Peter Anders: Señor Presidente, defendamos el estado de derecho
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El paro de transportistas de mercancías, que se inició el pasado 15 de marzo, lamentablemente nos demostró, una vez más, que el estado de derecho en el país no se respeta cuando de protestas se trata. Los peruanos sufrieron nuevamente bloqueos de carreteras, vandalismo, pillaje, destrucción de la propiedad pública y privada o el ataque a las autoridades, tal y como pasó tres meses atrás con las protestas realizadas por los agricultores.
Lo que es peor, en plena pandemia, con miles de peruanos que urgen de oxígeno y otras medicinas, los bloqueos de los transportistas causaron desabastecimiento de insumos médicos y oxígeno; además de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Asimismo, los manifestantes impidieron el tránsito peatonal de miles de personas necesitadas de llegar a sus destinos e incluso de adultos mayores que debían asistir a sus citas para vacunarse contra el coronavirus. Un crimen a todas luces.
Por más justificados que sean los reclamos del gremio de transportistas, es inaceptable que, nuevamente, no se respeten las leyes y el estado de derecho que toda sociedad civilizada y desarrollada debe defender. No es posible aceptar que este tipo de situaciones se repitan constantemente con total impunidad, pues ponen en riesgo la vida, la salud y el trabajo de millones de peruanos.
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Tampoco es aceptable la incapacidad del Gobierno para preservar el orden público, sobre todo teniendo en cuenta que los transportistas anunciaron sus protestas con varios días de anticipación. Su reacción, como en el caso de la reciente huelga de agricultores, fue nuevamente tardía. Por tres días los manifestantes tomaron y bloquearon las carreteras sin que la Policía Nacional hiciera algo eficaz para impedirlo.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, tal como lo han hecho otras autoridades, y el propio presidente Francisco Sagasti en ocasiones anteriores, se defendió de las críticas ante la inacción del Gobierno y la poca capacidad de negociación y gestión de su cartera con los protestantes argumentando, sin sonrojarse, que son “un Gobierno de transición”, dando a entender que hay problemas y situaciones en el país que este Gobierno no puede resolver.
Se trata pues de una lamentable excusa tomando en cuenta que las autoridades, elegidas o no –como es el caso del actual Ejecutivo–, siempre deben estar o por lo menos intentar estar a la altura de las circunstancias, más aún en tiempos de crisis.
Por ello, nuevamente, desde la Cámara de Comercio de Lima hacemos un llamado a las máximas autoridades de nuestro país para que garanticen la seguridad de la población, restablezcan el principio de autoridad y la vigencia de la ley frente a los hechos de violencia registrados en los últimos días. Para defender el estado de derecho, no hay “transición” que valga.
Punto aparte merece el resultado de la producción peruana en enero (-0,98%). El PBI volvió a estar en rojo, luego del leve crecimiento de diciembre pasado. En febrero, según algunos pronósticos el resultado sería peor (-9%).
Por ello, desde la CCL instamos al Gobierno a dictar medidas que permitan trabajar a todos los peruanos, alentando a las empresas para que puedan seguir operando y generando empleo en tiempos de crisis. Si ello no ocurre muchas empresas tendrán que cerrar y se perderán muchos miles de empleos más. ¡No hay tiempo que perder!
