Rosa Bueno: Congreso, una nueva oportunidad

El Congreso de la República inicia un nuevo ciclo con la instalación de la Mesa Directiva liderada por Lady Camones. La congresista tiene la labor de dirigir una institución que requiere mejorar su aceptación y cumplir con la responsabilidad de ejercer el control político del Ejecutivo de una manera eficiente y responsable. Más aún, cuando hoy la conformación del gabinete es un misterio.

La nueva directiva del Congreso enfrenta una grave crisis de credibilidad. La opinión pública desconfía de los congresistas, pues muchos han sido salpicados por acusaciones de corrupción. No aporta a mejorar su imagen la producción legislativa. Muchas leyes trascendentales duermen en comisiones o en el mismo pleno, mientras, por otro lado, se apresura la aprobación de normas populistas. El control político brilla por su ausencia.

En materia laboral tienen la oportunidad de corregir algunos errores del Ejecutivo. El 22 de agosto entra en vigencia el Decreto Supremo que ha impulsado el Poder Ejecutivo para restringir, hasta casi exterminar, la tercerización entre empresas. Esta norma ha merecido la crítica de los especialistas y, por supuesto, de las empresas, sobre todo las más pequeñas. Ha sido declarada como una barrera burocrática por el Indecopi, por carecer de un análisis regulatorio adecuado. También ha sido suspendida en su aplicación por varias medidas cautelares judiciales.

En el Parlamento existe un proyecto de ley que busca corregir este despropósito, sin embargo, este proyecto se encuentra en un cuarto intermedio, esperando ser visto por el Pleno del Congreso. Derogar esta norma es un deber imperativo del Congreso para no condenar al cierre a pequeñas empresas y generar así mayor desempleo.

Otra norma laboral que el Parlamento debe corregir es el Decreto Supremo que ha modificado el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que, al igual que la ilegal reglamentación sobre la tercerización, se publicó sin haber sido debatido en el Consejo Nacional del Trabajo, ignorando el necesario diálogo social que requieren este tipo de normas para tener legitimidad.

La referida norma cambia las reglas referidas a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, afectando el equilibrio y el funcionamiento democrático de las relaciones colectivas de trabajo que dispone nuestra Constitución, con un ánimo de masificar la creación de sindicatos y facilitar el uso de la huelga como instrumento de presión, sin un adecuado balance para no paralizar la actividad económica, justamente en momentos en los que más se necesita impulsar la reactivación económica y las inversiones.

Además, preocupa que los empleadores deban entregar las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito negocial, correspondiente a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la solicitud de información, dado que dicha información no solo es privada, pudiendo, en todo caso, ser entregada a voluntad del propio trabajador. Como verán, existen efectos negativos para los trabajadores, los que no han sido adecuadamente comunicados.

Finalmente, frente a los últimos hechos (delaciones) que involucran directamente al presidente Pedro Castillo en actos de corrupción, el reto que enfrenta el Congreso es grande. Tienen la responsabilidad de ejercer el control político. La ciudadanía y el Perú así lo exigen. ¡Manos a la obra!