La educación superior en el Perú enfrenta múltiples desafíos. Según el ‘QS World University Rankings 2025’, publicado en junio de este año, las universidades peruanas están mal posicionadas en comparación con sus pares regionales en áreas claves como investigación académica, publicaciones, empleabilidad, reputación e infraestructura. Entre 1 500 universidades evaluadas a nivel global por Quacquarelli Symonds, la mejor a nivel de Sudamérica ocupa el puesto 71, mientras que la mejor peruana se encuentra en el lugar 359. En América del Sur, solo dos casas de estudio peruanas aparecen entre las 50 primeras, mientras que Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador tienen más universidades en este bloque.

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Para mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país y escalar mejores posiciones en este ranking mundial de universidades, Arturo Field, vicepresidente del Gremio de Educación de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), afirma que es crucial desarrollar carreras profesionales alineadas a las demandas sociales. Estas carreras deben estar enfocadas en mejorar la calidad de vida, fomentar la productividad y promover la innovación.

“La oferta universitaria debe estar alineada a carreras que realmente se demanden en cada zona de nuestro país; y que tengan pertinencia, calidad y una adecuada gestión académica. Además, el sector empresarial tendría que participar en cuanto a cuáles profesiones se deben crear y ver cuál es el destino laboral de los egresados porque de lo contrario van a dedicarse a un rubro o actividad distinta a la que estudiaron”, señala el representante de la CCL.

Participación del sector empresarial

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 71,8 % (5 400 000) de los peruanos con educación superior tienen empleo, mientras que el 5,5 % está desempleado. Además, el 22,3 % de la población en edad de trabajar no participa en el mercado laboral, lo que representa un total de 1 700 000 de personas.

Frente a estos resultados, Field critica que las universidades continúen graduando a miles de estudiantes sin tener en cuenta la capacidad del mercado para absorber a estos nuevos profesionales.

“Estamos fallando porque no hay una opinión especializada que se pueda tomar desde el sector empresarial. Hoy las universidades simplemente dictan los cursos que ellos creen convenientes y no están analizando con profundidad qué profesionales se necesitan producir en los diferentes campos y qué demanda el mercado de trabajo”, precisa.

Propuestas y soluciones

Desde el Gremio de Educación de la CCL, Arturo Field se opone a la aprobación del dictamen de la Comisión Permanente del Congreso de la República que otorga carácter permanente al licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a las universidades públicas y privadas.

El experto argumenta que, para garantizar una educación superior de calidad, el licenciamiento debe ser periódico. También aboga por las acreditaciones obligatorias y critica la creación de universidades e institutos pedagógicos sin el sustento técnico necesario.

“Sabemos que se quieren abrir más universidades en determinadas ciudades del país, tal vez con la mejor intención, pero a veces no hay el público, ni infraestructura, ni profesores, ni demanda laboral. Más bien, se deberían destinar los recursos para apoyar a los jóvenes con becas de financiamiento de sus estudios o fortalecer el programa Beca 18”, subraya el experto.

Seguimiento a los egresados

Por su parte, Ricardo Cuenca, exministro de Educación, destaca la importancia de realizar un seguimiento efectivo de los egresados universitarios para entender cómo se alinean con la oferta laboral.

“Todavía tenemos poca información procesada sobre ello, pero sería importante explorar dónde van los egresados universitarios”, añade.

Además, Cuenca subraya que la calidad académica es fundamental para el desarrollo del país.

“Esta calidad y su continuo fortalecimiento se garantizaba con la reforma universitaria que finalmente fue desaparecida”, sostiene.

Por otra parte, el exministro señala que aún está pendiente la creación de un Viceministerio de Educación Superior para evaluar la eficiencia de las instituciones educativas, pero, hasta ahora, no está reglamentado por el Ministerio de Educación.

En cuanto al impacto significativo en materia económica y social que tiene una educación superior de calidad, Cuenca precisa que esta aporta al desarrollo del país con una serie de factores como la generación de más y mejor conocimiento e innovación, más productividad y competitividad con base en la investigación.

