Ante la alarmante cifra de casos de violencia de género que se registran a diario en el ámbito laboral, surgió la necesidad de abordar este tema de manera urgente. Desde el 2023, la Cámara de Comercio de Lima y su Comisión de la Mujer Empresaria, presidido por Yolanda Torriani, se han dedicado activamente a la prevención de esta problemática.

En ese contexto, la Unión Europea, la Cooperación Alemana y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID organizaron un espacio de diálogo, con el propósito de dar a conocer el proyecto de UE-AECID/CCL “Violencia de género contra las mujeres: Fortalecer la prevención desde el sector privado”, en el Hotel Meliá, en Jesús María.

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La CCL llevó a cabo investigaciones a nivel nacional para identificar la desigualdad de género en el sector privado. La iniciativa se dio en colaboración con INACAL Perú, en donde se elaboró la Norma Técnica Peruana (NTP) 722.001:2022, una herramienta de gestión certificable que busca eliminar las brechas de género, mejorar las condiciones laborales y promover la calidad del empleo desde una perspectiva de género.

Actualmente, la CCL se encuentra en proceso de implementación de la NTP en 20 empresas a nivel nacional. Este esfuerzo se realiza con el apoyo de las cámaras de comercio regionales, fortaleciendo así la colaboración y extendiendo el impacto de estas iniciativas a lo largo y ancho del país.

El evento, que se realizó el 6 de marzo, contó con la presencia de destacadas autoridades, incluyendo a Yolanda Torriani, presidenta de la comisión de la mujer empresaria de la CCL; Alejandro Alvargonzález, embajador de España en Perú; Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en Perú; Florián Theus, jefe de cooperación al desarrollo de la embajada de Alemania en Perú; y Juan Carlos Villena, fiscal de la nación, entre otros líderes.

La Cámara de Comercio de Lima y su Comisión de Mujer Empresaria tienen un fuerte compromiso para promover acciones que sumen a la difusión de acciones que permitan a las mujeres tener oportunidades igualitarias en el ámbito laboral, por ello pone a disposición la información recopilada de las investigaciones e información de la norma, para ello pueden acceder al siguiente correo: proyecto_aecid@camaralima.org.pe o pueden consultar la página web del proyecto https://www.camaralima.org.pe/proyecto-ue-aecid-ccl/

 

 

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La Cámara de Comercio de Lima, a través de su Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria, expresó su rechazo al dictamen del Proyecto de Ley 1229/2021-CR presentado por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, norma que propone cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia.

 

“El riesgo de esta iniciativa es retroceder en lo ya avanzado hasta el momento en la protección de los derechos de las mujeres y niñas, y reducir la visibilidad que este tema merece, pues el proyecto genera aspectos que podrían diluir las garantías y derechos que año a año han podido ganar las mujeres con miras a la tan ansiada igualdad”, sostuvo la Comisión.

 

En ese sentido, añadió que, en la actual coyuntura, urge que nuestras autoridades afiancen y fortalezcan las políticas públicas y los programas de prevención y servicios de atención e igualdad en el reconocimiento a la mujer, y no presenten iniciativas que puedan ahondar en la brecha que las mujeres han tenido durante las décadas pasadas.

 

La Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL consideró que, hoy por hoy, la violencia de género se mantiene y sigue en aumento, por lo tanto, el rol del MIMP debe enfocarse en la supervisión y el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales contra este tipo de violencia a nivel nacional, en el marco del proceso de descentralización y en el ámbito de su competencia, siendo la mujer el eje central como promotora y creadora de la familia.

 

Precisamente, conforme a las cifras del Ministerio de la Mujer, son 17 millones de mujeres peruanas y residentes en nuestro país que sufren de discriminación estructural por su condición de mujeres y que afecta severamente sus vidas, sus derechos y sus oportunidades.

 

Asimismo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el 54,8% de mujeres en el Perú fue víctima de violencia psicológica, física o sexual alguna vez por su esposo o compañero durante el 2020. De igual manera, esta situación se dio en regiones donde el índice de violencia fue alto durante la pandemia. Aquí destacaron Cusco y Junín con 2.494 y 2.067 casos, respectivamente; seguidos por Lima Metropolitana (1.522), Huánuco (1.337) y Áncash (1.199).

