Óscar Chávez
El 5 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que la pobreza monetaria cayó al 25.7 % de la población en 2025, una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al año anterior. La cifra fue presentada como una mejora significativa: 567 000 personas habrían dejado la pobreza. El jefe del organismo, Gaspar Morán Flores, calificó el resultado de positivo. La aritmética, sin embargo, es menos generosa que el comunicado.
Si se compara 2025 con 2019, el último año antes de la pandemia, Perú tiene 2337 000 pobres más. La pobreza extrema, definida como la incapacidad de cubrir el costo de una canasta básica de alimentos valorizada en 260 soles mensuales, alcanza al 4.7 % de la población. Eso equivale a 1 614 000 personas, 682 000 más que hace seis años. El gasto real promedio mensual por habitante, 920 soles, sigue 7.9 % por debajo del nivel prepandemia. Lo que muestran los datos no es una recuperación. Es un retorno parcial. Una década que, en términos de bienestar, aún no vuelve.
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El alivio reciente
La caída del último año es real. La pobreza descendió de 27.6 % a 25.7 % y la pobreza extrema de 5.5 % a 4.7 %. El gasto real per cápita creció 2 %, con una particularidad alentadora: el quintil más pobre vio aumentar su gasto en 5.7 %, mientras el quintil más rico apenas en 1.2 %.
El perfil de la pobreza, sin embargo, sigue siendo el de siempre. Tener una jefatura de hogar con educación primaria triplica la incidencia de pobreza respecto a una con educación superior (35 % frente a 11.3 %). En hogares cuyo jefe tiene como lengua materna una indígena de la Amazonía, casi la mitad de la población es pobre (46.2 %); con lengua quechua o aimara, la cifra es 30.4 %. En los hogares donde el jefe trabaja por cuenta propia, la pobreza alcanza el 29 %, casi diez puntos por encima del trabajo dependiente. La informalidad laboral, omnipresente en el país (70.2 % nacional), se vuelve casi total entre los pobres extremos: 96.1 % trabajan al margen del sistema formal. La pobreza peruana sigue siendo predominantemente indígena, rural, informal y con escolaridad incompleta. Nada ha cambiado salvo el porcentaje agregado.
La selva y el espejismo rural
El relato oficial insiste en que la mejora de 2025 es un fenómeno rural. Los datos parecen darle la razón. La pobreza rural cayó 3.8 puntos porcentuales, frente a 1.4 en zonas urbanas. La pobreza extrema rural se desplomó 4.1 puntos en un solo año. La Selva Rural, que en 2024 acumulaba al 36.7 % de su población en pobreza, terminó 2025 en 30.7 %. Es la mayor caída anual en cualquier dominio geográfico del país.
Para el IEDEP, una mirada más detenida sugiere algo distinto. La población vulnerable de la Selva Rural, aquella cuyo gasto supera el umbral de pobreza, pero queda por debajo del de seguridad económica, alcanza el 55 %. Esa cifra subió 3.9 puntos porcentuales en un año, un cambio estadísticamente muy significativo. Más de la mitad de los habitantes de la Amazonía rural está a corta distancia de caer en pobreza, por lo que shocks económicos como una mala cosecha, una enfermedad, un mes sin ingresos podrían revertir su situación. Esta realidad convive con una pobreza que está bajando, pero la fragilidad en aumento.
El fenómeno se repite en otros dominios rurales. La Costa Rural y la Sierra Rural también registraron incrementos de vulnerabilidad, de 2.1 y 2.3 puntos respectivamente. Lo que parece ser una historia de éxito rural es, en realidad, una historia de personas que cruzaron la línea de pobreza, pero no se alejaron de ella. La distancia entre ser pobre y dejar de serlo, en buena parte del Perú rural, se mide en menos de un sol diario.
La vulnerabilidad como la nueva pobreza
A nivel nacional, el 32.8 % de los peruanos, unas 11 267 000 personas, se encuentra en condición de vulnerabilidad. Es un punto porcentual más que en 2024, una variación significativa que rompe la tendencia descendente registrada entre 2020 y 2023. Hay, por primera vez en cuatro años, más vulnerables que el año anterior. Justo cuando hay menos pobres.
Esa aparente contradicción se entiende mejor en el detalle geográfico. La vulnerabilidad subió 2,6 puntos porcentuales en zonas rurales (donde alcanza al 47.2 % de la población) y se mantuvo prácticamente estable en zonas urbanas (29.4 %). En tanto, en la Selva (43.4 %) y la Sierra (37.4 %) duplican el nivel de Lima Metropolitana. Pero la observación más reveladora del informe está en el ranking departamental: el grupo formado por Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Lima provincias, San Martín, Tacna y Ucayali tiene la tasa de vulnerabilidad más alta del país, entre 40.1 % y 43.1 %. No son los departamentos más pobres del Perú. Son los más cercanos a serlo.
Las políticas de transferencias condicionadas, los programas alimentarios, las pensiones no contributivas siguen siendo ampliamente utilizadas: el 78.4 % de los hogares vulnerables recibe algún programa social.
La paradoja limeña
Lima Metropolitana, que concentra cerca de un tercio de la población peruana, se comporta de manera anómala respecto al resto del país. Tiene la vulnerabilidad más baja de cualquier dominio geográfico (24.7 %), por debajo incluso de la Costa Urbana. Sus indicadores de fragilidad apenas se movieron en 2025. Y, sin embargo, su pobreza extrema fue la única que subió: de 3.3 % a 3.6 %.
Más revelador es el contraste con 2019. Lima Metropolitana con una pobreza de 26.8 % acumula un diferencial de 13.1 puntos porcentuales más de pobreza que antes de la pandemia, el peor desempeño departamental respecto al punto de partida. La Costa, donde se concentra la economía urbana formal del país, es 9.9 puntos más pobre que en 2019. La Sierra, en cambio, ya está al nivel de aquel año, y la Selva apenas 1.5 puntos por encima.
La explicación más plausible es estructural. La pobreza limeña se ha enquistado entre quienes perdieron sus empleos durante la pandemia y nunca lograron volver al mercado laboral formal. La población no pobre de la capital, mientras tanto, conservó sus empleos, sus ahorros y sus redes. La distancia entre los dos grupos no se está cerrando: se está ampliando.
Acciones
El principal desafío del Perú ya no es únicamente reducir el número de pobres, sino evitar que millones de ciudadanos vulnerables vuelvan a caer en pobreza ante cualquier shock económico, climático o sanitario. Por ello, la política pública debe evolucionar desde un enfoque centrado exclusivamente en la asistencia social hacia otro orientado a fortalecer activos clave para el desarrollo, como educación de calidad, conectividad, seguridad alimentaria, acceso al sistema financiero, servicios básicos y empleos formales.
En paralelo, el país necesita elevar de manera sostenida la productividad laboral, ya que sin ella la pobreza continuará expandiéndose incluso en periodos de crecimiento económico. Entre las medidas prioritarias destacan la mejora de la calidad educativa, la reconversión de habilidades laborales y la promoción del empleo en sectores con alta capacidad de absorción y demanda de competencias.
Asimismo, resulta indispensable acelerar la inversión en infraestructura económica básica en la selva y la sierra rural mediante mayor conectividad vial, acceso a internet de alta velocidad, electrificación y mejores mecanismos de acceso a mercados. Sin integración económica y productiva, las mejoras observadas en pobreza seguirán siendo temporales y altamente frágiles.
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