Debido al incremento de la pesca ilegal, los astilleros informales y depredación marina, el parlamento peruano aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado la cual abarca el tráfico de fauna silvestre en el ámbito de la legislación contra el crimen organizado. Específicamente, esta ley persigue, por ejemplo, la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras, el tráfico de permisos falsos, el desvío ilegal de anchoveta y el lavado de activos.

No obstante, las mafias en Piura presionan, desinforman y amenazan a los pescadores artesanales aduciendo que dicha normativa no está vigente o que simplemente está hecha para perjudicarlos.

La Ley Contra el Crimen Organizado tiene por objetivo reforzar la protección marítima de los desembarcaderos pesqueros artesanales, potenciar la cadena productiva del pescador a nivel artesanal e incrementar proyectos de inversión en desembarcaderos. De igual manera, se ha puesto énfasis en el monitoreo y desarrollo de modelos manejo del pulpo y otros recursos bentónicos, buscando así erradicar la pesca ilegal/pesca no reportada en el norte del país.

Sin embargo, el flagelo de la pesca ilegal y el tráfico de fauna silvestre en el Perú son delitos que generan graves consecuencias ambientales y sociales. Cabe señalar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir dichas actividades, persisten mafias que se dedican a desinformar y amenazar a los pescadores artesanales que si buscan acatar la ley.

Desinformación y amenazas a los pescadores artesanales

A fines de 2022 pasado, el Parlamento aprobó la inclusión del tráfico de fauna silvestre dentro del ámbito de la Ley Contra el Crimen Organizado. Sin embargo, las mafias que se encuentran ligadas a la pesca ilegal y al desvío de harina de anchoveta se han dedicado a desinformar a los pescadores artesanales en la provincia de Sechura, en la región Piura. Asimismo, estas mismas mafias amenazan e incluso agreden a aquellos pescadores artesanales que difunden o cumplen con dicha normativa.

Para situar un poco el contexto a nivel macro en relación con el tema de depredación tráfico de fauna, según datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el Perú cada año se decomisan alrededor de cinco mil especies de fauna silvestre.

No sorprende que dicha acción ilícita sea la cuarta actividad más lucrativa en el mundo. Al respecto, los datos señalan que entre el 2015 y 2019 las especies más traficadas fueron las tortugas terrestres y acuáticas; no obstante, es complejo hallar data y cifras puntuales concernientes a la depredación de otras especies marinas, la degradación de fondos marinos y corales o la caza de delfines y/o ballenas.

Combatiendo la pesca ilegal, protegiendo la pesca artesanal

La normativa que incluye al tráfico de fauna silvestre dentro del ámbito de la Ley Contra el Crimen Organizado tiene por meta erradicar, por ejemplo, la construcción ilegal de nuevas embarcaciones pesqueras y el tráfico de permisos falsos, combatir a la red criminal de barcos extranjeros que se asientan en las aguas peruanas ilegalmente, así como el desvío ilegal de anchoveta para harina de pescado en plantas ilegales que se vincula con el delito de lavado de activos. Todas estas actividades son perjudiciales para la pesca artesanal de nuestro país.

Empero, existen mitos y desinformación acerca de la ley. Por ejemplo, uno de estos mitos es la idea de que los gremios de pescadores y los mismos pescadores sin permiso de pesca serán perseguidos como mafias en caso cometan una infracción.

Esto es abiertamente falso ya que no cualquiera puede ser investigado y juzgado como una organización criminal pues existen agravantes y atenuantes. Dicho en simple, una organización criminal se define como una agrupación que se reparte diversas tareas o funciones, y que se crea inequívoca y específicamente para delinquir a expensas del bien privado o bien público.

Comunicando mejor y desarrollando infraestructura

El tráfico de fauna silvestre en líneas generales es una actividad ilícita que afecta gravemente al medioambiente, a los ecosistemas y a la biodiversidad de nuestro país. Resulta clave, urgente y necesario abrir un debate para esclarecer los alcances de la normativa a fin de evitar mitos que puedan perjudicar la confianza de los pescadores.

En similar tenor, es prioritario impulsar y fortalecer los proyectos de inversión en infraestructuras, así como aquellas iniciativas enfocadas en la protección marítima de los principales puertos y desembarcaderos pesqueros no solo de la región Piura, sino a nivel nacional. El racional es el de buscar robustecer, innovar y mejorar la cadena productiva de los pescadores artesanales.

Por otro lado, y en el caso específico de la pesca de pulpo, existen redes de trabajo y colaboración como, por ejemplo, el laboratorio de IMARPE en Paita y REDES-SP. El trabajo conjunto y coordinado de dichas entidades fortalece el sistema de monitoreo biológico-pesquero para la pesquería de estos cefalópodos extraídos en la región Piura. La expectativa es desarrollar modelos de gestión de extracción de pulpo (así como de otros recursos bentónicos) que cuenten con la participación de grupos y organizaciones de buzos artesanales interesados y de esta manera reducir la pesca ilegal/no reportada de pulpo en el norte del Perú.

Pesca artesanal de subsistencia

En mayo de 2022, se inauguró un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) en la ciudad de Cabo Blanco. El proyecto tuvo un costo de 39 millones de soles y fue concebido para beneficiar a 2,000 personas entre pescadores y sus familias. No obstante, es imprescindible subrayar que los pescadores artesanales de la región Piura vienen experimentando penurias económicas gatilladas, entre otros factores, por la sobrepesca industrial ilegal extranjera (tipo arrastre o dinamita), los derrames accidentales de hidrocarburos, así como por causas climáticas naturales.

