“Se debe aplicar políticas específicas para combatir la informalidad”

Carlos Casas, investigador y profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, examinó las raíces de la informalidad en el Perú y destacó la necesidad de combatirla mediante políticas específicas.

El economista participó en el panel “La informalidad desde una perspectiva multisectorial”, desarrollado en el foroInformalidad vs. Competitividad: El Camino hacia el Progreso Sostenible”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Origen de la informalidad

Casas explicó que la informalidad en el Perú comenzó en la década de 1950, cuando la migración del campo a la ciudad provocó una presión en los centros urbanos, incapaces de absorber el aumento en la oferta laboral. Este fenómeno dio origen a cinturones de pobreza en zonas marginales que, con el tiempo, prosperaron y consolidaron el sector informal compuesto por trabajadores independientes, vendedores ambulantes y otras actividades similares.

Los costos de la formalidad y la hipótesis de Hernando de Soto

El catedrático destacó la hipótesis de Hernando de Soto sobre los costos de transacción, quien señaló que estos dificultan que las empresas ingresen al ámbito formal debido a los altos costos laborales, la regulación excesiva y las dificultades para acceder a los servicios estatales. Casas subrayó que las empresas necesitan altos niveles de productividad para generar excedentes que les permitan asumir estos costos.

Asimismo, consideró que las regulaciones excesivas, especialmente la carga tributaria, desincentivan el pago de impuestos y promueven la informalidad.

Un problema complejo y multifacético

Casas describió la informalidad como un «monstruo de varias cabezas«, que abarca desde vendedores ambulantes y trabajadores independientes hasta empresas formales que emplean trabajadores informales. Además, mencionó que actividades ilícitas a menudo son incluidas en las mediciones de la informalidad, lo que complica aún más el panorama.

Para el economista, es crucial identificar las distintas «cabezas» de este problema y diseñar políticas públicas adaptadas a cada caso.

Lecciones del pasado y estrategias futuras

Casas recordó lo sucedido en Lima en 2008, cuando el empleo formal superó al informal, que llevó a una ralentización en la expansión de la informalidad. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se revirtió.

Finalmente, enfatizó la necesidad de evaluar diferentes estrategias para combatir la informalidad como identificar su naturaleza heterogénea y la importancia de aplicar soluciones específicas y focalizadas. “Tenemos que seguir intentando a prueba y error para determinar qué funciona”, concluyó.

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Carlos Casas: «No hay necesidad de ampliar o crear más programas sociales»

¿Qué opina de la ampliación gradual de la cobertura de los programas sociales existentes y la creación de otros nuevos, anunciadas por el premier Guido Bellido?

En primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la demanda de los programas sociales, la situación de vulnerabilidad de las personas y establecer cuántos son los beneficiarios.

 

Hay que tener cuidado porque la ampliación de algunos programas de emergencia puede terminar convirtiéndose en un incentivo perverso para que las personas no se integren al mercado laboral porque se acostumbran a vivir de los bonos del Estado.

 

Deben ser solo medidas temporales que ayuden en el corto plazo a personas que han perdido el empleo o que están buscando empleo, pero no ampliarlos de manera general y permanente.

 

Entonces, ¿no deberían crearse nuevos programas?

El asunto es cuál sería el costo final de la creación de nuevos programas. Hay que atender algunos grupos, pero con los programas ya existentes y mejorando la focalización.

 

Lo importante es que el dinero llegue a quién realmente lo necesita, sino hay un buen padrón se puede terminar dando acceso a los programas sociales a personas que no requieren esa ayuda. No veo la necesidad de ampliar o crear más programas sociales, con los que tenemos basta y lo que se debe hacer es focalizarlos.

 

Después de la pandemia probablemente hay personas que necesitan este tipo de apoyo. Lo que se debe hacer es aumentar la productividad en el campo, dotar de obras de infraestructura y esto es más importante que tener programas sociales, son necesarios sí para personas vulnerables pero no para generalizar o hacer mal uso de los recursos.

 

¿Cuánto le demandaría al Estado estos programas sociales?, ¿se tiene la caja suficiente como para sostenerlo en el tiempo?

