Rosa Bueno: La tormenta anunciada
Algunos nubarrones se ciernen sobre nuestra estabilidad macroeconómica. La reciente rebaja de estable a negativa en la perspectiva de la calificación soberana realizada por Fitch Ratings merece ser tomada como alerta de que una eventual tormenta se gesta en nuestro horizonte. Es cierto que la economía peruana mantiene aún la solidez de sus cuentas fiscales y externas, sin embargo, esto no ha evitado que las expectativas empresariales se mantengan en rangos negativos y no evitará una caída de la calificación crediticia, si el gobierno no toma medidas para evitarlo.
Que esto ocurra –o no– dependerá de si la incertidumbre política actual se extiende por más tiempo hasta afectar la performance macroeconómica del país, sea por un menor crecimiento, mayor caída de la inversión privada o afectación en los ingresos fiscales. De confirmarse esa tendencia, el efecto será un encarecimiento en el financiamiento externo, tanto para el gobierno como para el sector privado. El alza del costo del dinero tendrá el efecto de bola de nieve sobre los precios de nuestra economía.
Como sucede con las tormentas, la lluvia caerá de todos modos. Que la lluvia nos afecte, dependerá de si el Ministerio de Economía y Finanzas es capaz de desplegar un paraguas eficiente que nos permita capear el temporal. Para lograrlo requiere mejorar las condiciones internas, mediante el impulso de la inversión pública y privada.
El dinamismo de la inversión pública depende de que las nuevas administraciones regionales superen rápidamente la curva de aprendizaje y pongan manos a la obra para ejecutar los proyectos más estratégicos en sus regiones. La inversión pública en 2023 tendrá un presupuesto de 53 883 millones de soles, de los cuales 50,7 por ciento corresponden al gobierno nacional, 23,2 por ciento a gobiernos regionales y 26,1 por ciento a gobiernos locales. Estas cifras no significarán beneficio alguno para la población si la ejecución sigue siendo tan baja.
En el ranking de los gobiernos regionales que menos presupuesto han ejecutado, destaca el de Ancash; el nuevo gobernador deberá superar ese 28,5 por ciento de ejecución de los casi 900 millones de soles asignados.
Increíblemente esto sucede en una región en que la pobreza regresó a niveles no vistos los últimos once años; eso significa que más de 145 000 habitantes ancashinos pasaron a vivir nuevamente en condiciones de pobreza. Pero la baja ejecución no es un problema focalizado: está generalizado. Así, el gobierno regional de Junín figura como el más “eficiente”, con una ejecución actual de solo el 55 por ciento de su presupuesto, de poco más de 740 millones de soles.
El segundo caso es bastante más complejo, pues la inversión privada atraviesa un shock de desconfianza, imposible de revertir si la crisis de integridad continúa. Basta una mirada a las expectativas empresariales. El diario Gestión recordó que, aunque se recuperan en varios indicadores, todavía se mantienen en un tramo pesimista, según la encuesta realizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El medio recalcó que la perspectiva sobre el comportamiento de la economía, tanto a tres como a doce meses, se mantiene en la “zona roja” del pesimismo.
Incentivar que los inversionistas privados sigan apostando por el Perú es imperativo. Para ello se necesita voluntad política, por parte del Ejecutivo que deberá salir a explicar las graves denuncias de corrupción que recaen en el presidente y su entorno cercano. Asimismo, deberá mejorar la designación de funcionarios, escogiendo a los más capaces y probos. Por su parte, el Congreso de la República deberá ejercer su función de fiscalización y demostrar que al balance de poderes es la base de la democracia. En resumen, Ejecutivo y Congreso deben demostrar que estamos en un país viable.
Es momento de guarecernos de la tormenta que se avecina, para lograrlo necesitamos trabajar todos juntos.