Como resultado, se calcula que un pescador artesanal que haya laborado 10 horas diarias y capturado 9 kilos de productos marinos podría, en promedio, recibir unos 14 dólares. Sin embargo, tras deducir los gastos, como los 5 dólares de combustible y los 5 dólares aproximados que se le pagan al tripulante acompañante, al propietario de la embarcación le restan únicamente 4 dólares (aproximadamente S/. 15 soles). Sin duda, una situación económica vulnerable que podría catalogarse como pesca de subsistencia.

Reflexiones finales

La pesca artesanal en la región Piura, enfrenta innumerables desafíos. Pero sin duda, es quizá el apoyo a los pescadores artesanales lo que supone el reto mayor. Y es que no debemos olvidar que, según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), la pesca artesanal representa el 98% de las embarcaciones registradas en el país mismas que aportan una quinta parte de la producción pesquera total.

También es importante señalar que el gobierno peruano ha implementado programas ad hoc como el “Plan Nacional de Acción para la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada” (PNA-IUU – 2018-2022) para potenciar la gobernanza y sostenibilidad de los recursos marinos. De igual modo, el “Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola” (FIDA) ha impulsado proyectos en la región Piura para apalancar la cadena productiva de la pesca artesanal y promover de esta forma prácticas sostenibles de extracción de recursos marinos.

Enfrentar la crisis relacionada con la actividad pesquera artesanal en la región Piura, demanda mejoras sustanciales en términos de comunicación y la información alusiva las leyes y regulaciones vigentes en línea con el fomento de proyectos de inversión en infraestructuras y protección marítima.

En materia de gestión pública, se debe facilitar la colaboración entre entidades como IMARPE, el Ministerio de la Producción (Produce) y organizaciones internacionales pertenecientes a este ámbito. La articulación de actores en línea con la implementación de regulaciones efectivas permitirá rescatar al sector pesquero artesanal piurano y con ello, proteger la biodiversidad marina en la región.

Trazar un camino hacia regulaciones específicas que modifiquen nuestros actuales hábitos de diseño, manufactura, distribución, consumo, logística, segregación, reutilización y gestión integral de empaques, materiales y envases resulta imperativo. La polución plástica que, desde finales de los años 50 a la fecha totaliza la escalofriante cifra de 8 billones de toneladas de material plástico, demanda urgente intervención regulatoria. En otras palabras, la continuidad de los modelos de economía lineal no resiste lógica alguna.

Al respecto, la relativamente reciente aprobación de leyes sobre envases de plástico en España e Italia ya cuentan con disposiciones fiscales alusivas a los envases de plástico, sin embargo, su implementación aún está en espera. Estos instrumentos buscan evitar la generación de residuos a partir de envases de plástico no reutilizables y fomentar el reciclaje de residuos plásticos.

Cabe señalar que este tipo de regulaciones varían entre países tanto en enfoque, criterios, implementación y monitoreo de cumplimiento. Es necesario trazar un camino hacia regulaciones específicas que modifiquen nuestros actuales hábitos de diseño, manufactura, distribución, consumo, logística, segregación, reutilización y gestión integral de empaques, materiales y envases. Sin embargo, su implementación integral aún está en espera.

Implicancias económicas directas sobre regulación de los envases

Tanto Italia como España consideran únicamente al plástico para efectos tributarios si es que el contenido del embalaje esta 100% constituido por este material. En otras palabras, un empaque de 25 g compuesto netamente de plástico será plausible de imposición económica. Ahora bien, cabe señalar que este tipo de regulaciones varían entre países tanto en enfoque, criterios, implementación y monitoreo de cumplimiento (enforcement).

Por ejemplo, en Gran Bretaña se considera el peso de todo el embalaje si es que el componente plástico es el elemento de mayor presencia en su constitución. Dicho de otra forma, si un empaque de 50 g está constituido por 10 g de cartón, 15 g de papel y 25 g de plástico, entonces, el peso total, es decir, los 50 g del material total serán sujeto de imposición económica.

Por su parte, en algunos países como Indonesia, Ghana y Nigeria, los debates sobre estas regulaciones y leyes sobre residuos reflejan el creciente interés de sus gobiernos sobre oportunidades para la producción de los llamados plásticos verdes. La lógica es que se puedan generar dividendos fiscales y ambientales, mientras que, al mismo tiempo, se acompaña y asiste a los fabricantes nacionales a mantenerse competitivos local e internacionalmente.

En consecuencia, se fomenta de esta manera la generación de nuevos empleos productivos con foco en la innovación de productos con menor impacto medio ambiental a través de modelos de negocio circulares.

Requerimientos y medidas complementarias

Asimismo, a inicios de 2022 se implementó en Inglaterra una nueva legislación que requería una recopilación de datos estricta y consecuente presentación de informes al ente regulador sobre el uso de envases para alimentos.

Entre los mecanismos para reducir los residuos se encuentra la obligatoriedad de contar con un registro mandatorio para planes de reciclaje, el correspondiente uso de logotipos para indicar cómo se deben clasificar o reciclar los envases, así como la definición de un sistema de impuestos con referencia a factores de sostenibilidad. Estas iniciativas serán basadas en el análisis de datos en tiempo real proporcionados por las empresas y entidades sujetas a esta normativa.

