La economía informal en Perú, una realidad compleja que abarca diversas actividades económicas fuera del marco de la ley, representa una parte significativa del PBI nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector informal aportó entre un 17 % y 20 % al PBI nacional en los últimos 15 años.  

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Los hogares o familias no solo consumen y ofrecen su mano de obra, sino que también actúan como negocios informales, denominados unidades productivas (UP) no constituidas en sociedad. No están registrados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por lo que se les considera negocios informales.  

El IEDEP de la CCL, a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2023), ha realizado una investigación sobre estos negocios informales para estimar su número, en qué actividad económica participan, dónde se encuentran ubicadas geográficamente y cuáles son las características de sus conductores.  

Las UP informales son diversas, pero comparten ciertas características comunes; suelen ser microempresas o negocios familiares que, a menudo, carecen de créditos en el sistema financiero, lo que limita su capacidad para crecer. Su condición de informalidad les permite evadir impuestos y regulaciones, pero también las hace más vulnerables a shocks y no tienen acceso a protecciones legales y sociales. 

El análisis del IEDEP estima que, al 2023, había 5 500 000 de negocios informales, con una leve caída de 0,3 % con respecto al 2022. Cabe precisar que en este total hay que incluir las UP informales agropecuarias que suman 2 600 000, pero que para fines del presente artículo no han sido consideradas. 

Si bien se observa un estancamiento en su evolución, esto puede ser explicado por la caída del PBI en 2023. Empero, comparado con su nivel en prepandemia, registró una expansión del 10 %, mientras que durante el año de pandemia (2020) la reducción llegó al 48 %. 

Cabe resaltar que las UP informales se encuentran principalmente distribuidas en pocos departamentos. Así, Lima concentra el 33 % del total, seguida de lejos por Piura (8 %), La Libertad (6,5 %), Lambayeque (5 %), Loreto (4,7 %) y Arequipa (4,3 %). No obstante, si vemos la incidencia de la informalidad, es decir, si comparamos el número de las UP informales y formales, la proporción es de 9 a 1 en Apurímac, Loreto, Ucayali, Tumbes, Puno, Piura y Huánuco, es decir, casi la totalidad de negocios en estos departamentos están fuera del radar de regulaciones y tributos. 

Según el sector en que se desempeñan, se concentran principalmente en Comercio (33 %), Transporte y Almacenamiento (23,1 %), Alojamiento y Restaurantes (12,3 %) y Manufactura (10,3 %). Entre estas actividades se encuentra casi el 80% del total de negocios en condición de informalidad. 

Radiografía de los negocios informales

Del total de UP o negocios informales que operan en el país, el 36,3 % tiene de uno a cinco años de antigüedad, mientras que el 21,7 % tiene menos de un año de actividad. Las demás (42 %) ya vienen operando más de cinco años. Por otro lado, al preguntarles a los conductores de estos negocios por la motivación por la cual decidieron emprender en tal condición, el 57,6 % afirma que fue por necesidad económica, el 15,8 % porque quería percibir mayores ingresos, el 15,3 % quiso ser independiente y el 11 % restante tuvieron otras motivaciones. Este escenario nos muestra que gran parte de estos negocios informales son incipientes y que han surgido debido a la necesidad económica dado el contexto de la pandemia y el poco crecimiento económico del país del último quinquenio. 

Si observamos la forma en que operan estas UP informales, se destaca que el 37 % de ellos afirma que su negocio se encuentra dentro de alguna vivienda, el 22 % lo hace en un vehículo y el 16 % son ambulantes. Estas cifras van de la mano con el tipo de propiedad en la que se desenvuelven estas unidades productivas, pues el 62 % son propietarios de los espacios que usa, el 18 % alquila y el 15 % señala haberse prestado esos espacios de trabajo. Es decir, estos negocios no tienen un alto costo operativo, pues lo hacen dentro de un espacio (mueble o inmueble) que, por lo general, es de su propiedad. 

Cuando se les pregunta el motivo de no tener registrado su negocio, el 42 % de las UP considera no necesaria la formalización, mientras que el 27 % indica que su negocio es demasiado pequeño o produce muy poco y el 7 % afirma que no lo registra por considerarlo una actividad eventual. Cabe señalar que el 81 % de estos negocios no lleven las cuentas de sus actividades o, de lo contrario, lo hacen solo como apuntes (19 %). 

