Los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, en lo que a política energética se refiere, se asemejan en que en ambos son escasos, ambiguos, escuetos, imprecisos y denotan muy poco entendimiento de la problemática del subsector de hidrocarburos y electricidad, que les permita exponer “cómo” y “cuando” se ejecutarán dichas propuestas en sectores de alta inversión.

 

En ninguna de ellos hay un verdadero plan energético, aunque debe reconocerse que las escasas propuestas de ambos candidatos son claramente diferenciadas en lo que a promoción de la inversión se refiere.

 

La propuesta de Fuerza Popular se encuentra alineada al modelo económico actual y se mantiene dentro de los pilares de la política energética que se vienen ejecutando desde el 2014.

 

De manera concreta, Fuerza Popular propone el cambio progresivo de la matriz energética hacia fuentes de energía renovable y cerrar la brecha de acceso a la infraestructura eléctrica mediante la priorización y fomento de la inversión público-privada en el desarrollo de centrales de energía renovable, así como la apertura hacia la electromovilidad.

 

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Por su parte, Perú Libre propone la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de la industria eléctrica e hidrocarburos, mediante la revisión de todos los contratos de concesión otorgados, y aquellos resultantes de los procesos de privatización, el impulso de la masificación del gas natural y el relanzamiento del gaseoducto del sur, así como la reducción de las tarifas eléctricas.

 

Escasez de propuestas

 

La escasez de propuestas y el desconocimiento del funcionamiento del sector energético resalta a la vista en ambos casos. La propuesta de Fuerza Popular no menciona en absoluto a la industria de los hidrocarburos, pese al importante potencial de reservas de gas y petróleo con las que cuenta el país y los serios problemas que aquejan actualmente a la industria de hidrocarburos.

 

En tanto que Perú Libre desconoce los acuerdos internacionales en los que el Perú se ha comprometido para reducir sus emisiones de carbono a raíz de la concientización del calentamiento global, siendo la penetración de las energías renovables, el cambio progresivo de la matriz energética, la electromovilidad y el hidrógeno verde pilares fundamentales para alcanzar dicho objetivo.

 

Transición energética

 

En ambos casos, ninguna de las propuestas explica cómo vamos a encarar la transición energética en la que ya estamos inmersos, considerando los recursos naturales con los que cuenta nuestro país.

 

La transición energética hace que ambos subsectores, tanto electricidad e hidrocarburos, se complementen y convivan hoy en día, por tanto, exigen, de cualquier partido que resulte elegido el 06 de junio, que sean considerados de manera integral en un plan energético estructurado de horizontes de corto, mediano y largo plazo.

 

Además, ambos candidatos y sus equipos técnicos deben conocer que somos un país con un gran potencial hidrocarburífero y utilizamos y seguiremos utilizando aún combustibles fósiles para la producción de bienes y servicios necesarios para nuestra vida diaria; que tenemos una matriz hidro – térmica y que el gas natural sostiene la ecuación en la producción y despacho de energía.

 

También, que contamos con una importante infraestructura de energías convencionales operando; que las centrales RER no convencionales son variables e intermitentes y necesitamos de la energía convencional para suplir esa falta de confiabilidad; y que debemos repensar el relanzamiento del gasoducto al sur respecto de la instalación de fuentes de energía en el sur más eficientes, entre otros aspectos que caracterizan nuestra estructura energética nacional.

 

Este conocimiento es fundamental e imprescindible para estructurar un plan energético, que fije, sobre la base de nuestros recursos naturales, metas y prioridades.

 

Liberalización del mercado

 

Asimismo, es importante no perder de vista que hace 25 años se dio la liberalización del mercado eléctrico peruano, proceso que estuvo caracterizado por la privatización de las empresas públicas, la desintegración de las actividades sujetas al monopolio estatal, el fomento de la competencia a nivel de generación y la determinación de precios competitivos, lo cuales hasta ese entonces se sujetaban a la injerencia política y eran subsidiados por el Estado.

 

La liberalización permitió incrementar la inversión y con ello el índice de electrificación, el margen de reserva de la generación y la calidad del servicio público. Hoy en día, es el mercado quien fija el costo real de la energía que pagamos todos los usuarios.

 

Todo ello no hubiera sido posible sin un adecuado régimen de garantías que dio la seguridad jurídica necesaria para promover la inversión privada en las diversas actividades que integran el sector.