Por otro lado, un significativo número de gobiernos a nivel mundial ya se encuentran trabajando en la redacción de un tratado internacional para detener la contaminación por, residuos orgánicos e inorgánicos, pero de forma puntual, con foco en plásticos. Dentro del paquete de medidas, se incluyen criterios técnicos clave como el ciclo de vida completo de los plásticos. Esto quiere decir que los productores deberán pagar los costos de recogida y eliminación de los envases domésticos que suministren cuando se conviertan en residuos.

En el plano tecnológico, en Canadá, Japón y Estados Unidos se aplica un instrumento conocido como la responsabilidad extendida del productor (REP). Ejemplo de esto son el caso de las empresas de telefonía celular y de tecnología las cuales están también obligadas a hacerse responsable de los productos descartados por sus consumidores.

En ambos casos, la meta es obligar a los productores a reducir la cantidad de envases que colocan en el mercado y a mejorar la reciclabilidad de estos, lo que a su vez garantizará que menos residuos terminen en el entorno natural o que tengan implicancias de salud pública.

Una mirada a las regulaciones en el Perú

En el Perú, existen regulaciones que buscan impulsar la transición hacia una economía circular y mejorar la gestión de residuos. Una de estas regulaciones es la Norma Técnica Peruana «NTP-ISO 18604:2020» que establece los procedimientos para evaluar la factibilidad de los envases para el reciclaje de material, considerando aspectos relevantes para el reciclaje y la seguridad del consumidor.

Además, en enero de 2022 se aprobó la modificación del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento del material de descarte y residuos sólidos orgánicos, entre otros.

El Ministerio del Ambiente asegura que presentará una normativa para mejorar la gestión de envases y embalajes a lo largo del ciclo de vida del producto y eliminar riesgos asociados a la inadecuada gestión de residuos.

Los representantes del Minam destacan que los residuos de envases y embalajes generados en el país son una valiosa oportunidad para el desarrollo del reciclaje en el Perú. En definitiva, se busca cambiar la percepción de los residuos y aprovechar su valor residual, con el fin de avanzar hacia una economía circular sostenible.

En conclusión, las tendencias regulatorias vinculadas a empaques, materiales, envases y residuos son clara muestra del cambio de modelo económico-productivo que está experimentando el mundo. Quienes no logren adaptarse dejarán de ser competitivos y desaparecerán. La omisión de responsabilidades en materia de externalización de costos de gestión de desperdicios y residuos llego a su fin.

Estudios recientes sobre las estimaciones de las emisiones de mercurio de línea de base por la minería de oro artesanal de 25 países en vía de desarrollo provenientes de África, América del Sur y Asia, encontraron que estas estimaciones rara vez brindan suficiente información para determinar si los cambios en la tasa de un año al siguiente fueron el resultado del cambio real.

Adicionalmente, se estima que alrededor de 15 millones de mineros de oro artesanales y de pequeña escala en todo el mundo arriesgan sus vidas todos los días enfrentando condiciones de trabajo extremas que incluyen la exposición constante al mercurio, metal líquido que es, además, una potente neurotoxina. De hecho, los vapores de mercurio causan efectos debilitantes en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico abarcando órganos vitales como los pulmones y los riñones. En síntesis, el mercurio en mínimas cantidades puede ser letal.

Según un informe publicado en la revista National Geographic, la intoxicación de las personas por mercurio puede ocurrir por ingesta de alimentos contaminados. Por ejemplo, los pescados de profundidad son sindicados como potencialmente peligrosos debido a su alta concentración de mercurio. No obstante, la inhalación o exposición cutánea al mercurio, es decir, cuando el metal es absorbido por la piel en contacto directo, también es sumamente peligroso, en particular para las mujeres embarazadas.

Ocurre que el mercurio tiene la capacidad de pasar al feto durante el embarazo a través de la placenta, lo que puede provocar malformaciones congénitas entre otros daños de orden neurológico e incluso genético. De igual forma, también puede afectar a los niños que se encuentren en periodo de lactancia puesto que el mercurio se puede hallar en la leche materna y de esta forma puede ocasionar al niño graves deficiencias neurológicas con implicancias de orden cerebral y motriz.

De oro y mercurio: una relación letal

El peligroso proceso de extracción de oro -del tipo que emplea mercurio- representa aproximadamente el 40% de todas las emisiones de mercurio provocadas por el hombre. Por ende, la extracción del metal dorado es la actividad considerada como la mayor fuente de generación de mercurio, según datos de la ONU.

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, previo a realizarse intervenciones y políticas públicas para controlar las emisiones de mercurio, primero debe realizarse una correcta estimación de que los cálculos de emisión de referencia sean precisos. Solo de esta forma se pueden generar acciones efectivas y de impacto concreto.

Medición de emisiones de mercurio

Las estimaciones de las emisiones de mercurio de referencia buscan determinar cuántos kilogramos de contaminación por mercurio se inyectan a la atmósfera cada año a partir de la práctica de la extracción artesanal de oro. Esto incluye, claro está, la minería ilegal o informal.