“Un tema que se discute poco, pero que ahora es absolutamente importante y que tiene que ver con la función de la educación superior, es el fortalecimiento de la democracia. La formación ciudadana de las universidades también es vital, ya que, si miramos los números de 2023, solo el 25 % de los jóvenes entre 18 y 25 años están satisfechos con la democracia. Es importante indicar a los jóvenes que sin democracia el desarrollo económico va a ser más difícil de lograr”, refiere Cuenca.

Mayores inversiones

En tanto, Justo Zaragoza, director de Grupo Educación al Futuro, indica que, según un estudio de la Universidad del Pacífico, se requiere un crecimiento económico anual mínimo de 3 % para que los 300 000 jóvenes que egresan cada año de las universidades encuentren empleo.

“El crecimiento de la mano de obra o la demanda de mayor cantidad de profesionales está ligada a la inversión privada, lo cual hoy es muy baja. Entonces, esto hace que el mercado laboral no pueda absorber a los egresados de las instituciones educativas”, indica el experto.

Ante esta problemática, Zaragoza, indica que se necesita estabilidad jurídica para que las empresas puedan invertir en el Perú y contar con un polo de desarrollo industrial que contribuya a la formación de los profesionales.

“Las industrias siempre requieren de profesionales y técnicos de calidad. Sin embargo, el país tiene que traerlos de otros países, ya que los nuestros no están preparados”, comenta.

Frente a ese desafío, el representante de Grupo Educación al Futuro menciona que las universidades e institutos deben formar a más profesionales especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, animación 3D, manejo de Big Data, entre otros.

“Hoy se necesitan carreras mucho más profundas y especializadas, que es lo que requiere hoy el mercado laboral”, enfatiza.

Para alcanzar este objetivo, señala que la colaboración entre universidades y empresas es vital, ya que mejora las habilidades y la empleabilidad de los graduados, facilita la innovación en productos y procesos, y fomenta la creación de startups, mejorando la competitividad del país.

Para avanzar hacia una educación superior de calidad en el Perú, es fundamental abordar de manera integral los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades disponibles. La alineación de las carreras universitarias con las demandas del mercado laboral, el fortalecimiento de la colaboración entre el sector académico y empresarial, y la implementación de mecanismos de licenciamiento y acreditación periódicos son pasos esenciales. Es necesario también promover una mayor inversión en educación y una formación especializada en áreas claves para enfrentar los retos del futuro.

La mejora en la calidad educativa no solo potenciará la empleabilidad de los egresados y la competitividad del país, sino que también contribuirá al desarrollo económico y social general. Un enfoque estratégico y adaptado a las realidades del mercado, combinado con un seguimiento continuo y una inversión adecuada, permitirá que el Perú escale posiciones en los rankings internacionales y ofrezca a sus jóvenes oportunidades significativas para su crecimiento profesional y personal.

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Educación superior en el Perú: impacto en la formalidad y tipos de empleo

Rosendo Serna Román juró como nuevo ministro del Educación, en reemplazo de Carlos Gallardo, quien fue censurado por el Congreso de la República el pasado 21 de diciembre, tras ser cuestionado por la filtración de la Prueba Única Nacional (PUN) del Concurso de Nombramiento 2021.

Perfil del nuevo ministro 

Cabe señalar que el nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu) fue director regional de Educación en Huánuco desde el 2019 y docente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán desde abril de este año.

Asimismo, Serna Román ha sido especialista de Educación en el Minedu desde enero de 2014 hasta febrero de 2019 y estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación y Cultura de Huánuco del 2008 al 2014. En dicha región también fue contratado como especialista de Educación y docente desde 1986.

Es magíster en Educación y bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Además está afiliado a Juntos por el Perú desde setiembre del 2020.

Ante la probable ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos en un contexto de educación remota, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que ha diseñado una página web a la que toda la comunidad educativa podrá acceder de manera rápida y sencilla para la identificación de colegios en peligro o afectados.

La página web, diseñada por la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, cuenta con varios aplicativos.