 

Con ello no queremos señalar que la actividad empresarial del Estado sea intrínsicamente mala, aunque el pasado no nos permita afirmar ello.

 

En cualquier escenario, se debe primar la transparencia y efectividad de la política pública, sea ésta directamente ejecutada por el Estado o por el sector privado, garantizando el acceso a la energía de manera confiable, segura y a un precio justo.

 

Estamos frente a industrias de altos niveles de capital, por lo que una actividad económica manejada por el Estado, legalmente habilitado para ello, debe reconocer que es inviable pretender tener acceso y un servicio de calidad si es que no hay inversión (ya sea pública o privada) y tarifas que reflejen el costo real del servicio.

 

Medio ambiente

 

Finalmente, los planes de gobierno y los debates de ambos candidatos denotan la poca empatía que tienen ambas propuestas respecto de políticas de desarrollo sostenible y medio ambiente.

 

Actualmente, los gobiernos han tomado consciencia del impacto que genera la industria energética en el medio ambiente y como es que el avance tecnológico en dicha industria está permitiendo a su vez la implementación de políticas de desarrollo sostenible en otras actividades económicas, como el transporte y la minería, lo que les lleva a reducir sus emisiones de GEI y contribuir con detener el cambio climático.

 

A manera de ejemplo, los certificados de carbono incentivan la ejecución de proyectos de inversión, los cuales, además de contribuir con la conservación del medio ambiente, permiten a las empresas obtener beneficios económicos adicionales.

 

Como señalé al inicio, ambas propuestas son escuetas y ambiguas, aunque claramente diferenciadas. Cualquier propuesta que resulte ganadora, generará un periodo de incertidumbre que retrasará indefectiblemente la ejecución de proyectos, situación que se revertirá hasta que se tenga visibilidad y certeza respecto a las reformas -tributarias y ambientales- que el nuevo gobierno nos traerá, así como el respeto a las garantías de inversión que este manifieste.

 

Solo esperamos que lo poco avanzado en materia energética no retroceda. Corresponde al nuevo gobierno plantear y ejecutar políticas que garanticen que sus habitantes, y las generaciones futuras, puedan tener acceso en todo el territorio peruano a una energía sostenible con el medio ambiente, bajo una adecuada prestación del servicio y a un precio justo.

Los presidentes de las principales Cámaras de Comercio Regionales exhortan a los candidatos presidenciales a respetar la estabilidad jurídica y a plantear reformas integrales en salud y educación, entre otros temas.

 

A pocas semanas de que un nuevo presidente de la República asuma el mando del Perú para el siguiente quinquenio, es importante analizar las propuestas de los candidatos en torno al tema de la descentralización.

 

En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Carlos Durand, afirma que la descentralización en uno de los temas clave en estas elecciones, por las brechas que ha visibilizado la pandemia y la consecuente crisis económica.

 

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“Es importante señalar que las mejoras y cambios no ocurren de un día para otro, es un proceso político y técnico que requiere de muchos años, donde se debe equilibrar y articular el poder estatal en todos los gobiernos: local, regional y nacional. Se necesita del esfuerzo de cada uno de ellos para lograr un desarrollo integral del país”, explica.

 

En cuanto a los planes de gobierno, anota que es “muy preocupante” la propuesta de Perú Libre que plantea convertir al país en un gobierno federado. Durand advierte que ello no es viable por las asimetrías que existen entre las actuales regiones y no contribuiría a la reactivación de la economía en el mediano plazo ni a generar competitividad.

 

“En esta coyuntura es inviable pretender convertir a los gobiernos regionales en estados federados independientes y así transformar a nuestro país en una república federal. “Hoy necesitamos que los candidatos tengan un enfoque sectorial y de ahí partan para resolver los problemas estructurales que limitan la competitividad de cada región”, subraya.

 

Asimismo, hace un llamado a que Perú Libre deje de lado este planteamiento. Por otra parte, pide a Fuerza Popular profundizar más en sus propuestas de fortalecer las Agencias Regionales de Desarrollo.

 

Carlos Durand asegura que es importante que ambos postulantes al sillón presidencial presenten propuestas programáticas que no destruyan lo avanzado, sino que, en base a la experiencia y respeto a la institucionalidad, planteen mecanismos y planes serios para llevar adelante una verdadera descentralización, que no solo se enfoque en lo económico, sino también en el desarrollo y bienestar de toda la población.