Para hacer esta estimación, los países calculan cuánto oro sustrajeron los mineros y con esa data se realiza una aproximación de cuánto mercurio se usó para obtenerlo puesto que existe un estándar de volumen para este proceso. En términos de recopilación de información, esta se obtiene mediante entrevistas con mineros, comerciantes de oro y de mercurio entre otros actores claves en el negocio de la minería del oro de corte ilegal.

El Perú y la generación de mercurio

El Perú es uno de los grandes productores de oro a nivel mundial. Sin embargo, es sabido que una porción significativa del oro producido en nuestro territorio proviene de la minería aurífera artesanal desarrollada a pequeña escala ya sea en los Andes o en la Amazonía. En este contexto, el uso de la amalgama de oro (Au) con mercurio (Hg) es un procedimiento fundamental para refinar el oro mediante la formación de aleaciones de Au-Hg.

El problema radica en que, debido a las técnicas rudimentarias e improvisadas realizadas por mineros informales y de pequeña escala, la contaminación por mercurio se ha convertido en una gran preocupación.

Diversos estudios han evidenciado concentraciones notablemente altas de mercurio en especies de peces consumibles, ríos, sedimentos y aire en lugares donde la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, es una de las principales fuentes de ingresos para las comunidades locales mismas que se ejecutan sin regulación alguna.

Compromisos para frenar las emisiones de mercurio

Nuestro país pertenece a la Convención de Minamata sobre Mercurio, el cual es un tratado mundial adoptado en 2013. Dicho acuerdo busca proteger a la salud humana y al medioambiente de los efectos devastadores del mercurio. De hecho, el nombre de dicha convención corresponde a la bahía de Japón donde, a mediados del siglo XX, las aguas residuales industriales contaminadas con mercurio envenenaron a miles de personas y provocaron graves daños a la salud.

Esto luego se conoció como la «enfermedad de Minamata». Es así como, en el 2015, el Perú ratificó este convenio. No obstante, independientemente de la firma del acuerdo, este elemento químico aún es usado de forma descontrolada a lo que se suma el hecho de que su ingreso masivo ocurre en la frontera con Bolivia.

Consideraciones finales

Debido al auge de la minería ilegal de oro por mercurio en el Amazonas, existe una urgente necesidad por diseñar e implementar métodos efectivos que faciliten la comprensión y cuantificación de los verdaderos impactos del metal liquido tanto en términos de liberación en el aire, agua, suelo, así como de su exposición en las poblaciones nativas locales. Sin duda, son estas últimas las más afectadas por ser comunidades altamente marginadas.

Asimismo, tal y como indicáramos anteriormente, este elemento llega en grandes cantidades a través de Bolivia, vía contrabando. De hecho, cada año se estima que ingresan entre 400 a 700 toneladas. Evidentemente, su destino es la minería ilegal.

Es preciso comentar que, como resultado de la crisis mundial que dispara el precio del oro, muchas comunidades indígenas se han visto obligadas a practicar la extracción artesanal del metal presionadas por sus necesidades de subsistencia o por presión directa de mineros externos que fomentan la minería ilegal.

Se requiere pues que el estado tome cartas en el asunto y decrete (y vele por el cumplimiento) de leyes que permitan controlar la minería artesanal. Dichas estrategias deben fomentar incentivos que promuevan la formalización de la minería a fin de erradicar la su versión ilegal caracterizada por el indiscriminado uso del mercurio. En síntesis, el líquido metal resulta letal para los ecosistemas como para la vida humana

El biocombustible es cualquier tipo de combustible que se deriva directamente de materia vegetal o animal y produce bioenergía; esta no se produce mediante un proceso geológico como el de los combustibles fósiles (petróleo y carbón); por ello, es una fuente de energía renovable.

El presente articulo desarrolla el concepto de biocombustibles además de hacer un balance entre sus beneficios y efectos negativos en el marco de un proceso de transición energética global con el objetivo de determinar su viabilidad como fuente de energía renovable.

Asimismo, los biocombustibles se originan en las plantas, ya que producen su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. Un ejemplo de las más utilizadas para la extracción de biocombustibles son el maíz, la soya, el girasol, el sorgo y el trigo. Por su parte, los animales, como los herbívoros y el ganado domesticado, son sus consumidores primarios y, por lo tanto, el biocombustible se obtiene también de sus desechos.

Del mismo modo, los biocombustibles tienen diversos beneficios y también se pueden obtener indirectamente de los desechos comerciales, agrícolas, industriales y domésticos. El combustible comparte algunas similitudes con los combustibles fósiles, existen en tres estados; sólido, líquido y gaseoso. Se han financiado, investigado y probado tres generaciones de fuentes de biocombustibles (maíz, soya, aceite de palma, desechos orgánicos, pastos y otros cultivos de celulosa perenne, algas y otras más) como vías para obtener combustibles líquidos viables bajos en carbono.

Los biocombustibles más utilizados y desarrollados son el bioetanol, el cual se genera por la fermentación alcohólica de los azúcares que se encuentran en algunas especies vegetales como pueden la caña de azúcar, remolacha o algunas especies cereales. El biopropanol o biobutanol y el biodiésel, que se produce a partir de aceites vegetales como el aceite de colza, soya o canola y jatrofa.

Argumentos pro-biocombustibles

Sin embargo, existen también los que apoyan la producción de biocombustibles, ya que afirman que son una alternativa más limpia a los combustibles fósiles, y se han realizado importantes investigaciones para producirlos a partir de flujos de desechos agroindustriales. Un ejemplo de ello son los estudios que han explorado el uso de productos de suero secundarios de la producción de requesón para producir estos combustibles sostenibles.

