Samuel Rotta: «Una reforma pendiente es el sistema de contrataciones del Estado»

Proética ha puesto en marcha su canal de orientación legal gratuito para que los ciudadanos y ciudadanas denuncien actos de corrupción. ¿Cuáles vienen siendo las principales denuncias por parte de los peruanos?

La respuesta que hemos recibido ha sido baja. Creemos que los datos que registramos regularmente en nuestra encuesta nacional, es decir que la gente afectada por actos de corrupción prefiere no denunciar, podría estarse trasladando a este mecanismo, el cual solo busca dar orientación y acompañamiento. Seguiremos insistiendo con una campaña de difusión más intensa. Cabe precisar que nuestra página de orientación se puede encontrar en: https://www.proetica.org.pe/orientacion-legal-anticorrupcion-durante-la-pandemia-del-covid-19/.

Pese al estado de emergencia sanitaria, los actos de corrupción siguen ocurriendo. ¿Qué solución o remedio se puede aplicar para evitar estas situaciones?

Si bien se ha tomado medidas importantes, como agrupar la información sobre los recursos públicos en un solo sitio web oficial o crear una línea de gasto dentro del presupuesto que se puede monitorear de forma independiente, así como también se logró el involucramiento de la Contraloría en la modalidad de control simultáneo, los últimos datos que maneja la Fiscalía son muy preocupantes (653 casos de presunta corrupción al 1 de junio). Creemos que una política más agresiva de transparencia de los contratos y los contratistas podría ayudar a fortalecer la estrategia disuasiva.

No hay que olvidar que la emergencia se ha extendido tres meses más, incluyendo el mecanismo de contratación directa. Al final de toda la emergencia, será necesario hacer un seguimiento detenido a todos los casos detectados para reducir los márgenes de impunidad.

¿Cuáles serían los temas en la agenda pública para la segunda mitad del año?

La pandemia ha venido a cambiar los planes de todos y no somos una excepción. Creemos que en los próximos meses la reactivación dependerá en buena parte de la inversión pública, por lo que es necesario asegurar condiciones de transparencia, control y rendición de cuentas óptimas.

Una reforma pendiente es el sistema de contrataciones del Estado. En estas casi dos décadas se ha privilegiado una aproximación controlista que no ha funcionado. El control debe ser inteligente para poder detectar riesgos y desactivarlos con agilidad; pero además la inversión debe estar envuelta en la máxima transparencia posible.

Asimismo, es hora de discutir medidas como publicar qué individuos, qué personas naturales son las que gozan, en última instancia, de los negocios de una empresa que le vende al Estado; o que el Estado no le venda ni otorgue concesiones a empresas basadas en paraísos fiscales. Son discusiones que se está teniendo en economías más desarrolladas y que no vemos por qué no habríamos de impulsar en nuestro país.

El presidente Vizcarra ha sido enfático en pedir que este Congreso siga trabajando en la reforma política. ¿Qué temas se han quedado pendientes y que requieren la atención del Poder Legislativo antes de las próximas elecciones?

Hay un aspecto clave que está pendiente: fortalecer el sistema de control interno de los partidos para prevenir la corrupción. La propuesta enviada por el Gobierno del presidente Vizcarra al Congreso el año pasado consideraba que la responsabilidad de las personas jurídicas, con todos los elementos que esta conlleva, siendo la adopción de un sistema de prevención el más importante, se extendiese al delito de financiamiento ilícito de campañas políticas.

De esta forma, las compañías también estarían obligadas a ser más cuidadosas al momento de apoyar a candidatos de su preferencia sin la debida transparencia. El aspecto del financiamiento es clave, pues si se realiza bajo una lógica de apoyar indebidamente a cambio de favores, se entra a un ciclo perverso que termina afectando los recursos públicos o torciendo las decisiones sobre leyes y regulaciones para favorecer al aportante, sea un individuo o un grupo.

¿Cuál es la postura de Proética sobre la propuesta del Ejecutivo para lograr el deshacinamiento de penales? ¿Considera que hay temas que podrían mejorar?

Nos parece fundamental proteger la salud y la vida. Creo, y esta es una posición personal, que ha habido demora de todos los actores con capacidad de decisión para adoptar medidas en este campo tan delicado. Ahora que ya se ha emitido el decreto legislativo que regula el deshacinamiento de penales, y considerando que aquellas personas que enfrentan investigaciones por corrupción, crimen organizado o lavado de activos no podrán gozar del cambio de detención preventiva por comparecencia restringida, es necesario que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponga de todas las medidas necesarias para asegurarles condiciones de salubridad dignas. De hecho, ese debería ser el estándar, pero ya sabemos que arrastramos precariedades desde hace mucho tiempo. En el caso de aquellas personas investigadas que recuperaron su libertad antes de estas normas, debe asegurarse un estricto monitoreo para evitar su fuga.