El Bono Yanapay tiene un costo de S/ 4.550 millones por una una sola vez, si se da todos los meses implicaría S/ 60.000 millones, que sería como una tercera parte del Presupuesto General de la República y esto no sería manejable.

 

Si este tipo de bono se mantiene permanentemente sería insostenible, por eso solo debe ser por una sola vez, y lo que se debe hacer es reactivar la economía. Si la actividad económica no se reactiva, no se pagan impuestos, y si no se pagan impuestos no hay cómo financiar mayores gastos y si los gastos aumentan habrá un incremento del déficit fiscal.

 

Entonces, ¿estos programas podrían afectar el equilibrio fiscal?

Si es generalizado y si se convierte en permanente tendría un efecto fuerte, por eso debe ser por una sola vez, hay personas que lo necesitan, pero lo más importante es que necesitamos reactivar la economía y generar empleo para absorber la mano de obra desocupada.

 

¿Qué efecto tendría para la economía el asistencialismo del Estado? 

El asistencialismo generalizado causa dos problemas: una mayor presión fiscal y un desincentivo de las personas a integrarse al mercado laboral, y eso hace que se pierda conocimiento y habilidades que se podrían aplicar en la economía. Si se cayera en un populismo se generaría un efecto perverso.

 

Con los programas sociales se incrementaría la demanda, pero por otro lado, la economía tendría un déficit mayor. Creo que no hay espacio para hacer este tipo de cosas. La administración del MEF está comprometida con la estabilidad fiscal.

 

El Ejecutivo ya presentó el Presupuesto General de la República, ¿qué análisis podría hacer al respecto?

El Presupuesto General presenta S/ 14.000 millones más, o un crecimiento de 9%. Hay gastos mayores por la pandemia y cosas que no se pueden dejar de atender, pero la estructura es la de siempre; educación, salud, etc. Hay un pequeño aumento del gasto porque se está tomando las provisiones del caso ante la pandemia.

 

El presupuesto no trae ninguna sorpresa. La maquinaria del Estado sigue funcionando, no se puede parar de forma abrupta. El MEF ha sido responsable en presentar este presupuesto.

 

El único cambio es que hay un mayor monto destinado al pago de los servicios de deuda. Hay un aumento en soles del pago de la deuda por el alza del tipo de cambio. El crecimiento más significativo puede ser en este pago.

 

¿Cómo califica el crecimiento económico proyectado por el MEF de 4,8% para el próximo año?

El estimado de crecimiento económico es un poco optimista. Si el enfrentamiento político y la incertidumbre continúan, la actividad económica y la recaudación se verían afectadas. Hemos visto que hasta el primer semestre la economía venía creciendo fuertemente, al igual que la recaudación incluso quitando el efecto de la minería.

 

Pero debemos observar cómo vienen los siguientes meses ya que las cifras indican que la actividad económica se ha ralentizado, lo que afectará la recaudación.

 

Los efectos de la incertidumbre, los temores y la falta de confianza comenzarán a reflejarse en estos meses. Esto llevará a bajar el ritmo de crecimiento.

 

 

 

 




El objetivo debe ser recuperar la confianza

El principal objetivo del Gobierno de transición del presidente de la República, Francisco Sagasti, y de su sucesor, que se elegirá el 2021, es recuperar la confianza, no solo a nivel político, sino también económico, según la visión de diferentes exministros y viceministros de Economía.

 

El exviceministro de Economía, Carlos Casas, señala que para salir de la crisis económica se debe recuperar la confianza de los inversionistas y dar buenas señales, estas deben estar relacionadas a grandes proyectos de inversión y a obras de infraestructura.

 

“A pesar del endeudamiento que tenemos, deberían implementarse proyectos de inversión,  porque eso genera buena una señal para la economía”, subraya.

 

Indica que es importante facilitar la actividad productiva y para ello es necesario hacer un análisis de la calidad regulatoria, para hacerla más eficiente y no generar problemas de sobrerregulación. «La inversión tiene que recuperarse básicamente dando facilidades a los sectores. Yo haría una campaña, por ejemplo, de los proyectos mineros, porque si bien sólo aportan el 10% al Producto Bruto Interno (PBI), es un buen punto de referencia para el resto”, destaca.