Se utilizan varios procesos para tratar el suero de queso para la producción de productos de valor agregado como los biocombustibles, cada uno con sus distintas ventajas y desventajas. Para ello se utilizan procesos físicos, químicos, biológicos y fisicoquímicos. La utilización de este flujo de residuos clave de la industria láctea podría ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de producción de energía renovable y sostenible.

Cuestionando a los biocombustibles

La producción de biocombustibles según algunos críticos podría causar un gran daño ambiental, incluida la deforestación y la pérdida de biodiversidad debido a la necesaria expansión de las tierras de cultivo. Es importante resaltar que los cultivos de biocombustibles tienden a desplazar a otros cultivos alimentarios importantes. Asimismo, en algunos casos, el cambio de uso de la tierra para biocombustibles puede aumentar las emisiones de carbono en lugar de frenarlas, claro está, considerando la lógica del CO2 como causal directo del cambio climático.

Por su parte, un gran número de expertos sugiere que aún se debe de investigar y aprender más sobre el uso de los biocombustibles. Otros indican que sería mejor abandonar esta solución tecnológica y reconstruir las antiguas tierras de cultivo de biocombustibles para almacenar más carbono.

Balance costo-beneficio

Un reciente estudio de alcance europeo dirigido por el Instituto para la Investigación de Energía y Medio Ambiente (IFEU) cuantifica por primera vez los enormes costos de oportunidad en toda Europa por dedicar millones de hectáreas de tierras de cultivo fértiles a la producción de biocombustibles. Los resultados son que esta tierra podría utilizarse mucho mejor para mitigar el cambio climático antropogénico, detener la pérdida de biodiversidad o aumentar la seguridad alimentaria mundial.

Al respecto, se cuestiona que la Unión Europea (UE) desperdicie tierras del tamaño de Irlanda en biocombustibles. El argumento central es que de esta manera se están perdiendo “enormes oportunidades para luchar contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis alimentaria mundial.”

Si la Tierra volviera a su estado natural (es decir, si fuera reconstruida), podría absorber alrededor de 65 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. Esto es casi el doble de los ahorros netos de CO2 informados oficialmente por los biocombustibles que reemplazan a los combustibles fósiles. Por ende, usar la tierra para granjas solares sería mucho más eficiente.

De hecho, se necesita 40 veces más tierra para impulsar un automóvil que utiliza biocombustibles que un automóvil eléctrico alimentado por energía solar. Dicho de otra forma, usar un área equivalente a solo el 2,5% de esta tierra para paneles solares produciría la misma cantidad de energía. Adicionalmente, los cultivos de estas tierras podrían utilizarse para satisfacer las necesidades calóricas de al menos 120 millones de personas.

Biocombustibles: contexto regional

En Sudamérica y en todo el mundo, los biocombustibles, como el etanol, están ganando popularidad como una alternativa importante -sin considerar sus cuestionamientos- de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar así el cambio climático de origen antropogénico.

Brasil

Los datos muestran que la producción de etanol de caña de azúcar, en particular, ha experimentado un aumento significativo en los últimos años en la región. Específicamente, Brasil es el mayor productor mundial de etanol de caña de azúcar pues según la Asociación Brasileña de la Industria de la Caña de Azúcar (UNICA), el gigante sudamericano obtuvo una producción de 35.7 mil millones de litros en la temporada 2021-2022. Por otro lado, es importante subrayar que el etanol representó el 47% del combustible utilizado en el transporte en Brasil en 2020, reduciendo las emisiones de CO2 en más de 400 millones de toneladas desde 1975 según cálculos efectuados por dicha entidad.

Argentina

En Argentina, la producción de etanol, pero generado con maíz ha evidenciado un fuerte aumento en los últimos años. En ese sentido, la Cámara de Bioetanol de Maíz (BIOMAIZ), estima que Argentina alcanzó una producción cercana a los 1,200 millones de litros en 2020. En consecuencia, la data muestra que el etanol de maíz representó el 10% del combustible utilizado en el transporte en Argentina en 2020.

Colombia

La producción de etanol en Colombia también ha sufrido un gran incremento en los últimos años, impulsado por la adopción de políticas gubernamentales y la inversión en tecnologías limpias. De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, la producción de etanol en Colombia aumentó un 24% en 2020 en comparación con el año anterior, con una producción total de aproximadamente 596 millones de litros.

Perú

El Perú es un país que tan solo produce cerca de 40 mil barriles al día de petróleo frente a un consumo de 260 mil barriles diarios. Como resultado, el Estado peruano se ha visto en la necesidad de destinar un presupuesto adicional para la importación de combustibles de origen fósil. Esto representaría una oportunidad teórica para que dicho país reemplace o compense su dependencia de combustibles de origen fósil no renovable con biocombustibles o combustibles alternativos de origen vegetal y/o animal. Mantenemos el condicional puesto que hay prioridades alimenticias y agroexportadoras que son urgentes y ofrecen márgenes mayores, respectivamente.

