Hacia un Perú formal y competitivo: la necesidad del cambio de ciclo
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Álvaro Chávez Tori
El Perú enfrenta un problema estructural que obstaculiza su desarrollo económico y social: la alta informalidad laboral y empresarial. Con un 73.6 % de su fuerza laboral fuera del sistema formal, el país pierde oportunidades de recaudación fiscal, reduciendo su capacidad de inversión en infraestructura, salud y educación.
Según el Banco Mundial, 8.2 millones de negocios operan en la informalidad, lo que impide un crecimiento equitativo y sostenible. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también debilita la institucionalidad y erosiona la confianza en el Estado.
Sin una estrategia clara para combatir este problema, el Perú seguirá enfrentando desigualdades estructurales que limitan su competitividad global.
Uno de los factores que agravan esta situación es el exceso de regulaciones y la burocracia, que terminan fomentando la informalidad en lugar de reducirla. En vez de incentivar la formalización, el Estado impone cargas tributarias y laborales que desalientan la inversión y la generación de empleo formal. En este contexto, resulta fundamental promover un Estado más eficiente y transparente, capaz de brindar seguridad jurídica y simplificar los procesos administrativos. Solo así las empresas podrán crecer sin temor a la asfixia regulatoria, permitiendo una mayor integración de los trabajadores al sistema formal.
Pero la informalidad también tiene su origen en la falta de justicia y seguridad. La impunidad y la corrupción desincentivan la inversión y perpetúan la economía informal. Si el sistema judicial no garantiza un entorno estable y predecible, las empresas optan por operar fuera del marco legal. Es necesario, por lo tanto, una reforma integral del sistema judicial, que incluya la renovación de jueces y fiscales, así como una lucha frontal contra el crimen organizado. Garantizar estabilidad institucional es clave para fomentar un entorno favorable a la inversión y la generación de empleo formal.
Dentro de este escenario, el sector privado también juega un papel determinante. En lugar de financiar organizaciones que debilitan la propiedad privada y desincentivan la inversión, las empresas deben orientar sus esfuerzos hacia la mejora de la educación, la salud y la infraestructura. No se trata solo de responsabilidad social empresarial, sino de un compromiso real con la generación de empleo formal y el desarrollo en regiones afectadas por la informalidad. Solo con un sector privado comprometido, se podrá reducir la brecha social y garantizar un crecimiento económico inclusivo.
Por otra parte, el centralismo sigue siendo un freno para el desarrollo equitativo del país. Aunque se han implementado esfuerzos de descentralización, en la práctica, las regiones siguen dependiendo excesivamente de Lima, lo que limita su autonomía económica y su capacidad de gestión. Para cambiar esta situación, es necesario un modelo de autonomía fiscal bien estructurado, que permita que los impuestos recaudados sean gestionados localmente, facilitando una mejor asignación de recursos y fomentando la inversión regional. De esta manera, las regiones podrán definir su propio desarrollo y generar oportunidades de crecimiento sin depender de decisiones centralizadas.
Combatir la informalidad no significa aumentar los impuestos ni endurecer las regulaciones, sino modernizar el sistema tributario y laboral. Para ello, es fundamental eliminar las trabas burocráticas para la formalización, implementar un régimen tributario único y progresivo basado en utilidades reales, y ofrecer incentivos fiscales para nuevas empresas en sus primeros años de operación. Asimismo, la flexibilización del mercado laboral permitirá esquemas adaptados a distintos sectores económicos, facilitando la integración formal de una mayor cantidad de trabajadores y emprendedores.
En este contexto, el “Cambio de Ciclo” se presenta como una necesidad urgente. La informalidad no solo afecta la economía, sino que también erosiona la confianza en el país y en su futuro. El «qué» ya está definido: un Perú más libre, seguro y próspero. Ahora es momento de definir el «quién», es decir, los líderes capaces de impulsar esta transformación. La lucha por el “Cambio de Ciclo” no es solo política, sino estructural. Se trata de garantizar un futuro sostenible, en el que el crecimiento y la equidad sean accesibles para todos los peruanos.
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