Economía

Petroperú recibirá financiamiento por US$ 2000 millones

El esquema no utilizará recursos del Tesoro Público y contará con supervisión técnica de ProInversión.
El decreto aprobado también autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por US$ 500 millones para asegurar la operación inmediata de Petroperú.

El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia n.° 003-2026 para garantizar la continuidad operativa de Petroperú y asegurar el abastecimiento de combustibles en el país. La norma establece un nuevo esquema financiero que, por primera vez, no utilizará recursos del Tesoro Público ni impuestos de los peruanos, dejando atrás los rescates fiscales tradicionales.

El mecanismo permitirá acceder hasta a US$ 2000 millones de financiamiento de banca privada internacional bajo supervisión técnica de ProInversión. Además, se creará una estructura financiera especial para proteger los recursos y evitar que sean destinados al pago de deudas históricas de la empresa.

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El decreto también autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por US$ 500 millones para asegurar la operación inmediata de Petroperú mientras se implementa el esquema definitivo. Asimismo, incorpora medidas de control y gobernanza para garantizar eficiencia, supervisión técnica y uso exclusivo de los recursos en actividades esenciales como compra de crudo, refinación y abastecimiento de combustibles.

BLOQUES PATRIMONIALES DESDE JUNIO

Cabe precisar que el Decreto de Urgencia n° 010-2025, que inició el proceso de reorganización patrimonial, financiera y operativa de Petroperú, continúa vigente y ProInversión viene avanzando en las distintas fases de su implementación. Como parte de este proceso, entre junio y julio de este año se prevé la constitución de los bloques patrimoniales de la empresa, medida orientada a fortalecer su sostenibilidad y viabilidad en el mediano y largo plazo.

La reorganización impulsada por el Gobierno busca que Petroperú recupere sostenibilidad financiera y capacidad de refinanciamiento en el mediano plazo, bajo criterios técnicos, transparencia y control especializado. Asimismo, se precisa que el proceso no implica privatización de la empresa ni afectará la representación de los trabajadores en el directorio.

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