 

A pesar de esta situación de violencia y crisis sanitaria, las mujeres peruanas han logrado sacar adelante sus propios negocios donde, incluso, vienen liderando la creación de emprendimientos en el país. De acuerdo al Ministerio de la Producción (Produce), existen más de 1,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mypes) lideradas por mujeres que generan 4,8 millones de puestos de trabajo en el Perú.

 

“Por ello, desde la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL, hacemos un llamado a las autoridades del gobierno y del Congreso, para fortalecer las instituciones con propuestas, iniciativas y reformas en beneficio de nuestra comunidad y no aquellas que retrocedan en el terreno ya ganado hasta el momento para garantizar los derechos de la mujer en la sociedad”, anotó.

 

En el marco del Bicentenario, hacia el 2024, ¿cuáles son los principales retos y barreras que como país debemos sobrepasar para erradicar la violencia de género contra las mujeres?

La Violencia de Género Contra las Mujeres (VGCM) en nuestro país es un problema grave y prevalente. No solo se expresa en los casos de feminicidios que aparecen día a día en los noticieros, sino también a través de las estadísticas – presentadas por el Instituto Nacional de Estadística – que señala que el 54,9% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero (ENDES 2021).

 

Esta violencia encuentra su sustento en el alto índice de tolerancia social, tal como ha sido identificado en la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) del año 2019, que señala que el 58,9% de las personas encuestadas tolera la violencia contra las mujeres.

 

En esta línea, para evitar episodios de VGCM es necesario erradicar el problema de raíz, abordando y atacando todos los factores que inciden en su ocurrencia, frecuencia y severidad. Necesitamos entonces fomentar el trabajo en la prevención primaria del problema.

 

Según el portal estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), desde enero a abril del 2022 se han registrado 8.057 casos de violencia sexual, 21.015 casos de violencia física y 46 casos con características de feminicidio, atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

 

Por ello, uno de los principales retos es fortalecer iniciativas que buscan trabajar articuladamente para lograr la reducción de la violencia de género. Por ejemplo, se cuenta con la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM), la Ley N° 30364 y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres «Mujeres libres de violencia», entre otras.

 

¿Qué significa prevenir la violencia de género contra las mujeres y qué acciones específicas implica?

La prevención de la VGCM supone trabajar con la sociedad en su conjunto, en todos los entornos del desarrollo social de las personas, con todas las personas en todas sus edades y condiciones; y aquí es importante resaltar la implementación de diversas acciones enfocadas en niñas, niños y adolescentes que son agentes de cambio social, y con quienes vamos a construir un Perú libre de violencia contra las mujeres.

 

Esta prevención se trabaja en tres niveles. En el nivel primario, busca evitar la ocurrencia de episodios de VGCM, abordando los factores que la generan y está dirigida a la población en general a lo largo de su ciclo de vida.

 

En el nivel secundario, busca cambiar la trayectoria de individuos que tienen mayores probabilidades de perpetrar o experimentar episodios de VGCM. Por tanto, está dirigida a personas que se encuentran en alto riesgo por sus condiciones personales o las de su entorno.

 

En el nivel terciario, busca responder a episodios de VGCM una vez que han ocurrido, evitando su recurrencia y/o disminuyendo sus efectos. En este sentido, se atienden las necesidades de víctimas, sobrevivientes y personas agresoras.

 

Respecto a la prevención primaria, una acción específica, por ejemplo, sería desarrollar talleres sobre masculinidades para generar un espacio de reflexión con hombres. En relación a la prevención secundaria, se incluyen los programas de apoyo a las personas que tienen dificultades con el manejo de la ira, frustración y la resolución de conflictos de pareja. En cuanto a la prevención terciaria, en un caso de violencia sexual, se les brinda a las víctimas el acceso a anticonceptivos de emergencia.

 

El Estado ha hecho grandes esfuerzos por atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, la evidencia muestra que necesitamos enfocarnos en la prevención primaria. Por ello, el 24 de julio del 2021 se aprobó mediante Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP la “Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres: Mujeres Libres de Violencia”, que es implementada de manera multisectorial e intergubernamental, con la participación de la sociedad civil, la academia y del sector empresarial.

 

¿Por qué es importante la Estrategia Nacional «Mujeres libres de violencia» y cómo se implementará?

 Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) trabajamos para atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres. Por ello, desde el sector y especialmente desde la Dirección General Contra la Violencia de Género, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, se ha fortalecido el marco técnico normativo, presupuestal y la implementación de acciones e iniciativas concretas.

 

Dentro de esas acciones se aprobó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres «Mujeres libres de violencia», que es una importante herramienta de gestión pública que se implementará a través de los distintos sectores y niveles de gobierno, según sus roles y responsabilidades, articulen sus proyectos, programas y políticas de prevención primaria para la igualdad de las mujeres y la erradicación de la violencia, abordando todas las causas y los factores derivados de la discriminación estructural contra las mujeres y otros factores que aumentan su ocurrencia, frecuencia y severidad.

 

Asimismo, «Mujeres libres de violencia» prioriza la prevención de la violencia en todos los entornos de socialización de las personas: comunitario, educativo, laboral y sindical, legal, medios de comunicación. Y, también, trabaja temáticas específicas vinculadas con la igualdad de género. Así, se busca garantizar que, en el ámbito público o privado, las mujeres puedan ejercer sus derechos libres de violencia.

 

La aprobación de la Estrategia Nacional ha colocado al Perú como uno de los pocos países en el mundo en tener este avance y ser un modelo para la región. Actualmente nos encontramos por iniciar su implementación en tres regiones: Apurímac, Cusco y San Martín.

 

¿Qué otras instituciones además del MIMP están involucradas en la implementación de la estrategia «Mujeres libres de violencia»?

En esta estrategia se encuentran involucrados, a nivel intersectorial, entidades del Estado como el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Cultura (MINCUL), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Defensa (MINDEF), el Ministerio del Interior (MININTER), el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (MPFN), la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial.

 

Asimismo, se encuentra el nivel intergubernamental, en donde se cuenta con la instancia regional de concertación, la instancia provincial, y la distrital.

 

Comprendiendo que la prevención de la violencia es una tarea de todos, se promueve la participación de todos los sectores. En ese sentido, el proyecto “Violencia contra las mujeres: Fortalecer la prevención y la justicia” que se lleva a cabo junto a la Unión Europea y cuyo componente de prevención se desarrolla a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desde el 2021, es un ejemplo de trabajo intersectorial y reflejo del compromiso de la cooperación internacional, las entidades gubernamentales, la academia, el sector empresarial y la sociedad civil.

 

Así, estamos articulando acciones que coadyuven a la Estrategia Nacional «Mujeres libres de violencia» con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, CLADEM, Calandria, Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

 

¿Cómo pueden sumarse otras organizaciones, instituciones, entidades y empresas al esfuerzo de la prevención de la violencia de género?

El MIMP se encuentra trabajando por garantizar una vida libre de violencia para todas las peruanas, pero para lograrlo necesitamos el compromiso de la sociedad en su conjunto, la cual incluye organizaciones, instituciones, entidades y empresas.

 

Así, por ejemplo, las empresas en nuestro país están concientizándose sobre el impacto económico que tiene la violencia hacia las mujeres -y como parte de su Responsabilidad Social Empresarial- se encuentran desplegando acciones para contribuir al mismo objetivo.

 

Cabe resaltar que, el empoderamiento económico de las mujeres (EE) es una estrategia de prevención primaria para evitar que la violencia contra las mujeres ocurra; es decir, las mujeres con pleno ejercicio de su autonomía física y/o política en la adquisición y uso de sus ingresos serán menos propensas a sufrir violencia por sus parejas o exparejas.

 

En relación a ello, el MIMP ha creado la Marca de Certificación Empresa Segura, libre de violencia y discriminación hacia la mujer, para reconocer el esfuerzo empresarial y hacer sinergia en contra de este flagelo que caracteriza a nuestra sociedad. La V Edición de la Marca de Certificación ha convocado a las personas jurídicas, públicas o privadas, a nivel nacional, que realizan acciones de promoción de igualdad de género y del derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno.

 

Animo a todas las empresas a participar, mostrando sus avances en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país.

El Gremio Peruano de la Industria Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima organizó el evento: “Protocolo de prevención, intervención y acompañamiento integral frente a casos de violencia basada en género” con el fin de difundir esta problemática y exponerla desde el punto de vista empresarial.

