Seguridad alimentaria en el Perú: Retos críticos y estrategias urgentes

La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el Perú en el 2025. Factores como el cambio climático, la pobreza monetaria, la inflación y la debilidad de las políticas públicas están afectando de manera directa el acceso equitativo a una alimentación saludable y sostenible. Frente a este escenario, el país necesita adoptar medidas urgentes y coordinadas para garantizar el derecho básico a la alimentación.

Diagnóstico del problema

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la seguridad alimentaria implica garantizar el acceso permanente de toda la población a alimentos adecuados en cantidad, calidad, oportunidad y aceptabilidad cultural, promoviendo sistemas alimentarios sostenibles. Sin embargo, la situación actual dista de este objetivo.

De acuerdo con Andrés Dulanto Tello, decano de la carrera de Economía y Finanzas de la Universidad Científica del Sur, uno de los principales indicadores que reflejan el avance o retroceso de este problema es el Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (IVIA), elaborado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Este índice evalúa, a nivel distrital, factores como la disponibilidad, el acceso, el consumo de alimentos y la situación de los grupos más vulnerables.

“Cuando se habla de seguridad alimentaria, se debe evaluar variables como el aumento de la pobreza monetaria y la inflación, los cuales son claves para entender la afectación de los ingresos de los ciudadanos y su posible impacto en la canasta básica, así como en la economía familiar”, explica Dulanto.

La seguridad alimentaria implica garantizar el acceso permanente de toda la población a alimentos adecuados en cantidad, calidad.

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Impacto social y sectores más afectados

Por su parte, Jessica Huamán, vocera de la Plataforma de Seguridad Alimentaria del Perú, señala que el aumento de la pobreza monetaria, la inflación de alimentos, el cambio climático y la crisis político-económica agravan el hambre y la escasez de alimentos en el país.

Añade que esto se agrava por la falta de recursos suficientes para mantener una dieta saludable, lo que obliga a las personas a reducir la calidad o cantidad de sus alimentos. Cabe señalar que la inseguridad alimentaria grave implica que las personas han pasado uno o más días sin comer debido a la falta de alimentos.

“Entre el 2022 y el 2023, los costos de los alimentos se incrementaron cerca del 20 %, impactando principalmente a las familias de ingresos más bajos.  Este aumento ha provocado una disminución en la ingesta de productos con alto contenido de proteínas, tales como carne, leche y huevos, especialmente en las áreas socioeconómicas C, D y E”, agrega Dulanto.

Rol del estado y la sociedad civil

A su vez, Karla Gaviño, especialista en políticas públicas, manifiesta que desde la sociedad civil existen instituciones que pueden hacer incidencia tanto en el diagnóstico del problema, como en acciones concretas para llevar alimentos saludables a los más necesitados, como las Ollas Comunes, por ejemplo. No obstante, advierte que es importante aprovechar espacios de mejora entre las acciones de los tres niveles de gobierno, las agrupaciones de la sociedad civil, y la cooperación internacional.

“La inseguridad alimentaria es un reto importante para el país, por sus consecuencias en múltiples aspectos, como la desnutrición infantil, la salud de la población, el desempeño laboral individual, así como al capital humano, entre otros”, precisa.

Estrategias y soluciones

Benoit Mougenot, director de la carrera de Economía en la Universidad San Ignacio de Loyola, advierte que más del 50 % de los hogares peruanos enfrenta inseguridad alimentaria, siendo el Perú uno de los países más afectados de la región. El impacto es particularmente severo en la niñez, con consecuencias directas sobre el crecimiento físico y cognitivo.

“La crisis alimentaria en el Perú se traduce en menores niveles de productividad laboral, mayores costos de salud y una mayor dificultad para salir de la pobreza”, enfatiza Mougenot.

Para promover una mejor integración entre productores locales y mercados, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos, Mougenot indica que se pueden implementar estrategias a diferentes niveles, como la creación de plataformas digitales que conecten a productores con compradores y así mejorar la eficiencia del mercado.

Estas plataformas, explica, pueden incluir aplicaciones móviles para pedidos y pagos, así como sistemas de seguimiento de inventarios, lo que facilita la negociación de mejores precios y condiciones de venta. Además, resalta que se deben ofrecer programas de capacitación en técnicas agrícolas modernas, gestión empresarial y marketing, para empoderar a los productores locales y mejorar la calidad y cantidad de sus productos.

Para estabilizar los precios de alimentos básicos, el director de la carrera de Economía de la USIL plantea invertir en reservas estratégicas, mejorar el transporte, usar instrumentos financieros para gestionar riesgos y ofrecer seguros climáticos para proteger a los agricultores. “Mejorar caminos, riego, electrificación y conectividad digital en zonas agrícolas, facilita la conexión entre oferta y demanda, impulsando la productividad”, manifiesta.

Como puede verse, la seguridad alimentaria en el Perú exige una respuesta estructural, multisectorial y urgente. El impacto de esta crisis afecta no solo a los hogares más vulnerables, sino al desarrollo general del país. Implementar políticas sostenibles, mejorar la infraestructura y fortalecer el rol de los actores locales serán claves para revertir esta situación antes de que se agudice aún más.

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