Uno de ellos es el “Sistema de información para la gestión integral del riesgo de desastres” (Sigerd), que informa de peligros inminentes, emergencias y desastres que afecten al sector educación en tiempo real dentro y fuera de las instituciones educativas.

El “Aplicativo de sismos del sector educación” (Asimed) sirve para identificar y monitorear los colegios que se encuentren en un radio determinado del epicentro del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú. El radio es calculado mediante el análisis de la intensidad, profundidad y magnitud del evento.

El “Directorio informático del sector Educación” (Dised) proporciona números de contactos actualizados de directores de escuelas, unidades de gestión educativa local, direcciones o gerencias regionales de Educación con el fin de mantener una coordinación permanente y directa ante eventos adversos.

Asimismo, la “Sala situacional previa de instituciones educativas” (Sasprie) ofrece información sobre la situación actual de los colegios, proporcionada por el Censo Minedu, ESCALE y SIAGIE, y su ubicación geográfica.

El público también puede consultar el “Aplicativo de Identificación y descarga de Instituciones Educativas” (IDENTIE), que permite la identificación y descarga de colegios y escuelas estableciendo un radio en kilómetros o metros de una posible afectación de un evento adverso.

También se cuenta con el “Aplicativo para diseñar mapas de ubicación del Sector Educación” (ADIMAP), que tiene una interfaz amigable para ayudar a crear mapas, seleccionar un departamento, provincia o distrito sombreándolos de un color diferente y agregándolos a una leyenda. Además, permite agregar locales educativos como si fueran marcadores dentro del mapa.

Finalmente, para Lima, Callao e Ica, la web cuenta con el “Aplicativo de Monitoreo de Incendios Urbanos del Sector Educación” (AIMED), que identifica las instituciones educativas que se encuentren en un radio determinado de acuerdo al reporte de las emergencias registradas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El titular encargado de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, destacó que la reforma universitaria se ha caracterizado por luchar contra la ilegalidad y marcar una línea de base exigente y con Condiciones Básicas de Calidad. “Seis años de Reforma Universitaria han servido para construir un sistema universitario diferente, ordenado y sin ilegalidad, con más investigación y mejoras en docencia. Es nuestra labor y la seguiremos realizando”, indicó.

En el marco de conmemorar el sexto aniversario de la Ley Universitaria, promulgada un 9 de julio de 2014, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), resaltó que en materia de lucha contra la ilegalidad, 37 universidades e instituciones fueron sancionadas con más de 51 millones de soles, incluidas 13 universidades ilegales que fueron cerradas y sancionadas.

Asimismo, destacó que se aplicaron 18 sanciones a universidades por ofrecer 73 programas no autorizados y 14 sanciones a universidades con 52 establecimientos no autorizados. Estas acciones permitieron proteger de una oferta ilegal a más de 40 mil estudiantes.

En cuanto al ordenamiento del sistema universitario, mediante el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, la Sunedu resaltó que ya son 94 las universidades con licencia en el país (46 públicas, 46 privadas y 2 escuelas de posgrado), que albergan a más de un millón de estudiantes, que ya se forman con la certeza de estar invirtiendo tiempo y dinero en una formación que les permita superarse y mejorar sus oportunidades en el campo laboral.

Respecto a las 47 universidades con licencia denegada (46 privadas y 1 pública), la Sunedu señaló que la labor de licenciamiento no culmina con la denegatoria, sino que prosigue con una supervisión del cese progresivo de las universidades, a fin de que cumplan con sus obligaciones ante los estudiantes, como son la firma de convenios de traslado, facilidades de trámites administrativos y la no suspensión intempestiva del servicio, entre otros aspectos.

