Sueldo mínimo vital debe revisarse bajo conceptos técnicos

El tradicional Mensaje a la Nación del 28 de julio último, brindado por la presidenta Dina Boluarte, estuvo marcado por los temas vinculados a seguridad y, en particular, la seguridad ciudadana. Asimismo, llamaron la atención las referencias a aspectos laborales, como el Consejo Nacional del Trabajo y el sueldo mínimo vital.

A continuación, revisamos los anuncios con carácter normativo más resaltantes del mencionado mensaje.

Delegación de facultades

La presidenta presentó el Proyecto de Ley N.º 5632/2023-PE solicitando delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por 120 días, para legislar a través de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres (consecuencias negativas del fenómeno de El Niño Global), infraestructura social y calidad de proyectos, y en el  fortalecimiento de la gestión pública para un mejor servicio.

Boluarte manifestó que el Gobierno tiene como objetivo emitir 50 normas, de las cuales 33 estarían enfocadas a la lucha contra la delincuencia, 6 para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y una sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones. Entre estos proyectos, destacamos los siguientes:

-Lucha contra extorsión, estafa, fraude y otros delitos: Ello se efectuará a través del intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el Poder Judicial, los Ministerios Público y del Interior, y la Policía Nacional.

-Central Única de Emergencias: Propone la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.

-Celulares robados: La presidenta Boluarte anunció que se buscaría la modificación del Código Penal respecto a sus alcances en los delitos de robo y hurto, y la penalización del uso de celulares robados o ilegales.

-Expulsión de extranjeros que delinquen: A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros, la presidenta anunció que se planteará la incorporación de la figura de expulsión del país en el Código Penal, en casos de flagrancia. Asimismo, se busca la expulsión a los extranjeros condenados a una pena suspendida o condicional.

-Tránsito irregular de personas: Busca la modificación del artículo 303-A del Código Penal, a fin de sancionar a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el propósito de obtener, directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera.

-Extranjeros que no pueden ser identificados: Se busca incluir una modificación al Código Procesal Penal a efectos de contar con una normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad.

-Licencias y prohibiciones en el uso de armas de fuego: Se anunció una propuesta de modificación del Decreto Legislativo 30299, Ley de Armas de Fuego y Municiones, para fortalecer el control y evitar su desvío hacia el mercado ilegal.

-Control migratorio: Se señaló que, a fin de fortalecer el control migratorio, se establecería un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios.

-Ciberseguridad y uso de tecnología: Con la finalidad de establecer un marco regulatorio que permita la adecuación de la regulación vigente al convenio contra la ciberdelincuencia, y a convenciones internacionales relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes contra los riesgos del mundo digital.

Facultades de los gobiernos regionales: Modificación del Decreto Legislativo N.º 29010, a efectos de incluir en las facultades de los gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales, operativo básico especializado, de investigación criminal, de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial.

-Violencia contra las mujeres: Se plantea modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de que las requisitorias cursadas a la Policía no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores. Esta propuesta modificará también el Decreto Legislativo N.º 1428, que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad.

Proyectos de ley

Adicionalmente, la presidenta Boluarte presentó los siguientes proyectos de ley como iniciativas legislativas para que sean puestos en agenda por el Congreso:

-Proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana (PL 5633/2023-PE): Busca incorporar rápidamente a jóvenes a las actividades policiales para cerrar la brecha de falta de personal.

-Proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario (PL 5634/2023-PE): Busca incorporar la figura del cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función penitenciaria.

-Proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público (PL 5635/2023-PE): Propone la implementación del modelo de integridad en las entidades del sector público para prevenir los actos de corrupción.

-Proyecto de ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable (PL 5636/2023-PE): La propuesta consiste en regular las intervenciones del Estado para el acceso universal al agua potable, en cuanto a infraestructura y equipamiento, mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales, incluyendo la operación y mantenimiento. Se trata de intervenciones de carácter temporal hasta que se dé la prestación regular de servicios de saneamiento.

-Proyecto de resolución legislativa que modifica el artículo 77 del Reglamento del Congreso, a fin de garantizar el estudio y dictamen en el trámite de las autógrafas de ley observadas por el Poder Ejecutivo (PRL 5639/2023-PE): La mandataria señaló como fundamento de esta norma la necesidad de mejorar la calidad de las leyes expedidas por el Congreso de la República. Mencionó que, de 243 leyes recientemente expedidas, 129 han sido promulgadas, 57 son declarativas y varias de ellas afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto.

Anuncios en materia laboral

Sobre este tema, la presidenta Boluarte manifestó textualmente lo siguiente: “Comprometidos con el diálogo social y las relaciones laborales armoniosas, luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro Gobierno ha logrado que las centrales sindicales y los gremios empresariales retomen el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT), un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales en nuestro país. Mi Gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital (SMV), que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”.

Al respecto, consideramos necesario hacer algunas precisiones. En principio, es cierto que el CNT ha retomado sus reuniones, pero para ver una agenda integral, que incluya temas prioritarios, tanto para empleadores como trabajadores. En ese sentido, se acordó poner en agenda la revisión de las normas sobre tercerización y negociaciones colectivas de trabajo, así como la revisión del SMV. No obstante, en ningún caso única ni exclusivamente este último tema, que, por lo demás, como es pertinente recordar, requiere previamente de la fijación de los parámetros y factores que deben ser considerados para efectos de su modificación.

Sobre el tema, la CCL considera que, para la fijación del SMV, deben manejarse, principalmente, conceptos como la inflación y la productividad de las empresas, así como niveles de oferta y demanda laboral, tasas de desempleo e informalidad. También es necesario poner en debate técnico la pertinencia o no de remuneraciones mínimas diferenciadas, según la actividad y las regiones donde operan los centros de trabajo, con lo cual se reduce el efecto negativo de su aplicación universal en todo el territorio nacional y se privilegia la realidad de cada zona. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la repercusión que tiene el SMV en otros conceptos de orden laboral, como los aportes a EsSalud, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones, que implican una mayor carga para el empleador, por lo que no deben soslayarse al momento de fijar una nueva remuneración mínima.

En conclusión, estimamos que, antes de esperar el anuncio de un nuevo SMV, debemos esperar que, en el interior del CNT, se realice la determinación de los criterios técnicos necesarios para la fijación de dicho concepto, a fin de evitar, de este modo, el sesgo político que ha predominado en su establecimiento en los últimos años.