Tendencias y demanda futura

La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su Análisis de Energías Renovables 2022 a fines del año pasado. En este informe se estima que la demanda mundial total de biocombustibles aumentará más del 20 % entre 2020 y 2027, y se prevé que el consumo mundial de etanol aumente en un escenario de caso acelerado. El desarrollo de los biocombustibles no está de ninguna manera exento de problemas y controversias. Dentro de los principales desafíos destacan el argumento del cambio del uso de suelos destinados a la agricultura, o sus efectos inciertos cuando se incluye en análisis el ciclo de vida, o las implicancias de la caída reciente en el precio del petróleo, entre otros.

¿Son los biocombustibles una solución energética medioambiental viable?

No hay respuestas absolutas. Por un lado, los biocombustibles ofrecen beneficios significativos en términos ambientales y económicos. Quienes proponen la visión antropogénica del cambio climático arguyen que se ha demostrado que los biocombustibles reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. De igual modo, sostienen que también pueden reducir la dependencia de los combustibles importados, fomentar el desarrollo rural y la diversificación de cultivos y crear empleos en la industria de los biocombustibles.

El etanol, en particular, es una opción popular debido a su capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de etanol de caña de azúcar tiene una huella de carbono mucho más baja que la producción de etanol de maíz, y los países de Sudamérica tienen una gran ventaja debido a su clima cálido y húmedo, que es ideal para el cultivo de la caña de azúcar.

Por otro lado, y a pesar de los beneficios, también hay preocupaciones y desafíos asociados con los biocombustibles. La competencia por tierras cultivables es uno de los mayores desafíos, ya que la producción de biocombustibles puede competir con la producción de alimentos y contribuir a la inseguridad alimentaria. Además, la producción de biocombustibles también puede tener un impacto negativo en la biodiversidad y la calidad del agua.

Conclusiones

Resulta esencial abordar estos desafíos y fomentar prácticas sostenibles en la producción y uso de biocombustibles. La promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la mejora de la eficiencia de los procesos de producción de biocombustibles y la exploración de nuevas fuentes de biocombustibles son algunos de los enfoques que pueden ayudar a mitigar los impactos negativos asociados con los biocombustibles.

Además, las políticas públicas y los incentivos para fomentar la producción y el uso de biocombustibles sostenibles pueden ser herramientas útiles para lograr un equilibrio entre los beneficios y los desafíos. Ahora bien, esto dependerá de las prioridades en materia de seguridad alimentaria, agroexportación o desarrollo forestal que se busque en lugar del cultivo de biocombustibles.

En otras palabras, la mirada técnica, el argumento racional-económico y la ponderación socio-ambiental deben ser los criterios a considerarse para el caso de los biocombustibles como alternativa energética medioambientalmente viable.

La ausencia de lluvias y las olas de calor han causado que algunos ríos del mundo se sequen al punto de ser prácticamente intransitables. ¿Qué está sucediendo?

Los ríos han sido cuna de diversas civilizaciones fluviales que se desarrollaron desde hace más de 5000 años. Hoy existen alrededor de 165 ríos principales en el mundo por los que a diario fluyen grandes volúmenes de agua. Sin embargo, a los problemas derivados de su contaminación se suma la reducción de sus caudales, producto de la sequía.

Un problema grave

La sequía es la disminución de precipitaciones pluviales respecto al índice anual. Se presenta de forma cíclica en todas las zonas climáticas, con más intensidad y recurrencia en las áridas y semiáridas. Dura de uno a tres años y puede ser meteorológica, agrícola o hidrológica, según su inicio, final y magnitud.

La sequía no solo afecta a los ríos y sus embalses, lo cual provoca escasez de agua en el mundo. Ello impacta en las actividades agrícolas, que emplean el 70 % de agua extraída en el mundo. También se estima que existen más de 330 millones de hectáreas con instalaciones de riego en el planeta.

Impacto internacional

En Estados Unidos se calcula que casi el 60 % de las llanuras del oeste, sur y centro experimentaron sequías severas o superiores en el 2022. El río Colorado mostró signos de reducción de su caudal, ante lo cual el Gobierno implementó cortes de agua obligatorios y pidió a los Estados ejecutar planes de acción adicionales.

En Asia, las orillas del río Yangtze se secan y su lecho ya se asoma en algunas áreas, mientras que sus afluentes ya se encuentran intensamente secos. Como respuesta, el Gobierno chino declaró una alerta nacional de sequía por primera vez en nueve años por una ola de calor catalogada como la más larga en seis décadas.

En Europa, el río Po se encuentra tan seco que hace poco se ubicó una bomba de la Segunda Guerra Mundial en sus aguas. Además, los trabajadores de Rumania, Serbia y Bulgaria dragan el río Danubio, el más largo de la parte occidental del continente, para asegurarse de que los barcos aún puedan navegarlo.

En Latinoamérica, el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica estima que cerca del 60 % de la superficie de Argentina evidencia los estragos de la sequía. Chile, Brasil, Perú y Ecuador también registran una disminución en la red fluvial, lo cual impacta en su agricultura y ganadería.

Retos pendientes

Existen dos perspectivas respecto al cambio climático. Algunos atribuyen sus efectos a la acumulación de CO2 y al efecto invernadero derivado. Otros consideran que esta acumulación solo es una de diversas variables dentro del ajedrez climático, como el comportamiento de las nubes, las corrientes multidecadales de los océanos, etc.

Lo cierto es que las sequías aumentaron casi un 30 % desde el 2000, en comparación con los 20 años previos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los patrones climáticos erráticos e impredecibles son un nuevo reto que debe afrontar la comunidad científica.