La Superintendencia precisó, además, que durante el proceso de licenciamiento 38 universidades privadas y 27 universidades públicas se desistieron de 3695 programas que no cumplían las exigencias de la actual Ley Universitaria, y 16 universidades se desistieron de 115 locales y 75 filiales, por la misma razón. De esta forma, el sistema universitario peruano al cierre del proceso de licenciamiento contará solo con oferta verificada y con capacidad para impulsar una mejora contínua en beneficio de todos los estudiantes.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima afirma que el capital humano agrupa las habilidades y capacidades que residen en la población para ser puestas en uso de forma productiva. Anteriormente se apostaba por el capital físico y financiero como lo más importante para la prosperidad de las naciones; sin embargo, hoy se ha incorporado el talento como el elemento que entrelaza la innovación, la competitividad y el crecimiento económico. El capital humano se construye en el largo plazo y para contar con una mayor dotación se necesita mejores condiciones de salud, educación y, en general, de mejores condiciones de vida en los niños y adolescentes.

Mejoras en educación y salud

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se estima que en el 2019 la población en la etapa niñez y adolescencia (entre cero y 17 años de edad) habría ascendido a 10’302.000 personas; es decir representa el 31,7% de la población peruana. Por ello, resulta importante conocer cómo ha evolucionado este segmento de la población en indicadores claves como salud y educación, a fin de tener un diagnóstico del futuro capital humano del país. La información disponible trimestral del INEI es preliminar para el 2019.

Se estima que el 54,3% de los hogares peruanos cuenta con la presencia de niños y adolescentes. Asimismo, el 75,6% vive en un hogar biparental (con presencia de padre y madre), siendo el área rural (82,9%) donde está más acentuado este tipo de hogar en comparación al área urbana (73,7%). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la enseñanza primaria universal es primordial, pues según los especialistas, son seis años de educación primaria, periodo en donde se logra una alfabetización funcional y se aprende a desarrollar operaciones aritméticas.

Con referencia a los datos del INEI, el Iedep ha realizado un análisis para el periodo 2012-2019 donde se recalca que la tasa neta de asistencia escolar al nivel inicial (población de tres a cinco años) ha mejorado de 74,4% en el 2012 a un estimado de 91,7% en el 2019, sin distinguir una marcada diferencia entre las áreas urbano (92,4%), rural (90,6%) y Lima Metropolitana (91,3%). La asistencia escolar al nivel primario (de 6 a 11 años) subió de 91,2% en el 2012 a 96,6%, en el 2019 superando el área rural (97,7%) a la urbana (96,9%), e inclusive frente a Lima Metropolitana (95,1%). La asistencia escolar al nivel secundario (de 12 a 16 años) también progresó de 80,3% en el 2012 a 85% en el 2019, siendo Lima Metropolitana el que posee la mejor asistencia (87,9% en 2019) en comparación al área urbana (86,8%) y rural (79,3%). Un freno a los mayores ratios de asistencia es los costos directos de la educación como matrícula, uniforme y útiles escolares que están fuera del alcance de la población de menores ingresos. Un análisis de la evaluación trimestral, de la tasa de asistencia escolar de 6 a 11 años, muestra que en el primer trimestre (abril a junio) es alto y luego esta va cayendo a lo largo del año escolar.

La intervención del Estado subsidiando la educación en este nivel es vital, pero no es suficiente. Otro aspecto es continuar en el proceso de una mayor educación de calidad. La valoración que tiene este grupo poblacional de los servicios educativos se mantiene estable entre los años 2012 y 2019. Además, continúa siendo una constante la diferencia entre la valoración buena y muy buena que da el área urbana a la infraestructura (87,7% en 2019) y equipamiento (85,3%) en comparación a lo que considera el área rural (82,9% y 79,4%, respectivamente), trasluciendo la brecha en el capital físico que percibe cada área. No obstante, esta brecha se acorta cuando se trata de valorar la enseñanza de maestros. Así, en el 2019, el 92,5% del área urbana lo valoró como bueno y muy bueno, en tanto que el área rural otorgó similar valoración (92,3%). Por su parte, en la dotación de materiales educativos (libros, láminas, maquetas) el 90% del área urbana lo valoró bueno y muy bueno frente al 91,9% del área rural.