El perfil del conductor

Toda unidad productiva tiene una persona que maneja y conduce el negocio. En el caso de las UP informales, el 52 % son mujeres, mientras que el 48 %, varones. A su vez, vemos que los conductores de este tipo de negocios son mayoritariamente adultos, es decir, tienen entre 30 y 60 años de edad; y un 18 % son población joven, cuyas edades están por debajo de los 30 años; mientras que el 16 % son adultos mayores, lo que nos indica que estos negocios están destinados en gran parte a satisfacer necesidades de la población mayor con un hogar a cargo, mientras que otra parte pueden ser emprendimientos de jóvenes que están en la edad de tomar riesgos o, en otro caso, adultos mayores que posiblemente su negocio sea el único sustento con que cuentan para vivir.  

Reducir esta informalidad tendría un impacto positivo en la productividad del país, permitiendo un mejor acceso a financiamiento, capacitación y tecnología. La formalización también ampliaría la base tributaria, mejoraría la calidad de los bienes y servicios, y garantizaría derechos laborales a los trabajadores. 

En conclusión, la economía informal en Perú es un fenómeno complejo que requiere abordarse de manera integral para promover un desarrollo económico sostenible y equitativo. La formalización de estos negocios informales no solo beneficiaría a los propietarios y trabajadores, sino que también contribuiría al crecimiento y la estabilidad económica del país. 

 

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Informalidad en negocios retorna a niveles de hace 15 años

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la delegación de facultades en materia tributaria concedidas al Poder Ejecutivo?

Creo que lo más importante de destacar es lo que no se ha delegado, porque lo que no se ha delegado tiene que ver con temas relevantes que ciertamente requieren de un debate nacional a través de los representantes de todos los peruanos en el Parlamento.

 

Enhorabuena que el Parlamento no delegó facultades en asuntos tan importantes como la tributación minera, las modificaciones de las normas del Impuesto a la Renta que tienen que ver con la deducibilidad de gastos y la aplicación de nuevas tasas, las normas generales del Impuesto General a las Ventas (IGV) así como del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

 

Esta “no delegación” supone, a mi entender, una reivindicación de la atribución que tiene el Congreso para legislar en temas tributarios, a diferencia de lo que han hecho Congresos anteriores en que se solían delegar facultades en los términos requeridos por el Poder Ejecutivo.

 

Ahora, gracias a la intervención de la opinión pública, de los gremios empresariales y, por cierto, de la prensa se ha logrado que el Congreso recapacite y no renuncie a su capacidad de legislar en materia tributaria como en los casos mencionados, dándole así oportunidad a todos los peruanos de debatir las normas que queremos aplicarnos en materia tributaria.

 

El Poder Ejecutivo podrá aprobar normas para fortalecer las facultades de fiscalización de la Autoridad Tributaria, ¿cuál es su opinión al respecto?

Sí por supuesto, nos parece bien que se le haya delegado al Poder Ejecutivo atribuciones para legislar sobre la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria en lo que se refiere a la optimización del uso de la tecnología de la información (transformación digital).

 

También nos parece idóneo que se haya delegado al Poder Ejecutivo la atribución para dictar normas para disminuir el alto grado de litigiosidad en materia tributaria, como por ejemplo, el establecimiento de nuevos supuestos para la emisión de jurisprudencia de observancia obligatoria que otorguen predictibilidad a los contribuyentes.

 

¿Qué otras medidas pueden darse para combatir la evasión y la elusión?

La evasión consiste en dejar de pagar tributos valiéndose del fraude y el engaño, se trata de conductas ilícitas; mientras que la elusión supone conductas que, sin ser ilícitas, tienen por objetivo minimizar el pago de los tributos, aprovechando los vacíos de la norma tributaria.

 

En la actualidad, la Administración Tributaria cuenta con atribuciones e instrumentos suficientes previstos en el Código Tributario para luchar contra ambos tipos de conductas.

 

Por ejemplo, en el campo de la elusión tributaria, además de una serie de normas antielusivas específicas hoy por hoy contamos con una cláusula antielusiva general contemplada en la Norma XVI del Código Tributario, la que definitivamente no solo es un mecanismo para luchar contra la elusión fiscal en cualquiera de sus manifestaciones sino incluso es una suerte de instrumento disuasivo, toda vez que muchos contribuyentes evalúan sus operaciones a fin de verificar si pueden calificar como antielusivas antes de llevarlas a cabo.