En una investigación publicada en el New York Times se indica que, durante los meses iniciales de la pandemia de coronavirus, un grupo de ejecutivos y diseñadores de ropa comenzaron a hablar, tentativamente, sobre modificar algunas de las prácticas de la industria mundial de la moda para evaluar maneras de tornarlas más eficientes y en concordancia con las regulaciones antimonopolio. Parecía que ser competitivo bajo una lente de sostenibilidad resultaba incompatible. Y es que, desde un punto de vista regulatorio, aún se discute cómo considerar a las empresas que colaboran para promover propuestas de gestión ambiental responsables.

De igual modo, según una investigación de la consultora Roland Berger, se concluye que 50% de los consumidores encuestados se preocupan por las emisiones de dióxido de carbono de sus compras. Otro dato complementario apunta que el 37% de las personas de 25 a 45 años están particularmente preocupados por los impactos de la industria de la moda en el clima (siguiendo la hipótesis del cambio climático antropogénico).

Cadenas de suministro

Diseñar e implementar una estrategia de sustentabilidad coherente y consecuente requerirá de una reingeniería de las cadenas de suministro globales. Estas cadenas abarcan, por ejemplo, desde empresas intensivas en agua pasando por las asociaciones de productores de algodón hasta los puntos de venta de las prendas terminadas. Este análisis también debe incluir observaciones y monitoreos relacionados con el impacto de los fenómenos naturales en la industria de la moda a lo largo de su cadena de valor.

También, debe incorporar estudios sobre la forma en la que las inundaciones afectan el rendimiento de los cultivos de algodón, así como la revisión de la huella hídrica y de carbono de la empresa. Adicionalmente, los análisis de ciclo de vida (Life Cycle Assessment) adquiere mayor preponderancia que inicia con el diseño de una prenda hasta su gestión y disposición adecuada al finalizar su vida útil.

Economía circular

La sostenibilidad en sí ya no es un hito diferenciador. Estamos a su vez presenciando el aumento de los mercados de segunda mano y de marcas de moda y minoristas que se adhieren a la economía circular. Si bien esta es solo una palanca para reducir el desperdicio, el modelo actual acarrea muchos costos y desafíos asociados, incluida la gestión de la logística y la atención concernientes a aspectos de higiene de los consumidores. También, las empresas de moda con precios más económicos muestran signos de querer desarrollar productos sostenibles más accesibles, duraderos y reciclables.

No obstante, muchas empresas como las anteriormente mencionadas, son conscientes que es poco probable que esto les genere ganancias inmediatas, particularmente para aquellas empresas que operan en mercados masivos sustentadas por vastas economías de escala. Para nadie es sorpresa que dichas modificaciones necesitarán más tiempo e inversión para lograr transformar sus actuales prácticas operacionales y comerciales a nivel interno y externo.

Finalmente, la estrategia textil sostenible de la Unión Europea (UE) lanzada a principios de 2022 sentó las bases para un enfoque en la longevidad de las prendas, la reciclabilidad de las prendas, y la aplicación reglamentaria de los principios de la economía circular caracterizados por servicios de reparación y reutilización económicamente rentables ampliamente disponibles. ellos afirman que para el 2030 la moda rápida pasará de moda.

Recientemente se llevó a cabo la “Cumbre de Sostenibilidad de Forbes” en su versión 2022, evento en el cual se enfatizó que la sostenibilidad no es una tendencia a la que deban sumarse los vendedores o las marcas, sino más bien, un compromiso de gestión de largo plazo.

En ese sentido, existen múltiples empresas a nivel global que ya están dando la hora en materia de gestión sostenible de sus negocios. Una de estas es For Days, una marca de moda de “circuito cerrado” misma que fuera mencionada por Forbes. Específicamente, Four Days recompensa a sus compradores con créditos de la tienda al devolver sus prendas cuando estas ya no son más deseadas. Estas prendas -en conjunto con una variedad enorme de materiales- son recicladas por completo en caso de poder haberles dado un segundo uso.

Así, For Days no solo se hace responsable de su propia ropa (y potenciales desechos), sino que adicionalmente acepta cualquier ropa usada de cualquier marca en cualquier condición por lo que otorga crédito de incentivo mediante su estrategia Take Back Bag. Como resultado, esta empresa ha desviado el equivalente a US$ 1,5 millones de ropa de los vertederos acumulando más de US$ 12 millones de dióxido de carbono y 1,300 millones de galones de agua.

Más propuestas

Otro ejemplo es Kindly. Esta empresa ha innovado su propuesta material dado que fabrica las primeras copas de sostén a base de plantas compuestas hasta en 80% de caña de azúcar. Su gama de productos también incluye una línea de ropa interior elaborada a base de hilos y telas recicladas. Esta marca se vende exclusivamente en las tiendas físicas y virtualmente pertenecientes a la cadena Walmart de los EE.UU.  La ropa íntima de Kindly no solamente apunta a ser más amigable con el entorno, sino que, adicionalmente, propone un tarifario asequible, con artículos que se venden al por menor por menos de US$ 20.

Efectivamente, tal y como ocurre con el mundo de los portafolios de inversión ambiental, social y de gobernanza (ASG), el racional de la sostenibilidad conlleva a comprometerse hacia un viaje de transformación de largo aliento el cual debe ser encabezado y promovido por los lideres de cada empresa u organización según sea el caso.