 

“Necesitamos que los candidatos centren su trabajo en un programa de gobierno consensuado que tenga medidas específicas para enfrentar la pandemia, acelerar la tan ansiada vacunación, mejorar la calidad de la salud y educación pública, reactivar la economía, recuperar los miles de empleos perdidos y cerrar las brechas de desigualdad aún existentes en el país”, detalla.

Reforma integral de salud y educación

 

Respecto a la salud y educación, Carlos Durand sostiene que lo primero que se debe hacer es una reforma integral de estos sectores para llevarlos a un nuevo modelo moderno, de calidad y, sobre todo, con una prospectiva, que contemple la identidad regional y una visión país.

 

“Desde esa perspectiva, recién podemos ejecutar una descentralización que lleve bienestar a la población, y no simplemente descentralizar un sistema de salud y educación precario, obsoleto e ineficaz, pues, de ese modo, solo estaríamos descentralizando mayores inequidades a las regiones, donde está pandemia ha demostrado que existen las mayores necesidades y brechas”, recalca.

 

Para ello, señala que lo primero es mejorar de raíz el sistema de salud y educación pública. Una vez que esto se haya reformado integralmente se podrá hablar de una descentralización más inclusiva, con mayor cobertura, calidad en los servicios y con tecnología, priorizando aquellos lugares donde existen brechas tanto en la salud como en la educación.

 

De otro lado, el presidente de Perucámaras afirma que el punto de partida de una verdadera reforma del Estado es fomentar y fortalecer la institucionalidad, en todos sus niveles de gobierno. “No creo que exista una reforma del Estado que vaya a funcionar si esta no se apalanca en el pilar de la institucionalidad”, refiere.

 

A partir de ahí, dice que se tiene que hacer un cambio que tenga como prioridad la simplificación administrativa, acercar al ciudadano al Estado y que la persona sea el centro de atención.

 

Mirada de Cámaras de Comercio Regionales

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, Edward Palacios, señala que le preocupa que, en el plan de gobierno de Perú Libre, que figura en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), plantee una estatización o nacionalización de todos los yacimientos mineros donde interviene el sector privado, pues el Estado no es un gran emprendedor que tenga antecedentes positivos en el país.

 

“Nos preocupa mucho, macroeconómicamente, la mirada externa del país respecto a la propuesta de Pedro Castillo, porque se estaría perdiendo la estabilidad jurídica que hemos estado viviendo estos últimos años. Las propuestas de Perú Libre son muy socialistas, no sostienen un libre mercado en el que una empresa privada pueda invertir. Hay que recordar que el mayor porcentaje de la PEA nacional depende del sector privado y no del Estado”, precisa.

 

De otro lado, Palacios, explica que es positiva la propuesta de Fuerza Popular de destinar el 40% del canon minero directamente a la población. Indica, además, que en este momento se requieren políticas claras en el tema de salud y en la reactivación económica. “Es importante que los candidatos expliquen cómo se logrará reactivar la economía, necesitamos propuestas técnicas y no demagógicas”, subraya.

 

Mayor ventaja comparativa

 

Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco Región, Roberto Refulio, la propuesta del equipo técnico de Fuerza Popular, respecto a la reactivación económica, tiene una mayor ventaja comparativa respecto a la de Perú Libre, pues tiene mayor cohesión y sustento.

 

“Durante el debate técnico la sustentación del equipo de Castillo fue improvisada porque se dedicaron a hacer un recordaris de una gestión fujimorista de hace 30 años, situación que no es a la que aspiramos como gremio”, sostiene.

 

Afirma que la descentralización en el país no se ha dado de forma homogénea, ya que se ha desarrollado más la costa norte y sur del país, logrando ingresar a la competitividad. Así, refiere que la macro región centrooriente ha quedado olvidada.

 

A su turno, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Lorena Sandoval, manifiesta que se si bien se ha avanzado algo en la descentralización, se necesitan ajustes, pero definitivamente que no se retroceda. “Lamentablemente en el tema de descentralización no se encuentran propuestas concretas ni en Fuerza Popular, ni en el mapa de los 100 días de Perú Libre”, detalla.

 

Sin embargo, menciona que la propuesta de Fuerza Popular de repartir el 40% del canon minero es una buena medida, ya que en los últimos 10 años el presupuesto del canon no ha llegado a beneficiar directamente a la población.