En tanto, el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible es salud y bienestar, lo que implica garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. El Perú ha logrado importantes avances en gran parte a los adelantos en la ciencia médica, al crecimiento económico de años anteriores, mayor empleo y mejoras en el ingreso familiar, mayor acceso a servicios básicos, sistemas de salud que se focalizan en la prevención, en una mayor educación sobre todo de las madres y al objetivo de alcanzar una cobertura universal. En los últimos cinco años la tasa de fecundidad por mujer es de 1,7 hijos y en promedio por día se inscriben 1.541 nacimientos, según cifras del INEI. El esfuerzo para ofrecer salud a esta población es vital para un mayor capital humano.

Según información estimada al 2019, el 14,8% de la población en la etapa de niñez y adolescencia padece de algún problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, VIH, colesterol, etc.) que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son enfermedades de larga duración, y por lo general, de progresión lenta, además de las principales causas de mortalidad en el mundo. Este tipo de enfermedad crónica tiene mayor incidencia en Lima Metropolitana (23%) en comparación al área urbana (14,8%) y rural (6,4%). Además, dentro de los que buscaron atención para su malestar crónico el orden de prioridad fue Ministerio de Salud (Minsa), farmacia y atención particular (clínicas o consultorio médico). En tanto, el 85,8% está afiliado a algún seguro de salud distribuyéndose en 33,6% en EsSalud, 43,6% en el Seguro Integral de Salud (SIS) y el resto en otros seguros. Un dato importante es la ocupación que tiene la población analizada.

La participación de los adolescentes de área urbana entre 14 y 17 años en la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, aquellos que están empleados o buscan un empleo, ha disminuido de 36,7% en el 2008 a 23,4% en el 2019, lo que se puede interpretar como una migración hacia el estudio, es decir a una mayor formación. Cabe mencionar que se tiene estadísticas de aquellos adolescentes que solo estudian los cuales aumentaron de 54,7% en el 2008 a 64,3% en el 2019. Por su parte, la tasa de ocupación de aquellos que sí pertenecen a la PEA asciende a 73,6%. No obstante, se identifica 10,5% de la población objetivo que ni estudia ni trabaja.

La responsabilidad social de la que muchas veces hablamos en las empresas, pareciera en algunos casos entenderse que abarca básicamente a nuestros proveedores, clientes, la comunidad o la ciudad del entorno. Sin embargo, este un compromiso que debe comenzar por casa, considerando a nuestros trabajadores como uno de los principales objetivos de estas acciones.

Por ejemplo, este compromiso bien puede comenzar por apoyar a quienes trabajan con nosotros a culminar su educación. No olvidemos que en el Perú aproximadamente 3 millones 800 mil personas no cuentan con educación básica completa y a la vez cumplen el rol de jefe o jefa de familia.

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Es con este grupo de personas con el cual tenemos una enorme responsabilidad: ayudarlos a terminar su educación primaria o secundaria, a fin de que no solo sean más competitivos, sino también con el objetivo de dotarlos de una base para que pueden seguir capacitándose y así avanzar en su desarrollo profesional y el de sus familias.

El Ministerio de Educación (Minedu) tiene una propuesta valiosa: los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), los cuales están organizados en función a las necesidades de los estudiantes y que tienen una arista importante en los CEBA Empresas, un programa que permite a los trabajadores culminar sus estudios básicos mediante la formación semipresencial y a distancia.

Las empresas podemos suscribir una alianza estratégica con el Minedu para trabajar juntos y reducir el número de peruanos mayores de 15 años que no pudieron terminar la escuela por una u otra razón. De esta manera, contribuiríamos a seguir disminuyendo la tasa de analfabetismo en el país.

En el marco del CEBA Empresas, nuestros compromisos deben comprender habilitar aulas, brindar facilidades para que nuestros trabajadores asistan a sus clases, facilitar su transporte, entre otros.

Por su parte, el CEBA designaría a los docentes, ubicaría a los estudiantes en el grado que les corresponda, brindaría textos y materiales educativos y les otorgaría la certificación correspondiente cuando culminen sus estudios. En suma, sí es posible unir esfuerzos en bien de nuestros trabajadores, de aquellos que contribuyen con su dedicación y trabajo al crecimiento de nuestras empresas y de nuestro país. #TodosporelPerú