones de verificación, no contamos aún con una normativa explícita, ni tampoco con criterios jurisprudenciales que establezcan límites o prerrogativas para este tipo de actuaciones.

No por ello, esta facultad debe ser ejercida razonablemente y de manera muy responsable, evitando su utilización como una herramienta ordinaria; peor aún, cuando no se realice una mínima evaluación de la información con la que cuenta la autoridad, para determinar si realmente -a partir de ella- se advierten suficientes indicios de un incumplimiento tributario. Caso contrario, los resultados de su uso impropio podrán ser contraproducentes.

Así, por ejemplo, recientemente y de forma adicional a las conocidas acciones inductivas motivadas en información obtenida a través del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la Sunat ha venido notificando masivamente cartas inductivas y esquelas de citación a personas naturales con base en supuestas inconsistencias detectadas en sus rentas declaradas del exterior, partiendo de la información obtenida a través del Common Reporting Standard[1] o CRS. La Sunat ha dispuesto de un considerable número de personal y recursos para la ejecución y seguimiento en esta particular campaña.

Pero, lo que ha venido quedando sumamente claro, es que la información obtenida por la autoridad a través del CRS resultó ciertamente insuficiente para permitir un contraste medianamente efectivo sobre la adecuación de las rentas declaradas, pues el reporte muestra información muy genérica sobre los resultados obtenidos en el exterior.[2]

A mayor abundamiento, incluso cuando la Sunat advertía que el contribuyente había cumplido con declarar durante el ejercicio en cuestión rentas provenientes de las jurisdicciones informadas por el CRS; insistía en la conjetura de “tener información del exterior que denotaría la existencia de rentas no declaradas”.

Como resultado de esta “campaña”, miles de contribuyentes han venido atendiendo este tipo de comunicaciones, suministrando profusa información (estados de cuenta, preparación de formatos exigidos por la Sunat, certificados de retenciones, etc.) con la necesaria asistencia de asesores tributarios, siendo que en la gran mayoría de casos -al menos los que pudimos asesorar- se logró desvirtuar la existencia de estas supuestas inconsistencias.

Y si pasamos a las empresas, desde hace varios años, la Sunat se vale de este tipo de acciones, justificando por ejemplo la existencia de inconsistencias por los ingresos declarados para el Impuesto a la Renta y sus pagos a cuenta mensuales vs. el débito declarado para el Impuesto General a las Ventas.

Pero, dado que las reglas para el reconocimiento de ingresos/ventas en cada uno de estos tributos son categóricamente diferentes -pues atienden a la naturaleza particular de cada impuesto-, es natural y esperable no evidenciar un paralelismo o exactitud en las bases declaradas en cada uno de ellos.

Recientemente, se está notificando masivamente a empresas con acciones inductivas por concepto de omisiones en las retenciones de cuarta/quinta categorías[3]; referidas al cumplimiento de obligaciones formales en materia de precios de transferencia; y, desde hace pocos días, se han activado este tipo de acciones orientadas a la aplicación de los límites para la deducción de intereses en la determinación de la renta neta empresarial, así como por supuestos errores en los períodos de anotación/declaración de comprobantes de pago y documentos que los ajustan.

Más allá de los indudables resultados que la Sunat podría obtener mediante estas medidas inductivas de carácter masivo, es justo preguntarnos ¿hay acaso también una medición del impacto que tienen estas acciones en los miles de contribuyentes que logran desbaratar tales “inconsistencias” mal formuladas, pero que igualmente les significa invertir tiempo, personal, asesores externos, que no podrán recuperar?

La Sunat no debe perder de vista el efecto colateral que puede generar el uso inapropiado y desmedido de sus acciones inductivas como mecanismo de gestión de riesgo, pues de no tratarse de medidas correctamente calibradas, pueden generar innegables impactos negativos en las operaciones económicas de los contribuyentes. Indirectamente, termina reduciendo la recaudación por obligar al contribuyente a incurrir en mayores gastos, como por tener que disponer de recursos que ordinariamente deberían orientarse a la generación de mayor rentabilidad.

Las acciones inductivas no deben suponer mecanismos ordinarios, que puedan ser llevados adelante sin limitación alguna o sin el mínimo cuidado para cuidar cómo dirigirlas y enfocarlas.

Lamentablemente, el desarrollo de estas acciones viene mostrando una intención de “tirar la pelota al contribuyente” y, quién sabe, con suerte lograr “pescar” algún resultado, o al menos obtener información que en principio debería requerirse en el marco de un procedimiento de fiscalización.

No es pues, lo mismo pescar de manera inteligente, que salir a mar abierto a una pesca por arrastre o con dinamita, obteniendo sin duda resultados, pero a costa de un daño innecesario al ecosistema.

[1] Plataforma en el marco de la OECD, en la cual empresas financieras de más de cien países comparten automáticamente información bancaria accesible para las autoridades tributarias.

[2] En efecto, el reporte no segmenta necesariamente cada resultado obtenido para estimar su naturaleza concreta, ni para verificar si se trató de rentas que tributaron en el Perú o se encontraron sujetas a un tratamiento preferencial. Tampoco detalla las pérdidas o los gastos/costos generados por estas inversiones que, por cierto, tienen plena incidencia en la determinación de la renta neta de fuente extranjera.

[3] Recordemos que, para el caso de rentas del trabajo, las personas naturales tributan principalmente a través de retenciones aplicadas por sus empleadores o contratantes.

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