 

El presidente de Copecoh, Ángel Acevedo, indicó que la violencia de género contra la mujer es una problemática real y un verdadero desafío en el Perú, por lo cual es necesario dar visibilidad al problema y debatir qué acciones pueden realizar las empresas y qué rol cumple el Estado en la lucha contra este mal.

 

Señaló que la situación en muy preocupante y muestra de ello es que el Poder Judicial de Perú recibe al año más de 300.000 solicitudes de medidas de protección para la mujer por casos de violencia.

 

“Esta alarmante cifra nos alerta de un problema enquistado en la sociedad peruana y en el cual diversas instituciones debemos tomar acción”, resaltó.

 

Sector privado

 

Por su parte, la gerente general de Avon Perú, Giovanna Chuquipiondo, destacó el compromiso de Avon con temas tan relevantes como la lucha contra la violencia de género y cómo la empresa privada puede cumplir un rol preponderante en esta lucha.

 

Refirió que, según indicadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una de cada tres mujeres es víctima de violencia a lo largo de su vida. “La violencia de género, en sus distintas manifestaciones, es una problemática muy extendida en nuestra sociedad que impacta muy negativamente en la salud, el desarrollo y la vida de miles de mujeres”, acotó.

 

Sostuvo que erradicar la violencia de género requiere de la intervención de diversos organismos y sectores, siendo indispensable un abordaje interdisciplinario incorporando el enfoque de género, que evita la revictimización de la mujer.

 

Destacó que las empresas cumplen un rol fundamental a la hora de generar acciones de prevención, difusión y acompañamiento de las mujeres frente a situaciones de violencia.

 

En este sentido, Chuquipiondo presentó un protocolo para protección de violencia en la empresa privada, que Avon entrega a la ciudadanía como aporte en la lucha contra la violencia de género en el país.

 

“Este protocolo nos guía desde hace años y es nuestra herramienta principal para saber luchar contra esta problemática”, acotó.

 

Agregó que Avon, desde hace más de 135 años, se encuentra comprometida con la equidad de género y la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres.

 

“En Avon contribuimos a promover la equidad y la independencia económica de las mujeres acompañándolas a caminar juntas creando una red poderosa, generando además conciencia sobre la importancia de la detección temprana de cáncer de mama, y contribuyendo a eliminar la violencia en su contra”, expresó.

 

Compromiso

 

Asimismo, la directora general de la Dirección Contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandy Patricia Martínez; sostuvo que la violencia contra la mujer es sin duda un grave problema social y así lo demuestran las cifras e investigaciones realizadas.

 

Al respecto, manifestó que tanto el Estado como la empresa privada deben comprometerse en luchar contra esta problemática y apoyar a las mujeres maltratadas.

 

“Debe existir un compromiso no solo del Estado, sino que involucre acciones del sector privado considerando que este sector juega un rol fundamental para garantizar a la mujer el derecho a una vida libre de violencia, como por ejemplo con acciones frente al hostigamiento sexual en espacios de trabajo”, acotó.

 

Martínez resaltó que el aporte de Avon cuyo protocolo recoge los principios del marco normativo peruano y contempla una serie de enfoques clave que permitirán hacer frente a casos de violencia que pueden ocurrir en diversos espacios.

 

Iniciativas legales

 

A su turno, la congresista Kira Alcarraz, titular de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, expresó que el Congreso ha venido trabajando arduamente contra la violencia a la mujer y presentando iniciativas legales.

 

Así, se han presentado proyectos de ley para la construcción de casas refugio, acceso a programas de vivienda, así como un proyecto para la inclusión financiera de la mujer y facilitar su independencia económica.

 

Comentó que las madres de familia deben inculcar a sus hijas a defender sus derechos y que el Congreso y la empresa privada apoyarán estos esfuerzos.

 

“Estoy en el Congreso para representar a las mujeres maltratadas. Las mujeres no nacimos para ser víctimas. Seguiremos escuchando su voz desde el Congreso, desde el Ministerio de la Mujer y todas las entidades privadas que se puedan sumar. Las mujeres no están solas”, enfatizó.

 

En el evento también estuvo presente la presidenta honoraria de la Fundación Avon, Paola Rueda López.