 

“Es un planteamiento que no solo va beneficiar directamente al poblador, sino que ayudará a la reactivación económica. Las mujeres del campo y de la sierra somos totalmente emprendedoras, sabemos gastar e invertir hasta lo último en beneficio de nuestra familia”, anota.

 

Respecto al manejo de la salud y la pandemia, Sandoval afirma que ambos partidos han analizado la importancia de la vacunación y de hacer cercos con las pruebas moleculares . “Ahora lo que necesitamos es que nos digan –de una manera más aterrizada– cómo lo van a implementar y el presupuesto que van a manejar”, precisa.

 

Asimismo, revela que uno de los recientes asesores incorporados al equipo de Fuerza Popular ha propuesto la implementación de casas refugio en la cercanía de los grandes hospitales en Lima.

Viabilidad de las propuestas

Para el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche, si bien en los últimos 20 años su región ha experimentado un crecimiento económico, este ha sido desigual y desacelerado. A ello se suma que aún persistan importantes brechas sociales y de infraestructura, cuya solución amerita analizar las propuestas de los candidatos presidenciales.

 

Bereche afirma que el plan de gobierno de Perú Libre plantea la creación de estados federados, lo que implica, que los gobiernos regionales gocen de autonomía e independencia absoluta para la elaboración de sus propias normas jurídicas, tributarias, económicas, administrativas y políticas, entre otras.

 

No obstante, considera que ello no es viable, pues se trata de una propuesta que, además de tardar muchos años en ponerse en práctica, solo sería posible si se cambia nuestro modelo constitucional de Estado, lo que significa un cambio de todo el sistema.

 

Respecto a Fuerza Popular, que plantea evaluar el proceso de descentralización, con el fin de establecer nuevas funciones que contribuyan a la autonomía de los gobiernos regionales y municipales, Bereche asegura que ello ayudará a contrarrestar el centralismo.

 

Finalmente, manifiesta que le preocupa que no se haya realizado una evaluación para determinar cuáles son los problemas de los gobiernos locales y regionales con respecto a la descentralización y que impiden que esta opere positivamente.

 

Mayores obras de infraestructura

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Eduardo Ojeda, indica que dicha región está muy diversificada en sus actividades productivas como la minería, pesca, agricultura, comercio y manufactura.

 

En tal sentido, comenta que para mejorar la productividad de estas actividades en necesario que los candidatos presidenciales expongan la importancia de desarrollar obras de infraestructura que permitan bajar los costos logísticos y hagan de esta región más competitiva.

 

“En la actualidad nuestra región está a nivel nacional en el penúltimo lugar de vías asfaltadas. Por ello, sugerimos que se elabore un plan maestro que permita mejorar la conectividad vial entre los centros poblados con los lugares de producción y las zonas turísticas.

 

Esto mediante Obras por Impuesto (OxI), para que las empresas financien obras viales que estén dentro de su zona de influencia”, explica. Ojeda asevera que es “increíble” que, siendo Ica una de las zonas agroindustriales más potentes del país, no cuente con vías de comunicación asfaltadas, lo que encarece los costos logísticos.

 

Por último, el presidente de la Asociación Cámara de Comercio Regional Huancavelica, Mariano Aguilar Quispe, pide, tanto a Fuerza Popular como a Perú Libre, que se enfoquen en implementar una vacunación masiva contra la COVID-19, ya que, sin ellas, no se puede hablar de una reactivación económica, privada y pública.

 

“Necesitamos programas de apoyo financiero para todos los microempresarios de la región, ellos son los que mueven la economía de Huancavelica”, puntualiza.

 

Tras lo manifestado por los equipos técnicos de cada partido, ¿será posible implementar lo que señalan?

Comparativamente hablando, si se aplica lo que plantea Luis Carranza (Fuerza Popular), sí, pues más o menos en condiciones similares a la época en la que fue ministro, con él la economía creció cerca de 60%; mientras que si se busca un referente sobre cuánto habría crecido la economía con las ideas que defiende Juan Pari (Perú Libre), que básicamente es la tasa de crecimiento de la economía venezolana, esta decrece en 72,1%.

 

Así que esta es una batalla emocional. No de cifras, pues la diferencia es enorme. Una propuesta es destructiva, por más que sea emocionalmente atractiva, y la otra es generadora de un crecimiento nada más que robusto, pero no extraordinario.

 

¿Qué riesgos implican cada una de las propuestas?