Esto incluye, por ejemplo, reevaluar los enfoques de marketing asumiendo probablemente una postura menos pomposa y actitud más humilde (algo abiertamente complejo de pedir en una industria que, en muchos casos, nos vende looks y glamour). No obstante, estas son instancias que nos ofrecen espacios de co-creación de soluciones alternas con las partes interesadas para fortalecer la confianza, innovación y acciones conjuntas puntuales, planificadas y medibles.

El rol del Ministerio del Ambiente (Minam) ha saltado a la palestra a raíz del desastre ecológico que sufrió el Perú por parte de Repsol tras el vertido de miles de galones de petróleo contaminando más de 20 playas del litoral.

En dicho contexto, la cartera que ahora dirige el Dr. Modesto Montoya deberá garantizar una gestión netamente técnica del problema, es decir, deslindar cualquier elemento de corte político para concentrar sus esfuerzos en ejecutar medidas preventivas y de índole regulatorio no sólo para el sector de hidrocarburos sino también para todas aquellas actividades vinculadas a la extracción de recursos naturales, empresas de logística y de transporte, de consumo masivo y de comercio, es decir, toda actividad cuyo potencial de generar impactos negativos en el medioambiente está siempre latente y/o es de alto riesgo.

En cuanto al flamante ministro, el Dr. Montoya cuenta con los pergaminos y laureles académicos que, bajo una mirada ex-ante, lo posicionan como apto para el cargo. Sin embargo, aplicando un análisis más conservador, cabe recordar que son las acciones y los resultados los que determinan la calidad y el éxito de la gestión de cualquier funcionario o ejecutivo público o privado.

En ese sentido, serán necesarias las intervenciones pragmáticas y eficientes dispuestas por el ministro Montoya lo que determinará su idoneidad para el puesto que actualmente ocupa. Al respecto, habrá que estar atentos a las iniciativas emprendidas por el Minam especialmente en referencia a la selección e inclusión de cuadros técnicos -y no políticos- que se decida convocar. Dicho de otra forma: más especialistas calificados y cero partidarios entusiasmados.

Por otro lado, en ninguna circunstancia se debe dejar todo el proceso de limpieza a criterio de la empresa, ya que esto revelaría una total carencia de Estado de derecho. Urge que el Minam, mediante la conformación de estos equipos de especialistas ad hoc, se haga cargo del monitoreo y seguimiento de cada uno de los progresos de remediación y que, para ello, se empleen indicadores específicos medibles y transparentes para evitar las opiniones o percepciones puramente cualitativas.

Derrames de crudo: un problema recurrente

Los derrames de petróleo, como el acaecido recientemente, tardan años en revertirse. Y es que aproximadamente fueron más de 10 000 barriles de petróleo flotante dispersos en alrededor de 1 800 000 metros cuadrados. Es por esta razón que la cartera de medioambiente debe abordar este y futuros desastres apoyándose en la capacidad y conocimientos de biólogos, oceanógrafos, ingenieros ambientales, expertos en derecho ambiental, entre otros profesionales con genuino mérito y capacidad comprobada para brindar soluciones concretas.

Asimismo, es imperativa una labor de supervisión adecuadamente planificada enfocada en la remoción y limpieza por parte de la empresa. En otras palabras, el Dr. Montoya debe garantizar que tanto el escrutinio, las decisiones y las sanciones aplicadas sean imparciales, legales y sobre todo, apolíticas. El capital natural es de todos los peruanos y por ende deben primar los intereses del Estado incluidas la salud y bienestar de todos sus ciudadanos.

No obstante, es importante subrayar que el caso de Repsol no es el primero en su tipo. Durante los últimos veinte años nuestro país ha registrado más de 500 derrames de petróleo principalmente en la selva debido en su mayoría a serias deficiencias en infraestructura o producto de actos de vandalismo disfrazados de protestas sociales entre otras diversas causas. Lo curioso es que ninguno de estos problemas haya sido abordado con la misma magnitud y atención mediática como el caso de la transnacional española.

Responsabilidad compartida: redefiniendo lo social de lo ambientalmente responsable

En el Perú existen empresas que aún parecen confundir el concepto de responsabilidad social con responsabilidad ambiental. Las regulaciones para el cuidado de la naturaleza son un requerimiento para el funcionamiento de cualquier organización en nuestro país. Esto significa que son de carácter mandatorio y no opcionales.

El problema se agrava pues el Gobierno peruano presenta serias deficiencias en cuanto a las labores de monitoreo, fiscalización y regulación debido, en gran medida, a la deficiente cobertura por la falta de recursos económicos (o su poco efectiva distribución/uso) así como por falta de capital humano calificado, especialmente en zonas remotas y alejadas del territorio nacional. En síntesis, existe una responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa privada.

El caso Repsol debe servir de lección para que como sociedad redefinamos la forma en que premiamos y valoramos a las compañías por su desempeño socioambiental. Ocurre que muchas organizaciones suelen macerarse en sus galardones, certificados o asociaciones perdiendo de vista la visión objetiva de una gestión operacional responsable.

Sin embargo, ha quedado claro una vez más que el papel y el marketing aguantan todo y que es la praxis la que finalmente distingue los errores y negligencias de los logros y aciertos. Es muy probable que la era de las buenas intenciones esté llegando a su fin para dar paso a una métrica, cuantificación y gestión operacional medioambiental clara, transparente y responsable.