Vicente Romero: “El sector privado juega un papel fundamental en la seguridad”

¿Cuál es el plan de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial?

Para lo que resta del año queremos trabajar las siguientes metas: La primera es la elaboración de propuestas sobre orden y seguridad ciudadana, orientadas a la prevención, investigación y control del delito en el país.

Entre las principales propuestas está la de afianzar el enfoque de género orientado a la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes; el uso de las tecnologías de la información; retomar la importancia de las comisarías como la primera línea de contacto y atención de la policía con la población, entre otras.

El próximo mes buscaremos reunirnos con el Ministerio del Interior para presentar dichas propuestas. Como segunda meta, generamos un espacio de diálogo entre la Comisión y los quince gremios de la CCL, con la finalidad de recibir, a través de sus exposiciones, las inquietudes y preocupaciones en los temas que aquejan a su respectivo sector, relacionado al ámbito de la seguridad.

Al término de las exposiciones se analizarán las soluciones que serán vertidas en un informe para presentar y gestionar ante las autoridades competentes.

La tercera meta es la realización del IV Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial, espacio democrático donde los distintos sectores de la sociedad, la empresa privada y la administración pública pueden identificar, discutir y evaluar medidas de solución frente a la inseguridad ciudadana.

En la pandemia, la inseguridad ciudadana se incrementó. ¿Qué se debe hacer desde el empresariado?

Primero me remito a los índices de victimización del INEI, donde se muestra que este índice bajó de 40% en el 2010 a un 23,4% en el 2020, llegando a un 19% a julio del 2021. Esta rebaja en la victimización obedeció a las restricciones y al toque de queda por la COVID-19.

Sin embargo, esta situación generó una crisis económica y social, reforzada por la incertidumbre política, lo que ha contribuido a agudizar los factores de riesgo.

El sector empresarial, para ayudar y fortalecer la seguridad ciudadana, cuenta con iniciativas como la del Patronato Barrio Seguro, que es un modelo social de ayuda que debe ser empoderado y fortalecido para ser replicado a nivel nacional.

Una segunda acción es la instalación de cámaras de videovigilancia que el sector privado pueda promover en todas las rutas de desplazamiento para el traslado de carga desde los terminales portuarios y aéreos hasta los centros de almacenaje y de distribución.

Ello contribuiría a la seguridad ciudadana con triple beneficio, tanto para el empresariado, los ciudadanos y fortalecería a los gobiernos locales.

La tercera es formular un convenio entre el gremio de transportistas de la CCL con la Policía de Carreteras a nivel nacional, tomando la referencia y modelo del convenio de Asbanc y las Águilas Negras de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha sido un éxito y un referente en la región.

¿Es necesario un trabajo conjunto entre sector privado y público?

Quiero partir del costo que representa el crimen y la violencia y que genera pagos de seguridad privada, pérdidas, daños personales y materiales y, por ende, afecta a las inversiones que generan oportunidades y empleo.

Hoy en día, el sector privado juega un papel fundamental en la prevención de la seguridad ciudadana, promoviendo oportunidades de trabajo, espacios de diálogo con la sociedad, fortaleciendo las economías locales, sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno nacional, regional y local. Por lo tanto, es imprescindible el trabajo en conjunto.

El Gobierno anunció que fortalecerá la PNP. ¿Qué opina al respecto?

Ojalá que este anuncio se haga realidad ante tanta incertidumbre política que atraviesa el país.

Ya se tiene el Plan de Fortalecimiento y Modernización de la PNP que consigna ejes estratégicos referentes al personal, infraestructura, equipamiento, TICs, imagen e institucionalidad. Inclusive existe la aprobación de S/ 350 millones para la primera fase de implementación. Pero para efectivizar dicha propuesta se necesita decisión política, presupuesto adicional y gestión eficiente.

¿La política multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 qué debería contener?

Se debe revisar y modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) para que sea más efectiva la actuación y responsabilidad de los involucrados en las acciones de prevención y el control del delito bajo un solo liderazgo, con dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Además, incorporar bajo este mismo paraguas, la gestión de los programas sociales de prevención de las diferentes entidades del Estado, ante la duplicidad de programas que generan pérdidas de recursos humanos y financieros.

También es importante que se revise la normatividad de los actores de apoyo a la seguridad ciudadana en lo urbano (serenazgo, juntas vecinales y seguridad privada) y en el sector rural, a las rondas campesinas y comités de autodefensa; y trabajar bajo una sola norma, manteniendo las responsabilidades y actuación de cada uno dentro de su ámbito territorial.