El crecimiento económico peruano, si lo medimos en términos de largo plazo ya se acabó. Y si vemos cuánto creció la economía peruana en los últimos diez años, esta ha tenido un crecimiento negativo. Haciendo un histórico, el PBI llegó a crecer cerca del 70%. Sin embargo, el crecimiento destacado en el Perú, que se dio por el rebote de los 90 a la fecha, ya se acabó.

 

En el primer caso, no veo ninguna esperanza que con las ideas de Juan Pari haya recuperación, pero ninguna. Comparando el nivel de vida de un peruano con el de sus “sobrinos”, porque el PBI de Perú es más alto que el de Venezuela, Bolivia o Nicaragua, si dicen que quieren copiar esos modelos entonces eso sería una barbaridad.

 

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Mucho de lo que plantea Perú Libre pasaría por un cambio constitucional…

Las constituciones son muy importantes en materia económica, no solo su eje económico, sino toda la Constitución. Estas se asocian con mayor estabilidad, mayor inversión, mayor crecimiento y mayor reducción de pobreza. No son inocuas.

 

Además, las constituciones se van deteriorando, es decir, con los retrocesos del expresidente Ollanta Humala y compañía, los efectos positivos de la Constitución de 1993 se han reducido significativamente. Si se cambia la Constitución actual y la quieren convertir en la de 1979, se anticipa una fuerte caída en el nivel de vida de las personas.

 

No una pequeña ni marginal, sino una tremenda caída. Los peruanos estamos apostando, aún considerando el pésimo gobierno de Francisco Sagasti en materia económica. Si hacemos una comparación, el Perú tiene un PBI per cápita cercano a US$ 6.000; Bolivia, aproximadamente US$ 2.000; y Venezuela, US$ 2.000, que antes tenía cuatro veces más que el Perú.

 

Cuba está por encima de US$ 4.000 y Nicaragua está ligeramente arriba de US$ 1.000. Entonces, con el efecto de un cambio constitucional, basándonos en estos países, se puede aconsejar un enorme deterioro económico.

 

¿Lo que se propone Fuerza Popular sería suficiente para la reactivación?

Algunos manipuladores por ahí dicen que no hay que votar por los menos malos, pero están en la calle. Siempre lo mejor es lo menos malo. Y en este caso (Keiko Fujimori), lo menos malo es mucho mejor que lo otro. Algunos dicen que el modelo ha fracasado, pero el modelo ha sido abandonado hace más de una década.

 

En los últimos 10 años, el PBI per cápita de un peruano se ha reducido en más de 20% porque se ha deteriorado la libertad económica y política. Estos son predictores de crecimiento. ¿Por qué Chile crece menos? Porque ha abandonado su modelo económico.

 

La región es hoy en día, comparativamente hablando, una región de naciones perdedoras. Al Perú, por ejemplo, copiar el modelo boliviano le podría llevar en el corto plazo a reducir a la mitad el nivel de vida. ¿Se imagina la hambruna que generaría esto?

 

¿Cómo se afectarían las empresas peruanas?

El Perú tiene dos tipos de empresas. Las empresas mercantilistas se adaptarán como en Venezuela, pues los principales grupos económicos se han quedado y tienen rentabilidades obscenas. Quien paga las rentas es el pueblo. Los grandes inversionistas no pierden el tiempo en un país comunista.

 

En una economía de mercado, donde el Banco Central de Reserva es responsable e independiente, el nivel de vida de la gente depende de su nivel de ingresos, el nivel de ingresos depende de la tasa de la inversión privada, y si esta se hunde va a generar hambre.

 

¿Qué se esperaría en los mercados frente a estas elecciones?

Si gana Keiko Fujimori habrá un alivio. Si gana Pedro Castillo habrá muchísima desconfianza fundada. Noruega, Finlandia y Suiza tienen índices de libertad económica más altos que EE.UU., y mucho más altos que Latinoamérica. Algunos dicen que esto es un problema de ingresos, pero es un problema de instituciones.

 

Todos los países ricos tienen altos índices de libertad, todos los países pobres tienen bajos índices de libertad. Todos los países ricos que tienen altos índices de libertad económica y política son mucho menos corruptos que nosotros.

