Rosa Bueno: Adelanto ¿Con o sin reformas?

La propuesta del Ejecutivo que busca el adelanto de elecciones, luego de haber sido encarpetada, será nuevamente discutida en el Congreso de la República. Cabe recordar que las otras propuestas presentadas en el mismo sentido no prosperaron. La Presidenta sostiene reuniones con los partidos políticos en busca de apoyo a su propuesta y, nuevamente los especialistas y opinólogos cuentan votos para determinar si existen los necesarios para aprobar el adelanto electoral.

La actuación de los congresistas mantiene al país en compás de espera, pese a que la población exige adelanto de elecciones. Una reciente encuesta de IPSOS a nivel nacional, presentada por América Televisión confirma que el 70% de la población pide que las elecciones se realicen durante el año 2023 (este pedido ya es imposible a la fecha), 22 % piensan que deben realizarse en el 2024. Mas del 90% de los encuestados quiere el adelanto y solo un 7% piensa que lo mejor es esperar hasta el año 2026. Un escaso 1% no precisa.

Desde la Cámara de Comercio de Lima pensamos que debemos llegar a la fecha de elecciones, sea cual sea ésta, con algunas reformas mínimas aprobadas. Por ello, en diciembre del año pasado presentamos una propuesta para fortalecer la democracia priorizando cinco reformas urgentes. Sin embargo, considerando la errática actuación del congreso nos conformamos con que aprueben las reformas que buscan devolver la integridad y desterrar la corrupción en la política. Entre ellas, a) que los presidentes puedan ser acusados durante su mandato por corrupción, atentar contra los derechos humanos, narcotráfico y otros graves delitos o faltas y b) que no puedan postular a importantes cargos públicos, personas que tengan denuncias y/o sentencias por delitos como corrupción o terrorismo.

En línea con nuestra primera propuesta la Comisión de Constitución acordó modificar el artículo 117, para incluir los delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico y corrupción como causales para acusar a un presidente en funciones. Asimismo, aprobaron una disposición que permite que en una eventual investigación fiscal se incluya a los mandatarios en la etapa de diligencias preliminares, así como la formalización de la acusación y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, evitan las interpretaciones de lo que implica la acusación constitucional y de este modo, acaban con la impunidad presidencial.

En la investigación que realizó la CCL para proponer este cambio normativo se llegó a la conclusión de que su aprobación disminuiría la incertidumbre en situaciones como las vividas recientemente. Dado que en ausencia de un procedimiento que permita juzgar al presidente por graves inconductas, incluso cuando estas configuren indicios de comisión de delitos, se ha recurrido a la institución de la vacancia por permanente incapacidad moral. Si bien es una causal de vacancia prevista en las sucesivas constituciones desde el siglo XIX, no ha estado exenta de controversias y no hay unanimidad respecto a si esta causal incluye la comisión de los delitos señalados.

Esperamos que alguna de las iniciativas que da vueltas en el Congreso y recoge nuestra segunda propuesta, candidatos sin investigaciones ni sentencias, sea también aprobada. Pues se basa en la lucha contra la corrupción y exigir altos estándares de integridad a quienes aspiran a cargos públicos. Estos principios son inherentes al ejercicio de la función pública, y existen para evitar que se socave la democracia. Ciertamente es una limitación al ejercicio de los derechos políticos; sin embargo, la modificación se justifica en la legitima defensa del sistema democrático.

Los ciudadanos hemos observado que los filtros que deben aplicar los partidos políticos al momento de reclutar a sus afiliados y candidatos no funcionan. Las leyes impiden postular a candidatos que tengan sentencias condenatorias en primera instancia por delitos dolosos, pero no es suficiente para alejar a los candidatos no idóneos. Una investigación del diario El Comercio reportó que 1403 candidatos que postularon a cargos en las elecciones regionales y municipales registraban antecedentes penales.

Si el Congreso finalmente aprueba las propuestas anticorrupción señaladas, estaría dando las señales adecuadas para pensar que los peruanos podemos aspirar a tener mejores representantes y ojalá animar a personas íntegras a entrar en política, con la consecuente mejora en el debate y aplicación de las políticas públicas necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.