 

En el tema de la evasión, considero que más que estar pensando en nuevas normas, debemos estar pensando en una estrategia para aplicar los instrumentos normativos con los que actualmente cuenta a Administración Tributaria y reducir de esta manera los grandes bolsones de evasión.

 

¿Qué medidas adicionales pueden darse para acelerar la resolución de controversias tributarias?

Lamentablemente no se ha hecho mucho dentro de estas facultades delegadas para contrarrestar el alto nivel de conflictividad. Pero, qué duda cabe que se puede hacer más. Para eso precisamente está el Congreso.  Esta es una de las tareas que, por ejemplo, debería emprender el Congreso en materia tributaria.

 

Se puede llevar a cabo un estudio integral que permita encontrar y sugerir medidas para eliminar, por un lado, el gran nivel de conflictividad tributaria que tenemos de cara al futuro y, por cierto, tratar el tema de la gran deuda tributaria que hoy es materia de controversias.

 

Sobre este punto, quisiera volver a reiterar lo que otras veces he mencionado, “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”. Creo que el Congreso podría plantear mecanismos que incentiven a los contribuyentes a desistirse de sus procesos administrativos o judiciales a cambio de que paguen parte de la deuda tributaria controvertida.  Nosotros como gremio debemos insistir en este sentido con el Congreso.

 

¿Cómo lograr el objetivo del Ejecutivo de generar más ingresos fiscales?

Modificar una norma incrementando la tasa de un impuesto no necesariamente implica mayor recaudación. Por ejemplo, si estoy pensando llevar a cabo una inversión para desarrollar una determinada actividad económica que reditúe y resulta que se incrementa la tasa del Impuesto a la Renta a 45%, pues es probable que el incremento de la tasa desaliente el citado emprendimiento y quizás considere llevar a cabo la inversión en una jurisdicción con una tasa más razonable.

 

Entonces, incrementar los tributos más bien puede implicar una reducción en la recaudación, por tanto, hay que tener mucho cuidado en tal sentido y creo que el Poder Ejecutivo lo tiene claro y felizmente no hemos caído en la tentación de incrementar los tributos pese a que la pandemia podría haber sido una buena excusa para ello.

 

¿Qué tenemos que hacer?, pues la receta es clara, generar la condiciones para crear un clima de estabilidad política y seguridad jurídica, con normas tributarias equitativas, justas, proporcionales y razonables, que alienten las inversiones que son las que generan los ingresos que finalmente estarán gravados con los tributos.

 

A más riqueza habrá más impuestos así no hayamos movido la tasa del Impuesto a la Renta. Y allí está nuestra posición de que toda modificación tributaria al sector formal debe ser evaluada, pensada y reflexionada de manera transparente y el organismo del Estado que debe garantizar esto es el Parlamento.

 

Lo otro en lo que tenemos que enfocarnos es en que más peruanos ajenos a la formalidad comiencen a tributar y para ello considero que debe llevarse a cabo una estrategia integral que promueva y estimule la tributación de ese gran sector informal de la economía. Los instrumentos tecnológicos y la bancarización cada vez más masiva pueden ser muy útiles en tal sentido.

 

¿Cuán necesaria es una reforma tributaria?

Creo que no deberíamos perder de vista que la delegación de facultades en materia tributaria de la que hemos estado discutiendo, ha tenido la virtud de haber puesto sobre la mesa la necesidad de un debate sobre nuestro sistema tributario vigente.

 

La última gran reforma tributaria la tuvimos a inicios de la década de los años 90 y con sus parches ha dado sus frutos pues ha permitido de una u otra forma a que el país crezca, que el Estado haya tenido mejores ingresos, reservas, ahorros y poder así afrontar, por ejemplo, la pandemia.

 

Creo que ese sistema tributario ya cumplió su ciclo y cumplió su objetivo. Ahora estamos frente a otra situación económica. Estamos en un mundo globalizado que se rige por la tecnología, con países que compiten en atraer inversiones rentables y que seguro tendremos que convivir con pandemias.

 

Todos los peruanos necesitamos repensar nuestro sistema tributario y para ello, por ejemplo, precisamos que el Congreso conforme una comisión especial de reforma tributaria, donde puedan crearse sub comisiones por cada tipo de tributo, en las que se puedan generar proyectos normativos con colaboración de la academia, los gremios empresariales, y los colegios profesionales.

 

Los legisladores deben trabajar en fiscalización, en controlar el Gobierno, qué duda cabe, pero no olviden que también tienen que legislar en aquello que necesitamos mejorar, como es el caso de nuestro sistema tributario.