La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa su más firme preocupación ante los hallazgos del Informe de Control Específico emitido por la Contraloría General de la República, que identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en Piero Corvetto, exjefe de la ONPE y otros nueve funcionarios y exservidores de esa entidad, por las graves fallas logísticas que afectaron la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 del pasado 12 de abril.
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Según concluye la Contraloría, las deficiencias en la distribución del material electoral afectaron el derecho al voto de 55,261 ciudadanos e impidieron la instalación de 187 mesas de sufragio en Lima, comprometiendo seriamente la integridad del proceso democrático.
El informe detalla además el presunto favorecimiento a la empresa Galaga en la contratación del servicio de transporte del material electoral, así como la aprobación de pagos sin sustento técnico suficiente.
Ante la gravedad de estos hechos, la CCL considera que no puede tratarse de una situación que quede reducida a procedimientos administrativos internos. Lo que está en juego es la confianza ciudadana en el sistema electoral y la legitimidad de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio próximo.
En ese sentido, la CCL formula las siguientes exigencias:
Primero. Que el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, proceda de manera inmediata a la separación preventiva de todos los funcionarios con cargos activos identificados en el Informe de Control de la Contraloría, sin perjuicio del resultado de los procedimientos administrativos disciplinarios que corresponda iniciar.
Segundo. Que la Procuraduría Anticorrupción ejerza con prontitud las acciones legales que la Contraloría ha solicitado activar, garantizando que ningún presunto responsable continúe ejerciendo funciones que incidan en la organización o ejecución del proceso electoral.
Tercero. Que la Junta Nacional de Justicia, a quien ya fue remitido el Informe de Control, actúe con la celeridad que la coyuntura exige, teniendo en consideración la gravedad de los hallazgos respecto a la conducta del entonces titular del organismo electoral.
Cuarto. Que la ONPE brinde garantías públicas, concretas y verificables, de que las condiciones logísticas, operativas y de transparencia que fallaron el 12 de abril han sido plenamente subsanadas antes de la jornada del 7 de junio.
La CCL reitera que las elecciones libres, limpias y bien administradas son la base de cualquier sistema democrático y constituyen una condición indispensable para la estabilidad institucional, el clima de inversión y el desarrollo del país. Una segunda vuelta marcada por dudas sobre la gestión del organismo electoral sería inaceptable para el Perú y para su comunidad empresarial.
El sector privado organizado no puede ser indiferente ante fallas que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos. La CCL continuará monitoreando el avance de las investigaciones y el proceso de selección del nuevo jefe de la ONPE, y hará pública su posición ante cualquier irregularidad adicional que se detecte.