 

Por ello, un cambio de modelo en la dirección correcta sería una bendición para el peruano de a pie y un cambio de modelo en la dirección de Perú Libre sería un suicidio, habría más corrupción, más atraso y más pobreza

 

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales nos presenta dos candidatos: Keiko Fujimori por Fuerza Popular (FP) y Pedro Castillo por Perú Libre (PL), ambos con programas de gobierno diametralmente opuestos. Bajo la difícil coyuntura económica y crisis sanitaria severa, consideramos necesario presentar ambas propuestas en aspectos relevantes para el sector empresarial que nos den luces sobre las medidas que se aplicarían en nuestro país a partir de julio de 2021.

 

Régimen económico

 

Fuerza Popular (FP) plantea mantener el régimen económico vigente, establecido en la Constitución Política de Perú de 1993, es decir, una economía social de mercado donde la iniciativa privada es libre. A su vez, en este marco, el rol del Estado se circunscribe en áreas de promoción del empleo, salud, educación, servicios públicos e infraestructura.

 

Según FP, en su eventual gobierno, el Estado realizará subsidiariamente actividad empresarial, además de facilitar y vigilar la libre competencia, así como garantizar y otorgar seguridades contractuales.

 

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Por su parte, Perú Libre propone ejercer un régimen económico denominado “economía popular con mercado”, tomando como referencia las experiencias boliviana y ecuatoriana.

 

En este modelo, el Estado asume un rol diametralmente opuesto al establecido en la Constitución Política del Perú de 1993, pues se convierte en planificador, empresario, industrializador, nacionalizador, y redistribuidor de riqueza. Incluso, se considera a la Constitución del Perú de 1979 como conservadora y defensora de la oligarquía empresarial, en donde se reservaba al Estado una ventana para salvaguardar algunos intereses.

 

Inversión privada

 

La inversión privada ha significado alrededor del 20% del PBI en la última década y necesitamos alcanzar un mayor índice para lograr un crecimiento económico sostenido. Según el IEDEP, Perú dispone de una cuantiosa cartera de inversión de la cual forman parte los capitales privados a través de concesiones en los sectores minería, hidrocarburos, electricidad y transporte.

 

En este último sector existen 31 contratos que en los próximos años tienen compromisos de inversión por US$ 6.984 millones. Con respecto a la inversión, FP plantea inicialmente –en el corto plazo– un clima propicio a través de un plan de acción.

 

Asimismo, promoverá el mecanismo de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, especialmente en los sectores agua, saneamiento, turismo y energía limpia. Por su parte, PL considera a Proinversión como un organismo perverso. Además, hace mención a las inversiones en el sector transporte bajo la modalidad de concesión indicando que serán revisadas.

 

Inversión Pública

 

Desde el año 2007, el presupuesto de inversión pública se ha ido descentralizando hacia los gobiernos subnacionales. Sin embargo, los niveles de ejecución de estos últimos han sido bastante bajos, alrededor del 60% para los gobiernos locales y 64% para los gobiernos regionales.

 

En ese sentido, Fuerza Popular plantea que la inversión pública en infraestructura debe ser gestionada por unidades ejecutoras y programas especializados en cada uno de los sectores. En cambio, el partido Perú Libre aboga porque la inversión pública se concentre en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

 

Sistema Tributario

 

A marzo de 2021, la base tributaria asciende a 10,6 millones de contribuyentes, siendo el 0,15% los principales contribuyentes, en tanto dentro de los restantes destacan los trabajadores independientes con una participación del 79%. ¿Cómo mejorar la recaudación y a la vez ampliar esta base?

 

FP propone un sistema tributario pensado en el contribuyente, con tributos mínimos, transparentes, no arbitrarios y sencillos. Para ello, plantea orientar la gobernanza de Sunat hacia la formalización y no solo en la maximización de la recaudación.

 

Por su parte, PL elevaría el impuesto a la renta empresarial al 70% u 80% de las utilidades, además eliminaría exoneraciones y convenios de estabilidad tributaria. Incluso, alega a favor de la descentralización tributaria, es decir, que los gobiernos subnacionales podrán gravar y recaudar tributos.

 

Pensiones

 

El número de afiliados activos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a 7,8 millones de trabajadores y la cartera administrada por las AFP es de US$ 44.548 millones, un equivalente al 22,9% del PBI. Se trata de fondos privados que corren el riesgo de ser expropiados.

 

En paralelo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra los recursos de alrededor de 4,5 millones de afiliados activos en el SNP. FP propone una reforma del sistema previsional a través de mayores mecanismos que aseguren pensiones dignas, creación de instrumentos financieros para que el afiliado acceda a sus fondos sin perder el derecho a una jubilación, y contribución solidaria de los grandes ahorristas hacia aquellos con menos recursos.

