• Deuda pública peruana se eleva

    Si bien es la segunda más baja de la región, la deuda del Estado ya representa el 35% del PBI, por lo que el Gobierno deberá hilar fino para no aumentarla y, al mismo tiempo, cubrir las carencias de la población.

    4 de octubre del 2021
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    El acceso a financiamiento internacional ha sido uno de los mecanismos para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria y económica que aún no terminamos de superar.

     

    Como consecuencia de la crisis y el deterioro de las cuentas fiscales en todos los países de la región, la deuda pública de América del Sur llegaría en el 2021 a alrededor de US$ 2.531 billones, incrementándose en 36,2% respecto al 2010.

     

    A partir de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), se observa que en este periodo hay un grupo de países que ha más que cuadriplicado su deuda, como Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Otro bloque ha duplicado ligeramente su deuda como Argentina, Perú y Uruguay.

     

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    Y un grupo reducido de economías, como Brasil, la incrementó en 10%. Mientras que Colombia y Venezuela la aumentaron en 80%, cada uno.

     

    Con esta dinámica, Uruguay es el país de la región con el mayor nivel de deuda pública por habitante, que se estima en US$ 10.643.

     

    Por eso, el nuevo presidente uruguayo anunció – al asumir el mando en marzo 2020– los objetivos de reducir el gasto público y reforzar la disciplina fiscal.

     

    Le sigue Argentina con US$ 8.811 y Brasil, el único país que ha bajado su ratio de deuda por habitante, con US$ 6.899. México, Chile y Venezuela tienen niveles similares por encima de los US$ 5.000, lo mismo que Colombia y Ecuador, alrededor de los US$ 3.600.

     

    Los tres países con menores registros son Bolivia (US$ 2.500), Perú (US$ 2.362) y Paraguay (US$ 1.837). Respecto al manejo de sus finanzas públicas, Brasil y Bolivia son los países que tienen que hacer ajustes en su política fiscal.

     

    Si bien Brasil ha controlado el crecimiento de su deuda, ésta se encuentra en 98,4% del PBI y su déficit fiscal en 6,6% del PBI.

     

    Entretanto, Bolivia es el país de la región con mayor déficit fiscal (8,8%) y una deuda que se ubica en 69% del PBI. Perú sigue siendo el segundo país con la menor deuda de la región.

     

    En la actualidad, 29 países en el mundo tienen un nivel de deuda que supera el 100% de su PBI y tres de ellos por encima del 200% del PBI.

     

    Se identifican también a 44 países con una deuda entre 70% y 100% del PBI. Hay 94 economías con un rango entre 30% y 70%, y apenas 20 por debajo del 30% del PBI, condición que Perú logró mantener hasta el 2019.

     

     

    Deuda pública peruana 

     

    De acuerdo con la información del MEF, al 31 de agosto la deuda pública peruana ascendió a US$ 72.305 millones (35% del PBI).

     

    Como resultado de las políticas de gestión de la deuda pública aplicadas durante el nuevo siglo y el desarrollo del mercado de deuda para países emergentes, se redujo la exposición al riesgo de mercado que involucra las fluctuaciones de los tipos de cambio y las tasas de interés.

     

    De este modo, el 54,2% de la deuda total es externa y el 45,8% restante interna. El 47,2% se encuentra expresada en dólares y el 46,1% en soles con una participación mínima en euros (6,1%) y yenes (0,6%).

     

    Además, el 85,6% de la deuda pública está en bonos y el 14,4% corresponden a créditos otorgados por organismos internacionales.

     

    El 89,7% está a tasa fija, lo que permite predictibilidad en su pago, mientras que el 10,3% a tasa variable, entre ellas la LIBOR 6M que es una tasa de interés empleada por instituciones financieras en el mundo y se obtiene a partir de las tasas que los bancos se ofrecen entre ellos por depósitos a corto plazo en el mercado de Londres.

     

    La deuda pública se concentra entre el gobierno nacional (89,2%) y las empresas públicas (10,6%).

     

    La deuda del gobierno nacional se encuentra distribuida proporcionalmente entre deuda interna y externa. En el caso de las empresas públicas, en cambio, el 93% es deuda externa y 7% deuda interna.

     

    Corresponde a compromisos asumidos por Petroperú, Cofide, el Fondo MiVivienda por US$ 7.117 millones como deuda externa.

     

    Por otra parte, la EPS Grau, EPS Ilo, Electro Tocache, así como las empresas financieras mencionadas con deuda interna, por un equivalente a US$ 537 millones.

     

     

    Servicio de deuda

     

    Los próximos diez años Perú deberá pagar un promedio anual de S/ 27.992 millones o su equivalente de US$ 6.827 millones por concepto de servicio de deuda pública, es decir, considerando pagos por amortización e intereses de deuda, tanto interna como externa.

     

    Los flujos de pagos serán crecientes desde el 2022 hasta llegar a un techo de US$ 9.588 millones en 2026, monto que equivaldría al 20% del presupuesto de 2022.

     

    Como punto de referencia para el próximo año se contempla destinar para el servicio de deuda el 11,7% de dicho presupuesto, lo que significaría casi el doble del presupuesto para cumplir con dichas obligaciones en 2026.

     

    Importante agregar que el 54,2% de dicha deuda es interna y el 45,8% restante es externa. Otro periodo con las mismas características se tendrá en 2031, con un pago de US$ 9.722 millones.

     

    Para el FMI, los países, y en especial las economías emergentes, enfrentan dificultades para gestionar su deuda pública, tomando en cuenta las mayores necesidades de financiamiento para enfrentar la crisis de la COVID-19, el riesgo de un menor acceso o mayor costo a los flujos internacionales de capitales, así como potenciales crisis en sus economías.

     

    En el caso del Gobierno peruano, el DU 079-2021 de agosto del presente año, establece para el 2022 un déficit fiscal que no supere el 3,7% del PBI y que el nivel de deuda pública no debe superar el 38% del PBI.

     

    Se espera que para los próximos años se siga con esta tendencia de reducción del déficit fiscal y retornar a un nivel de deuda pública por debajo del 30% del PBI en el mediano plazo. Paralelamente se deben corregir los factores políticos e institucionales que han provocado la rebaja en la calificación crediticia.

     

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