Acción Gremial CCL – De Noviembre del 2022 a Febrero del 2023
CCL asume la Presidencia del CEAP
La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Rosa Bueno de Lercari, asumió la Presidencia Pro Tempore del Consejo Empresarial de la Alianza de Pacífico (AP) y del Capítulo Perú para el periodo 2023-2024. En su discurso, la titular del gremio empresarial señaló que el CEAP seguirá impulsando los temas de las pequeñas y medianas empresas (pymes), economía circular, industria 4.0, infraestructura, agenda digital, cooperación regulatoria, educación, entre otros.
Asimismo, resaltó que el CEAP ya tiene sus grupos de trabajo establecidos y que trabajan de manera coordinada a nivel de grupos técnicos, comités y subcomités correspondientes en cada uno de los gobiernos de la AP. “Estamos convencidos de que, desde el CEAP, podemos impulsar otros temas con miras a dinamizar la agenda subregional, pero, sobre todo, para lograr avances en beneficio de los ciudadanos de los cuatro países, contribuyendo al desarrollo y mejorando la calidad de vida, con especial énfasis en los jóvenes, mujeres y pymes”, destacó.
Respaldo a promoción e implementación de proyectos
La CCL, a través de su Gremio de Construcción e Ingeniería, expresó su respaldo al Proyecto de Ley N.° 3273-2022-PE, sobre promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC). No obstante, señaló que existe preocupación en relación con la asignación del presupuesto para la ejecución de estos proyectos, debido a que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto de la República 2023, de los 72 proyectos priorizados en el PNISC, solo se está considerando asignación presupuestal para poco menos de 30 de estos. De igual forma, la CCL advirtió que resulta preocupante que se haya modificado la cartera de proyectos, al retirar de esta lista a los que no han sido culminados.
Apoyo a regímenes especiales de depreciación
La CCL manifiesta su respaldo al Proyecto de Ley N.° 3155/2022-PE, que establece regímenes especiales de depreciación a edificios, construcciones y vehículos eléctricos (híbridos) que podrían ser utilizados por los contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta. El proyecto en mención eleva la tasa de depreciación anual máxima del 20% al 33,3% para el caso de edificios y construcciones.
También mantiene una tasa de depreciación máxima de 50% para vehículos eléctricos. En esa línea, la CCL recomendó que el proyecto alcance a las mypes sujetas a su régimen tributario, y que incluya a las edificaciones y construcciones, así como a las adquisiciones de vehículos eléctricos iniciadas o adquiridas en el 2022. Finalmente, indicó que es recomendable ampliar el alcance del proyecto a los equipos de procesamiento de datos, con una tasa máxima de depreciación anual del 50%.
CCL integrante del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity
En diciembre del 2022, se instaló el Consejo Consultivo en el Perú de Alliance for Integrity, iniciativa global promovida por el sector empresarial y el Gobierno Alemán, que busca promover la integridad entre las empresas, sus socios comerciales y otros actores en el sistema económico. En esa línea, se designó como integrante del mencionado Consejo Consultivo a la presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, en representación de nuestra institución empresarial.
El Consejo Consultivo en el Perú está integrado por siete representantes del sector empresarial, gremios, sociedad civil y academia, dedicados a promover la integridad y la lucha contra la corrupción. Cabe señalar que Alliance for Integrity constituye una plataforma que permite generar oportunidades de implementación de medidas de acciones desde el sector empresarial, para contribuir en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad.
Apoya al Poder Ejecutivo para que legisle
La CCL expresó su postura a favor sobre el Proyecto de Ley N.° 03941-222-PE, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en materia de Reactivación Económica y Modernización de la Gestión del Estado, por un plazo de 90 días, en los siguientes ejes: inversión pública, gestión económica, tributación, contratación pública y modernización de la gestión del Estado.
Sin embargo, la CCL solicita que la Ley de Delegación especifique, de manera expresa, que para efectos de la formulación y promulgación de las normas sobre las cuales se les ha autorizado legislar, el Ejecutivo deba cumplir con la obligación de aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio, a fin de garantizar una gestión política eficaz y transparente.
A favor de modificación del Impuesto a la Renta
La CCL expresó su opinión favorable al Proyecto de Ley N.° 3838-2022-PE, que busca modificar dos artículos de la Ley del Impuesto a la Renta: el artículo 26, referido a la presunción de intereses de préstamos, a fin de establecer que, en préstamos de moneda extranjera, la tasa de interés presunta no pueda ser inferior a la tasa activa de mercado en moneda extranjera (TAMEX); y el artículo 37, referido a la deducción como gasto de las remuneraciones de los directores de sociedades anónimas, para incluir como requisito de procedencia de la deducción que tales remuneraciones sean pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento y que los gastos por remuneraciones de los directores, que no hayan sido reducidos en el tiempo que corresponde, puedan ser reducibles en el ejercicio en que se paguen.
Al respecto, la CCL señala que ambas modificaciones son positivas y coherentes. Además, sostiene que la primera es necesaria debido a que orienta el valor de mercado más cercano a la realidad de las operaciones de crédito, al crear un escenario favorable para los contribuyentes. La CCL resaltó que la entrada en vigencia del mencionado proyecto de ley debería darse a partir del ejercicio 2024, ya que el Impuesto a la Renta es un tributo de periodicidad anual.
En contra de otorgar competencias
La CCL expresó su opinión en contra del Proyecto de Ley N.° 3734/2022-CR, debido a que esta norma permitía trasladar a las municipalidades funciones y competencias de Indecopi, lo que puede propiciar duplicidad de funciones que afectarían a proveedores y consumidores. Además, el alcance de las competencias de las municipalidades no está orientado a la fiscalización en materia de protección de derechos al consumidor. Por ello, para la CCL, todo esto generaría confusión en los ciudadanos y los propios funcionarios municipales.