 

Mientras que PL propone fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones y eliminar paulatinamente el Sistema Privado de Pensiones al que considera una forma de esclavitud moderna.

 

Formalización

 

FP apuesta por crear la Comisión Nacional para la Formalización (Conafor) que estará conformada por entidades de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil y gremios empresariales. Entre sus funciones estará elaborar un plan nacional para la formalización.

 

Por el lado de PL, se apunta a formalizar al empresariado peruano con la finalidad de que se desarrolle e inserte al Estado. Cita como ejemplo que las empresas en selva (madereras), sierra (textiles) y costa (pesqueras) deben ser aprovechadas para, con el potencial captado de las experiencias de sus actores directos, poder reemplazar paulatinamente al empresariado extranjero.

 

Remuneraciones

 

Desde abril de 2018 la remuneración mínima asciende a S/ 930. Al respecto, el partido de la candidata Keiko Fujimori no sienta posición sobre el tema. Por su parte, el partido que representa Pedro Castillo considera que urge una política clara sobre remuneraciones en consenso entre el gobierno, colegios profesionales y trabajadores.

 

Se considera que las ganancias de una empresa no son producto del trabajo individual, sino del trabajo colectivo. Hace referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien planteó que los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las remuneraciones de los obreros, de tal forma que pagará a su obrero menos calificado no menos de veinte veces su propio sueldo.

 

Déficit fiscal y deuda pública

 

En la historia económica peruana, los años de menor crecimiento económico están asociados a elevados déficits fiscales, tal como ocurrió durante la década de los 80. La estabilidad macroeconómica es un fundamento esencial para buscar un crecimiento sostenido.

 

FP devolvería al Banco Central de Reserva del Perú el papel de supervisor de las reglas fiscales. En tanto, PL propone un Estado sin deuda externa y superávit fiscal con base en los ingresos generados luego de obtener la soberanía de los recursos.

 

Programas sociales

 

En el periodo 2016-2021 los programas sociales adscritos al Midis (Juntos, Cuna Más, Qali Warma, Foncodes, Pensión 65, Contigo y País) han recibido, en promedio, un presupuesto superior a los S/ 4.000 millones. Para FP, los desembolsos en esta materia deben ser considerados inversión social.

 

En ese sentido propone ampliar la cobertura de Cuna Más, fortalecer el Vaso de Leche y Comedores Populares, garantizar que los beneficiarios de Qali Warma reciban alimentación en un contexto de educación a distancia, perfeccionar la cobertura de Pensión 65, continuar con los programas del Ministerio de Trabajo que buscan capacitar y promover empleos dignos, y fortalecer Foncodes, buscando la generación oportunidades económicas para hogares pobres.

 

Por el lado de PL, no se identifican propuestas puntuales.

 

Barreras burocráticas

 

Indecopi reporta que en 2020 fueron eliminadas más de 4.600 barreras burocráticas en 89 entidades públicas. ¿Qué plantean los candidatos al respecto? FP implementaría la interoperabilidad de los sistemas de diversas entidades públicas, evitando incluir cobros innecesarios y pérdida de tiempo cuando la información se encuentre en el propio Estado.

 

PL plantea que las actividades que son competencia de las regiones y provincias deben ser totalmente descentralizadas con la finalidad de eliminar trabas burocráticas.

 

Conclusiones y recomendaciones

 

Se identifican medidas opuestas debido a que ambos partidos toman como base modelos económicos distintos. Por un lado, FP, la economía social de mercado y, por el otro, PL, una economía popular con mercado. En el primero de estos regímenes, el sector privado tiene un rol protagónico pues, por ejemplo, participa invirtiendo en los sectores energía, minería, transporte y sectores diversos.

 

En cambio, en el segundo régimen el papel principal lo desempeña el Estado a través de empresas públicas. A estas alturas de las elecciones, es importante que ambos partidos expliquen cómo plasmarán sus propuestas, pues en ambos casos son bastante generales.

 

En el caso de FP es esencial conocer cómo promoverá la inversión privada, cómo logrará que las entidades públicas ejecuten sus presupuestos de inversión, cuáles son esos instrumentos alternativos que mejorarán el sistema previsional, cuál es su posición respecto a la remuneración mínima vital, y qué metas de déficit fiscal y deuda pública espera al culminar su gestión.