“La tarea del Gobierno es mejorar la percepción de seguridad”

¿Cuál es la agenda pendiente del Gobierno en materia de seguridad ciudadana?

Considerando el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ya uno de cada cinco peruanos ha sido víctima de la delincuencia. Estos eventos son especialmente predominantes en departamentos como Piura, Lima y Ucayali. Dicho ello, podemos decir que la agenda es muy amplia, ya que es consecuencia de la inacción de años, de cambios permanentes en las autoridades y de no querer tomar al toro por las astas. Por lo tanto, la agenda pendiente es poder lograr que aumente la percepción de seguridad, que los ciudadanos puedan salir a la calle sin temor, que las empresas y los emprendedores no sean extorsionados y que se perciba que las malas acciones tienen consecuencias inmediatas.

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Ello implica una mejor articulación entre todos los actores, donde se involucren, de manera directa o indirecta, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las municipalidades, los gremios empresariales, la ciudadanía, entre otros; así como también incluye el realizar cambios en las normas y procedimientos. Todo bajo un liderazgo claro y organizado, con una estrategia sostenible que se comunique con claridad a la ciudadanía.

¿Cuál es su opinión sobre la ampliación del estado de emergencia en algunos distritos de Lima, con el fin de enfrentar la delincuencia?

 Un estado de emergencia genera opiniones encontradas. Lo primero que se debió hacer fue explicar claramente en qué consiste. No se trata de pedir que salgan los militares a las calles, pues su función no es perseguir a delincuentes, sino garantizar, entre otras cosas, la independencia, soberanía e integridad territorial del Perú.  Cualquier acción que disponga el Gobierno requiere del apoyo de todos. Por lo pronto, creemos que el estado de emergencia implementado en zonas específicas ha tenido buenos resultados, pues le ha permitido a la PNP realizar acciones eficaces, como la desarticulación de bandas criminales locales y la detención de delincuentes que cargaban armas de diverso calibre.

Si bien este trabajo de la Policía se da como parte de sus operativos, ha sido más eficaz en los distritos donde se ha aplicado el estado de emergencia, que son San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Las señales son buenas, pero el reto es aún grande.

El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que propone ampliar la sanción por el robo de teléfonos celulares, con una pena de hasta 20 años de prisión, ¿esta medida es suficiente para desincentivar este tipo de delito?

En lo personal, pienso que la intención es buena, pero me parece que tiene un carácter más efectista que práctico. Asumo que antes de proponerlo han realizado un análisis profundo. Las actuales penas no son disuasivas para los delincuentes, pues se han encontrado con un escenario de corrupción a nivel de las autoridades, lo que favorece la impunidad. ¿De qué sirve poder llegar a condenar a 20 años a un ladrón de celulares si a las 24 o 48 horas está en la calle nuevamente delinquiendo? Aquí hay un punto de discusión para los expertos en derecho penal relacionado con el tema de la proporcionalidad de la pena, pues hay delitos más graves con castigos menos severos.

Por tanto, creo que la medida por sí sola no es suficiente, por lo que debería haber cambios en los procedimientos de la administración de justicia. Pero, adicionalmente, las normas, por sí solas, no reducen delitos, también contribuye el que cada uno tome las medidas de prevención necesarias para evitar y/o reducir la probabilidad de ser víctima de un robo.

Asimismo, el referido decreto legislativo incorpora dos tipos de penas: la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado, ¿son acertadas estas especificaciones?

Así es, pues ambos son delitos. El primero, por la suplantación de la identidad de una persona para adquirir SIM cards con la complicidad de algunos trabajadores de los operadores; mientras que, en el otro caso, porque la venta de un bien robado es un delito. Se necesita, además, exigir la participación de los operadores para poder inhabilitar los teléfonos robados, así como regular la importación de equipos de dudosa procedencia y sancionar la posesión de equipos clonados.

Es importante también que, dentro de los objetivos de la PNP, se tenga mapeado intervenir los centros de venta donde se ofrecen equipos móviles hurtados, ya que esos puntos son claves dentro del comercio ilegal de celulares. Si se corta el flujo de comercio ilegal atacando las diferentes aristas, se estaría disminuyendo también el interés de los ladrones en cometer delitos.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL para optimizar la seguridad en el país y, por ende, que disminuya el robo de celulares, entre otros delitos?

La primera, y creemos la más importante, va dirigida a todos y es la prevención. Es muy común ver a gente caminando por la calle con el teléfono en la mano, concentrados en la pantalla y no en el entorno. Eso facilita la actividad de los delincuentes. Hay que evitar exponerse.

También es muy importante no tener miedo a denunciar, pues es la única manera de que las autoridades puedan saber de los delitos, ver la forma como se cometen, así como conocer las zonas y horas de mayor incidencia delictiva.

En relación con los delitos que más se están presentando, que son los patrimoniales, se debe establecer sanciones severas a la comercialización y tenencia ilegal de armas y explosivos; así como definir estrategias para luchar contra la criminalidad, donde se frene el uso de las motos para el robo y sicariato.

Asimismo, es indispensable mejorar la coordinación entre la PNP, la fiscalía y todos los encargados de salvaguardar la seguridad ciudadana para que coordinen esfuerzos y ejecuten medidas concretas que atiendan los principales problemas de seguridad ciudadana, aunque lo correcto sería que la labor investigativa regrese a la PNP con las mejoras en los procedimientos y en los controles que sean necesarios para evitar vacíos que permitan a los delincuentes poder salir en libertad, en cuestión de horas o días.

Y reitero lo que mencioné: se requiere hacer cambios sustanciales en las normas y procedimientos, todo bajo un liderazgo claro y organizado, con una estrategia sostenible que se comunique con claridad a los ciudadanos.

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