La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detectó al cierre de 2025 a 78 empresas consideradas Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), es decir, organizaciones que emitían comprobantes de pago pese a no contar con personal, activos ni infraestructura para desarrollar actividades reales.
La entidad advirtió que esta situación afecta a más de 57 800 clientes y compromete operaciones relacionadas con crédito fiscal e impuesto a la renta que el Estado no reconocerá.
LEA TAMBIÉN: Idexcam advierte que paro arrocero pone en riesgo agroexportaciones
USO DE FACTURAS FALSAS PUEDE TERMINAR EN PROCESOS PENALES
Para José Arturo Matos, abogado especialista en derecho penal, estas prácticas no solo representan un problema tributario, sino también un posible delito.
Explicó que el uso de facturas falsas o la creación de empresas de fachada puede generar penas de cárcel, inhabilitación para realizar actividades comerciales y responsabilidades para socios y representantes legales.
Además, recordó que la Ley Penal Tributaria, establecida mediante el Decreto Legislativo n.° 813, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión, dependiendo del monto defraudado y de la reincidencia.
QUÉ ES UNA FACTURA FALSA Y CÓMO OPERAN ESTAS EMPRESAS
Según el especialista, una factura falsa es un comprobante que respalda una operación inexistente. Esto ocurre cuando los servicios nunca se prestaron, los bienes no fueron entregados o los montos fueron alterados para reducir impuestos.
Añadió que las llamadas empresas de papel o sociedades ficticias suelen utilizarse para evadir tributos, triangular dinero o incluso realizar operaciones vinculadas al lavado de activos.
Matos señaló también que muchos emprendedores terminan involucrados en estas prácticas sin conocer completamente las consecuencias legales, en algunos casos inducidos por terceros.