 

Proyectos de inversión

 

Casas también refiere que es importante continuar con los proyectos de inversión de las Asociaciones Público Privadas que están en ProInversión, que son bastante importantes y responden al Plan Nacional de Infraestructura.

 

“Mantener el barco a flote es la tarea de este gobierno, tratar de evitar los arrebatos populistas del Congreso y reactivar la inversión pública. Cobrar impuestos también daría buena señal porque hay gente formal de cuello y corbata que no los paga”, sentencia Carlos Casas.

 

En esa misma línea, el exministro de Economía, Carlos Oliva, sostiene que se tiene que hacer todo lo posible por establecer la confianza y minimizar la incertidumbre que es sumamente dañina para la economía.

 

“En la medida que se vea una política económica coherente, haya confianza entre nuestros altos funcionarios del Estado y una buena relación entre el Congreso y Ejecutivo será muy beneficioso tanto para el consumo, como para la inversión”, remarca.

 

Oliva indica que es bueno que haya señales de confianza ante la incertidumbre política que se vivió y, por otro lado, dice que es necesaria también la concreción de algunas políticas económicas que ya se están implementando como el impulso a la inversión pública. Así, para lograr todo lo anterior a corto plazo, es decir, este gobierno y probablemente al inicio del próximo, es trascendental recuperarse del duro golpe de la pandemia, ello no solo implica implementar políticas económicas adecuadas, sino controlar el tema sanitario.

 

La agenda urgente

 

Por su parte, el exministro de Economía, Alonso Segura, afirma que parte de la agenda urgente que le toca a este gobierno y al siguiente, que si bien encontrará al país “algo encaminado”, es tratar de generar más confianza en la economía y política.

 

“Generar confianza en todos aquellos que conducen actividades económicas desde los hogares hasta las empresas y los inversionistas. Creo que eso se ha dado con el nombramiento del presidente Francisco Sagasti que es una persona preparada, que no genera controversias y que en su mensaje fue claro de dar confianza. Eso por un lado, y ,por el otro, transmitió optimismo, siendo también realista”, refiere.

 

No obstante, Segura advierte que la administración de Sagasti es un gobierno de transición que no va poder hacerlo todo, pero si se espera que “encauce el barco” en la dirección correcta y sin mucho sobresalto. Asimismo, menciona que es necesario cuidar el gasto público siendo prudente,  como lo dijo el presidente Sagasti, a pesar de que, lamentablemente, no era políticamente correcto y que no se estaba tomando en consideración.

 

Alonso Segura indica que ello no significa que se meta “un ajustón fiscal” que retarde la recuperación o empeore la situación. De otro lado, el exministro de Economía, David Tuesta, explica que en este momento todavía se vive en una situación de pandemia con una posibilidad de rebrote de los contagios. Por ello, señala que el escenario es incierto tanto para las empresas como para las familias.

 

“Lo primero que debemos hacer hoy es ver los grandes riesgos que nos pueden retrasar los objetivos de largo plazo si no contenemos la pandemia”, precisa.

 

Otro punto importante para el economista David Tuesta es tratar de contener las iniciativas del Congreso que trastocan las medidas del gobierno con propuestas populistas, como los topes de tasas de interés; las reposiciones a los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que se hizo para el sector salud y que se puede replicar en otros; y la búsqueda de aprobación por insistencia de la Ley de Devolución de Aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que harían daño a la sostenibilidad fiscal.

 

“La recuperación del empleo es un tema también importante que, si bien será muy difícil recobrarlo en esta incertidumbre, al menos habrá que intentar que no se destruyan más puestos de trabajo”, asevera. Para ello, indica que se deben valorar los programas de subsidio que tuvo el Ministerio de Trabajo para intentar apoyar financieramente la contratación del empleo.

 

Otra propuesta de Tuesta es suspender los pagos que las empresas hacen por la compensación de tiempo de servicio (CTS). “Podría aliviar a algunas compañías que se prorrogue el pago de la CTS, tal vez por un año o año y medio”, subraya.

 

Proyecciones para el 2021

 

¿Qué es lo que nos espera el próximo año? Según Carlos Casas el comportamiento de la economía en el 2021 se vislumbra con una rendición a la baja.

 

“Obviamente va ver un rebote y se espera que esté entre el 9% y 10% según proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, pero la incertidumbre política es un jugador importante y con todo este proceso electoral hay mucha más expectativa”, detalla.

 

No obstante, para Carlos Oliva si es posible que la economía peruana llegue a un crecimiento del 10% el próximo año, si no hay ningún choque externo. “Si tomamos en cuenta este supuesto es bastante posible que la economía crezca como se está proyectando, es decir, que se recupere entre un 80% u 85% de lo de que caería este año”, asegura.

 

Además, sostiene que debería ser un año de recuperación sujeto a tener que controlar la pandemia para que se tenga un rebote significativo en el Perú.

 

En esa misma línea, Alonso Segura también anota que el 2021 será un año de recuperación, pero la pregunta, según el exministro, es si se cuenta con la suficiente fortaleza para lograrlo y cuán homogénea o heterogénea pueda ser esta.

 

“Felizmente, hoy parece que la crisis política se ha superado. Sin embargo, tenemos elecciones generales y yo creo que esto ocasiona un poco de incertidumbre y problemas en términos de ejecución del presupuesto público por el cambio de autoridades. Ello también dependerá de cuáles serán las alternativas que lideren esta elección en términos de los planes del gobierno”, apunta.

 

Por su parte, el economista David Tuesta explica que el próximo año habrá un rebote de la economía peruana, pero será estadístico. “La gran preocupación es qué pasará después de julio del 2021. En los siguientes dos o tres años se tendrá una expansión sostenible sin rebote”, señala.

 

“Hemos tenido un par de días de optimismo y consideramos que las cosas pueden cambiar con la toma de cargo de Francisco Sagasti, pero los congresistas siguen siendo los mismos y ya empiezan a mencionar y activar los proyectos que se habían dormido anteriormente”, refiere el exministro.

 

¿Es necesario bajar el IGV?

 

Diversos analistas opinan que sería necesario que el gobierno baje el Impuesto General a las Ventas (IGV) el próximo año, para ayudar a reactivar la economía y el consumo de los peruanos debido a la crisis generada por la COVID -19.

 

Los exministros consultados sobre este tema afirman que esta propuesta es insostenible porque generaría una menor recaudación fiscal, desalentando la recuperación económica que tanto se busca.

 

“No sería conveniente. Eso ya lo hizo Pedro Pablo Kuczynsk cuando inició su gobierno y no sirvió de nada. Hay que recordar que en el Perú la mayor parte de gente trabaja en el mercado informal que llega al 80%”, subraya Carlos Casas y añade que si se baja este impuesto se afectaría a las cuentas fiscales y generaría un problema que después todos pagarían porque tendrían que volver a subir los impuestos.

 

En tanto, Carlos Oliva en esa misma dirección, menciona también que no está de acuerdo con esta propuesta porque se necesita fortalecer los ingresos públicos. Agrega que el déficit fiscal llegará al 10% a fin de año y a 6% para el próximo.

 

“Tenemos que hacer los esfuerzos por recuperar los ingresos y bajar el IGV debilitará las arcas fiscales. Este impuesto se tendrá que bajar en el momento que se formalice más la economía y no se tengan los niveles de hoy en evasión tributaria”, detalla.

 

Para Segura la situación de las finanzas públicas va a estar vulnerable por mucho tiempo y parte de ello, según el economista, es por la fuerte caída de los ingresos tributarios. “No se puede sacrificar este tipo de ingreso solo por la reactivación. La solución debe venir de otra manera”, puntualiza.

 

Finalmente, David Tuesta sostiene que para pensar en una rebaja del IGV primero se debe ver con mucho cuidado las cuentas fiscales y cuánto es el efecto neto puesto que hoy el problema es que estamos en altos niveles de endeudamiento.